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BOLETIN Nº 12 - ABRIL 2009
Comisión para uruguayos en el exterior
COORDINADORA NACIONAL POR LA NULIDAD DE LA LEY DE CADUCIDAD
El pasado viernes 24 de abril de 2009 la Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad, entregó 36 cajas conteniendo 340.043 papeletas firmadas al Pte. (Interino) de la Asamblea Gral. Senador José Mujica.
Esta cifra nos hace ser optimistas, ya que supera con creces las firmas necesarias para llegar al plebiscito de octubre.Cientos de personas acompañaron la marcha y el ómnibus con las cajas conteniendo las firmas, desde la Federación Ancap, en la calle Agraciada, hasta el Palacio Legislativo. Y también estaban todos los uruguayos del exterior que durante estos tiempos han apoyado esta lucha contra la impunidad.
De hecho, entre los carteles de todos los departamento del Uruguay, estaba el del departamento 20, simplemente un acto de justicia
Histórico. El gobierno de Vázquez dio la razón a Guianze en el caso de Sabalsagaray
Poder Ejecutivo: la Ley de Impunidad es inconstitucional
A las 10 de la mañana de ayer, el Poder Ejecutivo respondió a la Suprema Corte de Justicia que acepta el planteo de inconstitucionalidad de la Ley de Impunidad, en el caso del asesinato de Nibya Sabalsagaray planteado por la fiscal Mirtha Guianze.
Respuesta. Facsímil de la respuesta del Ejecutivo entrega ayer a la Suprema Corte.
La respuesta del gobierno de Tabaré Vázquez al planteo de la Suprema Corte de Justicia, constituye, un pronunciamiento histórico, ya que, por primera vez, el Estado uruguayo, en 23 años de vigencia de la Ley de Impunidad, la considera inconstitucional.
En un documento de poco más de una carilla, el Poder Ejecutivo al amparo de lo previsto en el art. 33 del Código General del Proceso, aceptó el planteo de excepción de inconstitucionalidad realizado por el Ministerio Público y Fiscal ante la Suprema Corte de Justicia, con respecto a los artículos 1, 3 y 4 de la Ley de 15.848, de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado.
El escrito está firmado por el secretario de la Presidencia, Miguel Angel Toma.
El documento tiene dos puntos; en el primero el Poder Ejecutivo se constituye como parte en el proceso, solventando el planteo de la Suprema Corte sobre ausencia de parte demanda en el proceso. En el segundo se dice textualmente: "Se tenga presente el allanamiento del Poder Ejecutivo a la excepción interpuesta". El concepto "allanamiento" implica, desde el punto de vista de la parte demandada, otorgar la razón a la parte demandante, aceptando por lo tanto la inconstitucionalidad de la Ley de Impunidad. Fuentes del Poder Ejecutivo, consultadas por LA REPUBLICA, destacaron que "hasta ahora el Gobierno había aplicado la ley de Caducidad, como lo había decidido el Programa de Gobierno del FA, pero con una interpretación sustancialmente distinta a los gobiernos anteriores. El gobierno excluyó de la aplicación de la Ley y habilitó la investigación judicial en todos los casos en que fue requerida por la Justicia. Ahora, cuando hay un recurso de inconstitucionalidad, la respuesta del Gobierno es: sí, es inconstitucional. Ahora la decisión la tiene la Corte".
El pronunciamiento del Poder Ejecutivo tiene una importancia clave desde el punto de vista político e histórico. En el plano estrictamente jurídico la que tiene que tomar la decisión es la Suprema Corte de Justicia.
Resta además conocer el pronunciamiento del Poder Legislativo, la otra "parte" a la que se le trasladó el planteo de inconstitucionalidad.
La declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad afectaría al caso concreto, pero podría derivar en nuevas acciones para permitir el inicio de procesos contra los militares hoy amparados por la normativa. La investigación del caso Sabalsagaray sólo habilitó el proceso contra civiles.
Antecedentes
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) puso en conocimiento del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo la acción de inconstitucionalidad contra la ley 15.848 promovida por la fiscal Mirtha Guianze, en el marco del proceso por la muerte de la militante de la UJC, Nibia Sabalsagaray en 1974.
La Corte resolvió "poner en conocimiento de los otros dos poderes del Estado que existía un accionamiento contra la Ley de Caducidad", porque el recurso de la fiscal "no decía contra quien se accionaba". Los procesos de inconstitucionalidad son "procesos contradictorios, por lo cual, implican dos partes por lo menos, y al no haberse señalado por la fiscal una contraparte, la SCJ optó por darle un traslado" al Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. "Son los que pueden tener intención de defender la ley", explicó entonces el presidente de la Corte, Jorge Larrieux.
La histórica respuesta
LA REPUBLICA reproduce textualmente la respuesta del Poder Ejecutivo a la Suprema Corte de Justicia.
"Suma: Evacua traslado excepción de inconstitucionalidad.
A la Suprema Corte de Justicia
El secretario de la Presidencia de la República Dr. Miguel A. Toma, Cédula de Identidad 3.810.117-7 matrícula 3990, constituyendo domicilio en Luis Alberto de Herrera 3350, Piso 7 Edificio Libertad en nombre y representación del Estado Poder Ejecutivo, según testimonio del poder general para pleitos que se agrega, en autos caratulados "Sabalsagaray Curutchet, Blanca StelaDenuncia Excepción de Inconstitucionalidad, Art. 1, 3 y 4 de la Ley Nº 15.848 Ficha 97-397/2004," a la Suprema Corte de Justicia Dice:
Que evacuando el traslado conferido por auto Nº 78 de 6 de febrero de 2009, conforme a lo dispuesto en el Artículo 516.1 del Código General del Proceso viene en la representación invocada a allanarse a la pretensión de declaración de inconstitucionalidad por vía de excepción planteada por el Ministerio Público y Fiscal, con respecto a los Artículos 1, 3 y 4 de la ley 15.848 de 22 de diciembre de 1986.
Por lo expuesto a la Suprema Corte solicita:
1. Se le tenga por presentado, por acreditada la representación invocada, por constituido el domicilio y por evacuado el traslado.
2. Se tenga presente el allanamiento del Poder Ejecutivo a la excepción interpuesta.
Primer otro si dice: Se autoriza a las Dras. Ana María Segovia, Raquel Fata, Mariana Errazquin, Ana Bogacz, Claudia Zúñiga, Andrea Canabal, Verónica Biderman, Andrea Larrama y al abogado Carlos Pastorino a los efectos de lo dispuesto en los artículos 85, 96, 106 y 107 del CGP.
Segundo otro si dice: Se tenga presente que la presente comparecencia se encuentra exonerada del pago de tributos.
Tercer otro si dice: Se tenga presente que el firmante no repone timbre de actuación profesional por actuar en su condición de funcionario de la compareciente.
Dr. Miguel A. Toma
Secretario de la Presidencia de la República".
Definen contenido y alcance. El Poder Ejecutivo recibirá mañana a una delegación del Frente Amplio
Fondo de U$S 15: para reparación
De 15 millones de dólares dispone el Poder Ejecutivo para repartir entre uruguayos que estarán comprendidos en la futura ley de "reparación integral". Mañana se definirá su contenido en el edificio Libertad. En esa ley, el Estado se hará responsable de los crímenes durante la pasada dictadura.
DDHH. Reclamo justo será retribuido.
El proyecto de reparación integral que prepara el gobierno y por el cual, y entre otras cosas, el Estado reconocerá en negro sobre blanco su responsabilidad por los crímenes ocurridos durante la pasada dictadura militar entra ya en la etapa final.
Este lunes 16 de febrero, en las primeras horas de la tarde, una delegación de legisladores del Frente Amplio se reunirá con representantes del Poder Ejecutivo en el Edificio Libertad para darle los puntillazos finales a la redacción de la iniciativa que, de no ocurrir nuevos contratiempos, se estaría votando en el Parlamento en el próximo mes de marzo. Los diputados Daniela Payssé (Asamblea Uruguay), José Luis Blasina (Partido Socialista) y Diego Cánepa (Nuevo Espacio), más los senadores Margarita Percovich (Vertiente Artiguista) y Lucía Topolansky (MPP) serán recibidos por el secretario de la presidencia, Miguel Angel Toma, y por jerarcas de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y del Ministerio de Economía y Finanzas. Al tener gastos por parte del Estado, el proyecto ingresará al Poder Legislativo con la iniciativa del Poder Ejecutivo. Son 15 millones de dólares en total que el proyecto contendrá en su redacción para ser destinado en forma equitativa como resarcimiento económico hacia aquellos uruguayos que de una u otra manera se vieron afectados por la represión durante los años de la dictadura militar. Allí estarán comprendidas todas aquellas personas que ya no han usufructuado de alguno de los beneficios que las 5 leyes aprobadas desde el retorno a la democracia hasta hoy les han concedido.
Las leyes que se han promulgado recogen en su espíritu legal el reconocimiento de perjuicios económicos como consecuencia de la dictadura a un grupo definido de uruguayos y en contrapartida se les concedió subvenciones, las restituciones en sus antiguos cargos públicos o la contabilización de los años en que estuvieron detenidos para los efectos jubilatorios. Uno de los parlamentarios que conforma el grupo que este lunes concurrirá a la instancia de ajuste del articulado de la ley, José Luis Blasina, dijo a este diario que "cuando el proyecto llegue al Parlamento lo hará con el previo conocimiento de todos los sectores del Frente Amplio (por lo que) se estima que el mismo será sancionado con rapidez".
Blasina destacó este hecho y lo comparó con otras iniciativas provenientes del Poder Ejecutivo que no tenían por parte de los sectores del FA el conocimiento con antelación de su contenido, generando por ello un enlentecimiento en el tratamiento legislativo de la ley.
PARA VICTORIA JULIEN, HIJA DE DESAPARECIDOS, AÚN hay represion
DD.HH.: Victoria Juliencriticó postura de Astori
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Victoria Julien, hija de los uruguayos desaparecidos Roger Julien y Victoria Grisonas, llegó a Uruguay en enero para apoyar la campaña por la anulación de la ley de Caducidad. Criticó la postura de Astori de no firmar y sostuvo que hay jerarcas que hablan de ella y de su hermano sin saber quiénes son.
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A 32 años de haber sido abandonada, al año y medio de edad, junto a su hermano Anatole de 4 en una plaza de Valparaíso (Chile), la hija de los uruguayos desaparecidos Roger Julien y Victoria Grisonas llegó este verano a Uruguay para sumarse a la campaña de recolección de firmas para derogar la ley de Caducidad.
En diálogo con Ultimas Noticias, Victoria Julien expresó que en algunos casos el tema "Derechos Humanos" queda supeditado a la campaña electoral. "El que te dice: 'Estoy a favor de los Derechos Humanos' pero no se compromete en el actuar, para mí es un hipócrita", sentenció la hija de los militantes del Partido Por la Victoria del Pueblo (PVP) y agregó que "si de verdad estás a favor, vas a firmar; sino ¿para qué abrís la boca?".
Respecto a recientes declaraciones del precandidato del Frente Amplio Danilo Astori, quien el 22 de enero manifestó al semanario Búsqueda que votará por la anulación de la ley si prospera el plebiscito, Julien comentó que le parece "re contradictorio". "Si decís que apoyás algo, lo apoyás y hacés un gesto. Me parece sumamente inconsecuente que alguien te diga que apoya algo y, sin embargo, no hace lo principal que hay que hacer para que resulte", expresó esta joven, a quien a los 9 años su familia adoptiva le contó que tenía otros padres y que estuvo recluida junto a su hermano en centros de tortura, incluso a cuidado de María Claudia García de Gelman, cuando ésta estaba embarazada de Macarena.
Para Julien, la respuesta que el gobierno uruguayo ha dado al tema "desaparecidos" es "valiosísima" porque "por primera vez se está tomando en serio el tema de la reparación (...) el Estado se tiene que hacer cargo de gente que confió en él. Es el comienzo para sanar una sociedad", afirmó. Sobre el Día del Nunca más, sostuvo que "todo lo que signifique reactivar la memoria y la conciencia es positivo para esta causa. Lo que no sirve es quedarse sentado de brazos cruzados".
Sin embargo, la hija del matrimonio uruguayo que residía en Argentina cuando fue secuestrado en setiembre de 1976 subrayó que la única funcionaria del gobierno que la contactó fue Belela Herrera, pero "ningún político, ministro, senador, diputado o embajador". Victoria Julien entiende que algunas jerarquías, tanto acá como en el Chile que la vio crecer, "hablan de Derechos Humanos, pero no tienen ni idea de quiénes somos. Del dicho al hecho, hay mucho trecho".
El 18 de abril de 2008, el abogado Pablo Chargoñia, que patrocina a Victoria Julien, presentó una demanda penal ante el juez de 19° Turno, Luis Charles, para que investigue el destino del matrimonio Julien-Grisonas. Durante el pasado año el caso no tuvo novedades y se espera que haya algún avance este año, tras la reanudación de la actividad judicial, otro motivo para la visita de la hija del matrimonio a Uruguay.
La joven, que se recibió de psicóloga y es consciente de que posiblemente nunca sepa "toda la verdad", identifica como los responsables de la desaparición de sus padres a los ex militares Ricardo Gavazzo y Manuel Cordero, entre otros, y los ve como "gente a la que se programó para disociarse de lo que es el trato humano". "Imagino que deben sentir aunque sea un cosquilleo o una pesadilla (...) ese es el precio que deben estar pagando", comentó Julien.
Por otro lado, Victoria Julien entiende que "los sistemas represivos de cada país siguen funcionado", incluso en Uruguay, "porque la gente no habla. ¿Qué miedo tendrían de hablar ahora? Sé de gente acá que tiene los teléfonos intervenidos y se las amenaza".
Manejo irresponsable
Según explicó Julien, bajo la administración de Jorge Batlle desde la Comisión para la Paz se le informó a su hermano Anatole Julien que se habían hallado restos óseos humanos que, en un 80% de probabilidad, podían corresponder a su padre. "Mi hermano se caminó todo 18 de Julio llorando. Fue un manejo irresponsable de la información", criticó Victoria.
En la madrugada del 26 de setiembre de 1976, tropas apoyadas por un tanque de guerra rodearon una vivienda de la calle Mitre, en el barrio San Martín, donde vivía la familia Julien. Entraron por los fondos abriendo fuego y Roger Julien alcanzó a proteger a sus hijos en la bañera. El cuerpo de Roger nunca apareció. Victoria Grisonas fue trasladada junto con sus hijos a Automotores Orletti, donde los comandos uruguayos la torturaron y la castigaron salvajemente.
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Faltan 45 mil firmas por la anulación de la Ley de Caducidad
12.02.2009 15:03
La campaña por la anulación de la Ley de Caducidad alcanzó las 204.500 firmas, cuando faltan unos dos meses para que venza el plazo para presentar 250 mil ante la Corte Electoral. "Tenemos que seguir esforzándonos pero vamos a llegar", afirmó a Montevideo Portal la dirigente Lourdes Acosta.
El "PIT-CNT ya tiene un plan que se va a empezar a implementar entre fines de febrero y marzo para fortalecer la presencia de mesas en todo el país (…) tenemos que seguir esforzándonos pero vamos a llegar", señaló a Montevideo Portal la integrante de la Coordinadora por la Anulación de la Ley de Caducidad, Lourdes Acosta.
"Va a ser imprescindible hacer un esfuerzo para estar en los medios publicitarios e incrementar la velocidad de la recolección", agregó.
Acosta dijo que si bien se tenía confianza en que se iba a superar las 250 mil firmas necesarias, la coordinadora se planteaba superar con creces la cifra, previendo la cantidad de firmas que puedan ser descartadas por la Corte Electoral por no cumplir con las formalidades requeridas.
Este fin de semana se realizará una jornada de "recolección y retorno" dado que si bien faltan mesas de recolección también existe el problema de que muchas personas se llevan papeletas para recolectar firmas y demoran en devolverlas.
En la noche del miércoles se inauguró
Portal Montevideo Comm. Martes 20 de enero de 2009.
Carlos Santiago
Reparación "integral" a víctimas y una resolución de las Naciones Unidas
A casi treinta años de recuperada la democracia, muchas víctimas de lo ocurrido durante el período negro del terrorismo de Estado, siguen sufriendo los sinsabores de no haberles sido reconocidos sus derechos. Otros que, de alguna manera han podido mitigar en algo su situación en algunos casos de desamparo absoluto por haber sido contemplados por alguna de las leyes de reparación parciales, advierten que el Estado uruguayo ha sido omiso en su acción de restañar todas las heridas del pasado.
Se han creando mecanismo farragosos que en algunos casos dejan fuera de los beneficios – de manera increíble – a víctimas que sumaron a su condición de presos políticos la de exiliados, debiendo – lo que es de una total obviedad – realizar tareas asalariadas en otras regiones del mundo.
Si estas personas – como existen casos concretos – obtuvieron una jubilación en el país en que residieron durante su exilio, no les corresponde la compensación establecida por la Ley 17. 449 que, además dejó fuera de su alcance a los exiliados, perseguidos, clandestinos, etc. Como si estas categorías de víctimas no requirieran la reparación que si se estableció para los ex presos políticos. Las iniquidades de la ley en vigencia llegan al extremo de hacer compatible la compensación que cobran los ex presos con sus tareas remuneradas en cualquier actividad pública o privada (lo que es correcto), pero la qué se extingue cuando la víctima de la dictadura se jubila.
El legislador, o quién reglamentó la ley, con estos artículos, no solo determinó que la aplicación de la norma se convirtiera en un ámbito de enorme injusticia sino que, además, sirviera objetivamente para que los trabajadores traten, por las razones del artillero, a toda costa por seguir en actividad, mucho más allá del mínimo que establece la Ley, por el simple hecho que pasar a la pasividad es perder la compensación. Ahora se está analizando otro proyecto de Ley, llamado de reparación “integral”, sobre el que hemos informado en esta columna, que, es de esperar, restañe muchos de los errores establecidos en la Ley anterior, dándole amparo a los exiliados, perseguidos y clandestinos, haciendo compatible la compensación con la jubilación, cualquiera sea esta, que se reciba, terminando con el inexplicable absurdo de la incompatibilidad.
Cuando este proyecto, que estaría en manos de una comisión interministerial, tomó proyección pública, pero sin conocerse por razones obvias su articulado ni sus alcances, el diputado Daniel García Pintos reclamó, a su vez, que esta Ley alcanzara también a víctimas y familiares de los policiales y militares, caídos en los enfrentamientos con los grupos guerrilleros en los años de plomo. Al parecer existe un acuerdo de palabra del presidente
Tabaré Vázquez, por el cual se abarcaría también a estas personas. Hasta el momento no existe otra información al respecto.
Sin embargo lo que está circulando públicamente es un documento fundamental, aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas, sobre Principios y Directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos a interponer recursos y obtener reparaciones, con vigencia desde el mes de diciembre del 2005.
Activistas de los DDHH en Uruguay se agravian porque los que tienen en sus manos el estudio del referido proyecto en general, se han negado, a estudiar este texto que es fundamental para concretar las justas reparaciones a las víctimas y que, por otra parte – tal como se ha informado - es el tenido en cuenta internacionalmente en países en donde se han producido procesos de violación.
La Asamblea General el 16 de diciembre de 2005, basada en la Carta de las Naciones Unidas, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, los Pactos Internacionales de Derechos Humanos y otros instrumentos pertinentes, aprobó una serie de normas que se trasladaron a los países miembros con el fin, manifiesto, de que “los Estados deben establecer en su derecho interno mecanismos eficaces para la ejecución de sentencias que obliguen a reparar daños.
Con ese fin, los Estados- dice la resolución- deben establecer el derecho interno estableciéndose mecanismos eficaces para la ejecución que obliguen a reparar los daños” Y sigue: “ Conforme al derecho interno y al derecho internacional, y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso, se debería dar a las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, una reparación plena y efectiva, según se indica en los artículos 19 a 23, en las formas siguientes: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición”
“La restitución, siempre que sea posible, ha de devolver a la víctima a la situación anterior a la violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o la violación grave del derecho internacional humanitario. La restitución comprende, según corresponda, el restablecimiento de la libertad, el disfrute de los derechos humanos, la identidad, la vida familiar y la ciudadanía, el regreso a su lugar de residencia, la reintegración en su empleo y la devolución de sus bienes” “La indemnización ha de concederse, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, por todos los perjuicios económicamente evaluables que sean consecuencia de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o de violaciones graves del derecho internacional humanitario, tales como los siguientes: a ) El daño físico o mental; b) La pérdida de oportunidades, en particular las de empleo, educación y prestaciones sociales; c ) Los daños materiales y la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante; d ) Los perjuicios morales; e ) Los gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicamentos y servicios médicos y servicios psicológicos y sociales” “La rehabilitación ha de incluir la atención médica y psicológica, así como servicios jurídicos y sociales”
Otros elementos que establece la resolución de Naciones Unidas es la necesidad de búsqueda de las personas desaparecidas, de las identidades de los niños secuestrados y de los cadáveres de las personas asesinadas, y la ayuda para recuperarlos, identificarlos y volver a inhumarlos según el deseo explícito o presunto de la víctima o las prácticas culturales de su familia y comunidad. Reclama también que cada gobierno realice una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima y de las personas estrechamente vinculadas a ella;
Una disculpa pública que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades; La aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones.
El articulado sobre los derechos reconocidos a las víctimas de las dictaduras por la Asamblea General de las NNUU es mayor, detallando pormenores, muchos de ellos que perfectamente podrían adaptarse a las normas de reparación “integral” que, según fuentes gubernamentales, estaría a la consideración parlamentaria a partir del mes de marzo.
En una próxima nota seguiremos detallando los pormenores del documento, pero, a la vista del mismo y de las partes que se publican, es evidente que la resolución de Naciones Unidas debe constituirse en un material de consulta para quienes redactan el proyecto que, por el bien de todos y por razones cronológicas (estamos a casi tres décadas de reconquistada la democracia) , debiera ser definitivo sin dejar por el camino, como ocurrió con el anterior, a una serie de situaciones que convirtieron a una norma, establecida para solucionar la situación de presos y exiliados, por las exclusiones establecidas, en brutalmente injusta.
Esperemos que en esta ocasión resplandezca la justicia.
BOLETIN
Nº 10 - Enero 2009
Comisión para uruguayos en el exterior
COORDINADORA NACIONAL POR LA NULIDAD DE LA LEY DE CADUCIDAD
correo electrónico: mhtml:{49AD6CA1-75A5-4D5B-BC16-0C1F7B45656D}mid://00000013/!x-usc:mailto:cnnexterior@gmail.com
Internet: http://nulidadleycaducidad.democraciadirecta.org.uy
http://nulidadleycaducidad.blogspot.com
Jóvenes que no descansan, sigue la búsqueda de firmas
A los uruguayos en el exterior, compañeros:
La actividad de la que enviamos el informe más abajo, y de la cual ustedes ya han tenido noticias en diversas oportunidades, es la salida del ómnibus, en esta oportunidad en manos de jóvenes de la FEUU, que trabajaron durante un buen tiempo organizándola.
Desde ya queremos expresar a estos 17 jovenes el agradecimiento de la Comisión para los Uruguayos en el exterior de la Coordinadora Nacional, por la responsabilidad y buen onda que pusieron en estos 10 días. Podemos decir que ha sido un éxito en todo sentido, además de las firmas juntadas.
El periplo tuvo gran cobertura y difusión en los medios uruguayos, tanto escritos como televisados: notas para Canal 4, TNU, Canal de Pta. del Este, Canal 10 de Montevideo, canal de La Paloma a López Goldaracena, La Diaria, etc.
Incluimos algunas fotos de la parada en Valizas, para que sientan más de cerca la campaña contra la ley de caducidad, en la que seguimos todos embarcados, incluso en enero!
Gracias nuevamente por todo el apoyo que nos han prestado y nos siguen prestando, fundamental para poder desarrollar este tipo de tareas.
Montevideo, 13 de enero de 2009
Informe
"Campaña Joven de Verano
por la Nulidad de la Ley de Caducidad"
En el marco de lo que fue la organización del Toque por la Justicia realizado el pasado 21 de diciembre de 2008, se conformó un grupo de 17 jóvenes integrantes de diferentes organizaciones sociales, políticas, la mayoría estudiantes de la UdelaR (Universidad de la República), con el fin de recolectar firmas por las costas de Rocha.
Luego de haber realizado nuestra labor, presentamos aquí los resultados de la misma.
Partimos el día 2 de enero desde el local de la FEUU, recorriendo hasta el día 11 del mismo mes, los balnearios de Piriápolis, La Paloma, La Pedrera, Valizas, Aguas Dulces y Punta del Diablo.
Generalmente se aprovecharon las horas de la mañana para recorrer los campings en que nos alojamos, para a la tarde hacer las playas.
Además de esto, en La Paloma cubrimos la entrada al festival Bahía Rock y recibimos gran apoyo de Oscar López Goldaracena, quien compartió una jornada con nosotros, además de difundir –junto con Fernando Schreiber– nuestra actividad en el canal local.
En Valizas estuvimos en la "Llamada de Reyes", participando además en la organización de un toque con la banda "Cuatro Pesos de Propina", que demostró (como siempre lo viene haciendo) gran interés, llegando incluso a cerrar con el tema que nuestra campaña tiene como jingle.
Se realizó también en Valizas un video casero con una mujer de 91 años, madre de hijo desaparecido, y Daniel Viglietti. Esta actividad generó un encuentro de jóvenes muy espontáneo, en donde estos dos personajes pusieron su granito de arena en el trabajo que veníamos realizando allí.
El resultado final de firmas recolectadas fue de 2031.
Los balnearios donde encontramos mayor receptividad fueron Valizas y Punta del Diablo, sumando a Piriápolis, a pesar de que estuvimos muy poco tiempo allí.
De nuestra experiencia recolectando firmas podemos decir que priorizamos el hecho de hacer circular la información y de difundir la campaña, incluso más allá de la población uruguaya. Los turistas argentinos fueron muy receptivos con el tema y no dudamos en informarlos también. Por otro lado, nos encontramos con una gran cantidad de jóvenes que no sabían nada acerca del tema, por lo que cada firma insumió quizás más tiempo que con otro tipo de público. Es por ello que nuestra labor se centró mucho más en la charla, en la explicación. Teniendo en cuenta que Rocha nuclea en estos meses gente de todo el país, es de destacar el gran desconocimiento, en su gran mayoría de los jóvenes, pero también de personas mayores.
Otro aspecto a destacar es el gran interés que despertamos en los medios de comunicación, realizando notas a pedido de ellos para canal 4, Televisión Nacional, canal 11 de Punta del Este, notas para la Diaria, Últimas Noticias y radios locales y de Montevideo. Creemos que este aspecto ayudó a mantener la campaña activa no sólo en las costas de Rocha sino en todo el país, dando un gran empuje a la publicidad.
Recibimos mucho apoyo de sindicatos y personas afines a la causa que facilitaron nuestra estadía. Queremos agradecer a AEBU, quien nos brindó su camping, al apoyo de AFGAP desde Montevideo, a pesar de las reticencias que tuvimos con la gente de su camping, al sindicato de guardavidas, que siempre estuvieron a nuestra disposición, al sindicato del transporte, que colaboró con los choferes, a COETC, por la estadía en Aguas Dulces, a los choferes, que pusieron lo mejor de sí, y al apoyo constante de Fernando Schreiber, Miguel Marrero, Soledad González, quien fue un pilar fundamental en esta propuesta, y Oscar López Goldaracena. También a la compañera Mariana Licandro y su familia quienes nos acogieron en la casa que alquilaban en Valizas durante dos días.
En cuanto a los gastos, se intentó ahorrar todo lo posible, como lo demuestra el poco gasto en alojamiento. Lo demás fueron gastos en comida, carga de baterías y camping en Punta del Diablo.
Consideramos que los impactos generados en esta movida realizada por jóvenes fueron muy positivos. El hecho de llegar con el ómnibus a cada balneario, con música y 17 jóvenes, con toda la energía que esto trasmite, aportó en una nueva forma de trasmitir la campaña, en darle un perfil distinto a la misma en el verano, a que la presencia sea constante (¿quién no vio el "ómnibus de la lapicera gigante" por algún lugar de Rocha?), y creemos que este fue nuestro mayor logro.
Para finalizar es de destacar la energía que tuvo el grupo en todo momento a pesar de los problemas que hubo, desde los malentendidos antes de emprender el viaje, hasta los problemas mecánicos con que el ómnibus supo estancarnos. Siempre se intentó seguir adelante con el viaje, llegando a conformar un grupo de jóvenes muy activos, que hasta ahora era un debe en la campaña. Algunos no tenían demasiado contacto con ella, y sin embargo hoy somos 17 jóvenes que apostamos a seguir generando actividades que aporten en la anulación de la ley de caducidad..
Saludan atentamente
Jóvenes por la Nulidad de la Ley de Caducidad
Florencia Medina
Martín Briano
Margarita Berglavaz
Matías Blanquer
Sebastián Blanquer
Pablo Briano
Florencia Caggiani
Natalia Calone
Mauro Casa
Valentina Celios
Jandira Dávila
Bruno López
Karen Lorenzo
Paola Lorenzo
Andrea Mattiazzo
Leonel Rivero
Luisina Tudurí
LA REPUBLICA - Viernes, 02 de enero, 2009 -
Estado pide perdón y reconoce que cometió delitos de lesa humanidad
Confesión. Lo hará a través de una ley de reparación que enviará al Parlamento a principio de marzo
Por primera vez, el Estado reconocerá que cometió crímenes de lesa humanidad. Lo establecerá en una ley que llegará al Parlamento en marzo. Además, resarcirá a quienes padecieron cárcel, exilio, persecución ideológica y a los familiares de los detenidos desaparecidos.
Ricardo Portela |
11 de abril. El proyecto lo institucionaliza como "día nacional de la memoria".
Por primera vez, desde hace 23 años, desde el retorno a la democracia y en una ley que ingresará al parlamento a principios del próximo mes de marzo, el Estado se hará, y por escrito, "único responsable de haber cometido crímenes de lesa humanidad" y de haber propiciado el "terrorismo de Estado" en el período de tiempo que duró la dictadura en nuestro país: desde el 9 de febrero de 1973 y hasta el 28 de febrero de 1985.
También pedirá "perdón" por las violaciones cometidas a los Derechos Humanos e institucionalizará el 11 de abril como el "día nacional de la memoria" fecha en la que se tiene conocimiento como el primer exterminio masivo en el Uruguay proveniente del Estado, cuando el general Fructuoso Rivera llevó a cabo la masacre de indígenas en Salsipuedes tras haberlos convocado con el aparente y luego falso pretexto de buscar la pacificación nacional. Es una ley que contendrá además reparación asistencial y económica hacia un universo de uruguayos que, hasta el momento, no habían sido tenidos en cuenta en las leyes que ya fueron sancionadas y que contienen, en su espíritu, resarcimientos de índole previsional a aquellos detenidos políticos durante la dictadura cívico militar como la ley Nº 18.033 o aquella otra anterior que establecía el retorno a sus antiguos puestos de trabajo en el área pública con todos los beneficios jubilatorios a los que habían sido destituidos por militancia política. El Estado buscará, con esta nueva ley de reparación integral, resarcir económica y asistencialmente, con programas de cobertura sanitaria y social, a aquellos uruguayos que fueron encarcelados, perseguidos, los que debieron vivir en forma clandestina debido a su actividad política o social, a los exiliados y a los familiares de los detenidos desaparecidos. Particularmente, estos últimos no han sido contemplados en ninguna de las leyes que se promulgaron en los años posteriores a la dictadura militar y hasta la fecha. Según registros oficiales en poder del gobierno, son cientos los uruguayos que padecen secuelas físicas y psicológicas de los años en que padecieron persecución ideológica, cárcel o exilio. Muchos de estos casos patológicos han sido y son atendidos por organizaciones humanitarias pero, con la ley que el Poder Ejecutivo remitirá en marzo próximo, se busca agrupar a través del Sistema Nacional de Salud, la cobertura profesional médica de estos uruguayos. El espíritu de la ley no difiere demasiado de las ya sancionadas, por lo que, para ser acogidos en la norma, deberá haber registros oficiales de haber estado detenido, de haberse visto obligado y por razones políticas o gremiales a ausentarse del país o de convivir clandestinamente a causa de la persecución ideológica. En el caso de los familiares de los desaparecidos, los requisitos no serán tan puntillosos como en los anteriores por razones obvias. El proyecto de reparación integral tiene cinco puntos claros y específicos: primero el "perdón" del Estado por el terrorismo y las violaciones a los Derechos Humanos desarrollados entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero del año 1985 que se traduce en el reconocimiento explícito de haber cometido crímenes o delitos de lesa humanidad contra la población, segundo las garantías de no repetir la experiencia de quiebre constitucional, tercero la restitución de los derechos fundamentales y básicos de la ciudadanía, cuarto, la "dignificación" de las personas afectadas y quinto, la reparación económica y asistencial a ese universo de uruguayos no contemplados hasta el momento.
Grupo de trabajo redacta proyecto desde hace meses
Hace algo más de un año que un grupo de parlamentarios del Frente Amplio viene trabajando en silencio en la redacción de esta ley de reparación integral. El grupo se formó a instancias del canciller Gonzalo Fernández, que además es integrante de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz a nivel de la Presidencia y de Miguel Toma, secretario de la Presidencia. El ministro de Relaciones Exteriores encomendó a este grupo de legisladores oficialistas a redactar un proyecto que contemplara resarcimientos económicos y asistenciales a ese universo de personas que, hasta la fecha, no habían sido tenidas en cuenta por las leyes reparatorias post-dictadura. La comisión parlamentaria está conformada por las senadoras Margarita Percovich (Vertiente Artiguista) y Lucía Topolansky (MPP) y por los diputados Daniela Payssé (Asamblea Uruguay), Diego Cánepa (Nuevo Espacio) y José Luis Blasina (Partido Socialista). A nivel del Poder Ejecutivo, además de la oficina de DDHH de la presidencia y del canciller Fernández, integran el grupo los ministros de Economía Alvaro García y de Trabajo Eduardo Bonomi. Con el reconocimiento de haber cometido crímenes de lesa humanidad, el Estado uruguayo estará contemplando el pedido de la ONU en ese sentido, hecho que venía siendo reclamado a los gobiernos de nuestro país desde hace 23 años
"Hay un debe"
Desde 1985, cinco leyes reparatorias
Desde el retorno a la democracia, en 1985, a la fecha, el Estado uruguayo promulgó cinco leyes reparatorias a víctimas de la dictadura militar: la Ley Nº 15.737, la Ley Nº 15.783, la Ley Nº 17.449, la Ley Nº 17.949 y, más recientemente, la ley jubilatoria, Nº 18.033. "Pero el país está en debe con ese universo de uruguayos que de una forma u otra no estaban amparados en las normas sancionadas" sostuvo anoche a este diario la senadora Margarita Percovich "por lo que, con esta ley de reparación integral se abarcará a los familiares de los detenidos desaparecidos, a los niños que fueron secuestrados, a los familiares de los asesinados, a los que debieron vivir en la clandestinidad", remarcó. La legisladora señaló que "durante un año hemos estado recibiendo el pedido de varias organizaciones que nuclean a víctimas de la dictadura" en el sentido de contemplar cientos de casos de personas que hoy sufren las secuelas de aquellos años. Un aspecto importante a tener en cuenta para la redacción de la ley es quién es el que debe reparar. "Quien causó el daño es el Estado, y quien lo repara es el Estado, independientemente a través de quién se exprese o quiénes sean los gobiernos de turno" señaló López Goldaracena el pasado 23 de abril en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. En general, en el material presentado al parlamento por las organizaciones de ex víctimas de la represión se articulan las propuestas de indemnización para presos políticos, indemnización para familiares de presos políticos que fallecieron durante la detención, indemnización para familiares de presos políticos fallecidos luego de recuperada la libertad, indemnización para familiares de fallecidos a raíz o en ocasión del accionar de grupos represivos, indemnización por lesiones sufridas en ocasión del accionar de agentes del Estado. También se abarca el tema de los desaparecidos pero, con una precisión importante: quien tiene derecho a la reparación es la persona desaparecida. "Es una forma de dignificación y es un reconocimiento de la situación actual, pues estas personas siguen desaparecidas. Si hay indemnización la cobrarán sus causahabientes, pero el titular del derecho sigue siendo la persona" destacó Goldaracena.
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COMUNICADO DE PRENS
A
Ref. Encontramos otra nieta
nacida en cautiverio durante la dictadura
Las Abuelas de Plaza de Mayo tenemos la felicidad de comunicar que otra hija de desaparecidos ha recuperado su identidad. El juzgado Federal Nº 1 de La Plata nos notificó ayer que se trata de la restitución de la hija de Olga Noemí Casado y Juan Oscar Cugura, ambos desaparecidos durante la última dictadura militar. Al momento del secuestro Olga estaba embarazada de más de siete meses y dio a luz a su hija en cautiverio, entre noviembre de 1977 y enero de 1978.
Los padres
Olga Noemí nació el 1º de abril de 1958 en la ciudad de Mar del Plata. Juan Oscar nació el 4 de junio de 1946 en Rawson, provincia de Chubut. Ambos militaban en la organización Montoneros. Sus compañeros la llamaban a ella "Julia" y a él "Cefe", "Negro Cefe" o "Ceferino". La joven fue secuestrada, embarazada, durante el mes de noviembre de 1977. Juan Oscar fue secuestrado entre octubre y noviembre de ese mismo año. Por testimonios pudo saberse que Olga permaneció detenida en el Centro Clandestino de Detención (CCD) "Puesto Vasco".
La búsqueda de una madre
El caso de la hija de Olga y Juan Oscar fue informado inicialmente ante la CONADEP por la familia Cugura, junto con la denuncia por la desaparición de su hijo y su compañera "Julia" de quien desconocían
el verdadero nombre. Recién en 2006, la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) recibió información que le permitió comenzar la investigación del caso, que inmediatamente fue incorporado en Abuelas de Plaza de Mayo.
A partir de un testimonio y con una ardua averiguación del equipo de investigación de la CONADI, en abril de 2007 se pudo confirmar que Olga Noemí Casado era efectivamente Julia, compañera de Juan Oscar Cugura.
A partir de allí se pudo solicitar a las familias Cugura y Casado que dejaran su información genética en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) para así aguardar que la información de algunos de los cientos de jóvenes que se analizan para esclarecer su origen biológico, diera con su grupo familiar. Todo fue muy rápido, un año después de saber que Julia era Olga, las familias Cugura y Casado pudieron encontrar a su nieta desaparecida.
La búsqueda de la niña
Las denuncias acerca de que una familia tenía anotada como propia a la joven que hoy se conoce es hija de la pareja de desaparecidos Casado-Cugura, existen en Abuelas desde 1985. La última fue recibida en el 2000.
La localización de la joven no fue fácil, ya que la familia apropiadora solía mudarse y ha vivido en distintas provincias. Consecuentemente, el equipo jurídico de Abuelas de Plaza de Mayo formuló la denuncia correspondiente para investigar el caso. La causa, seguida por la filial La Plata , fue avanzando hasta que el juez Manuel Humberto Blanco ordenó un allanamiento para extraer las pruebas de ADN necesarias para establecer la filiación de la joven.
Ayer, 21 de agosto, la joven supo que en realidad es hija de Olga Noemí Casado y Juan Oscar Cugura y que sus familias la esperan en las ciudades de Mar del Plata y Rawson para contarle sobre sus padres, quienes la engendraron con amor y esperaban criarla en un país más justo y solidario.
Abuelas de Plaza de Mayo
Buenos Aires, 22 de agosto de 2008.
Lille Caruso
Lunes 19 de Mayo de 2008
Lo reparable
Presos políticos intensifican reuniones para impulsar proyecto de ley.
Crysol, el grupo de presos políticos de la dictadura que funciona desde hace ocho años, desarrolla una intensa agenda de reuniones para lograr la aprobación de la ley de reparación integral y corregir la ley de jubilación para los presos políticos, la 18.033.
La semana pasada Crysol se reunió con el presidente del Frente Amplio, Jorge Brovetto, con el diputado Pablo Álvarez, de la Corriente de Acción y Pensamiento-Libertad (CAP-L), y con el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi. Hoy se entrevistarán con el senador Mariano Arana (Vertiente Artiguista) y en la semana lo harán con el canciller, Gonzalo Fernández, integrante de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz; con Miguel Toma, secretario de Presidencia, y con el diputado Luis Rosadilla (CAP-L).
La organización está embarcada en promover políticamente el proyecto de reparación integral a las víctimas de la dictadura cívico militar redactado por el abogado Óscar López Goldaracena. Tiene seis capítulos y fue presentado para su estudio en abril en la Comisión de Derechos Humanos de Diputados.
El primero mandataría al Estado, representado por el gobierno, a pedir perdón en ceremonia pública por las prácticas dictatoriales.
Crysol entiende esencial que esto ocurra antes de sentarse a hablar de un “Nunca Más”.
La norma pretende institucionalizar como Día Nacional de la Memoria el 11 de abril, fecha en la que se cometió el primer exterminio en lo que se conoce como Uruguay, cuando el general Fructuoso Rivera llevó a cabo la masacre de indígenas en Salsipuedes.
Insuficiente. La organización pretende que se reconozca a miles de luchadores sociales y políticos que la sociedad desconoce y que mueren en el anonimato o en soledad pero que resignaron mucho de sí, como la familia y tantos afectos, además de haber sido encarcelados y torturados.
Crysol también quiere que se repare económicamente a todos los ex presos o a sus familiares. El lucro cesante generado en esos años (algunos estuvieron más de una década) sigue sin resarcirse y de alguna manera continúa así el castigo para quien pagó el precio de la dictadura en carne propia.
“La normativa internacional dice que el Estado debe garantizar una indemnización económica para resarcir ese capítulo”, aseguró en conversación con la diaria Gastón Grisoni, integrante de Crysol.
El proyecto también contempla la salud, “sobre todo desde el punto de vista psicológico o psiquiátrico, que hasta ahora se ha desarrollado con el apoyo del servicio de rehabilitación social y otras instituciones como el Hospital de Clínicas pero que no ha sido tomado por el Estado como una de sus obligaciones”, indicó Grisoni.
Sobre la ley 18.033, aprobada el año pasado, se dijo que es una reparación previsional insuficiente para muchos ex presos, fundamentalmente para los que tienen trabajo. Primero, porque no otorga beneficios a los familiares de los detenidos desaparecidos, de los que murieron en la tortura ni a quienes no fueron procesados y estuvieron menos de un año detenidos sin proceso pero fueron sometidos a apremios. Tampoco incluye a los liberados antes del 9 de febrero de 1973, a los procesados por la dictadura argentina y los que al “caer” en actividades de recaudación para sus organizaciones decían que robaban para ellos tampoco están incluidos.
A su vez, los jubilados deben optar entre la seguridad social y la ley 18.033, lo cual es visto por Crysol como “inadmisible”, además de cuestionar el hecho de que aquellos que tienen ingresos mayores a 22.500 pesos no pueden acogerse a la ley 18.033. “Son clasificaciones que no podemos aceptar”, aclaró Grisoni, quien señaló que la organización contabilizó 18 situaciones que la ley 18.033 no contempla. ¦ Guillermo Garat
Crysol
Lorenzo Carnelli 1294. Telefax: 418 3017
Montevideo.Uruguay
Mandado por Verónica Engler en la conmemoración del día de los Derechos Humanos.
El cuento que no acaba
Es increíble comprobar la poca memoria que tienen los que hoy siguen tildando de criminales a quienes han saldado las cuentas que les endilgaron en el pasado, con años de cárcel y sufrimiento. Las “nuevas víctimas”, atacan con el mismo tipo de argumentos con el que arremetían en la época en que luchaban contra la “sedición”, mientras robaban a mansalva junto a los políticos corruptos. La red represiva, atrapaba todo lo que pudiera ser considerado “sospechoso”, o pudiera ser capaz de “delinquir”; esta palabra tenía, en ese momento, un significado muy amplio: estudiantes de pelo largo, apariencia “descuidada”, pasado político “dudoso” y podría seguir todo el día enumerando los motivos que determinaban que una persona recibiera vapuleos, encarcelamiento o secuestro. Hoy, los familiares de estos nuevos “presos políticos”, se dan el lujo de escribir en la web, difamando con nombre, apellidos y fotografías, a ciudadanos que han hecho más por el país y la humanidad en los años posteriores a su liberación, que ellos en toda una vida en libertad, una vida dedicada a sembrar horror y muerte. Se puede argumentar y discutir mucho sobre lo que pasó en nuestro país durante esos años, podemos contar las muertes, las acciones y analizar hasta el cansancio los acontecimientos acaecidos. Podemos tratar de dilucidar quiénes eran más bárbaros o más asesinos. No obstante, nos olvidamos de un hecho fundamental: ¿quiénes fueron los que pagaron las culpas de lo ocurrido?, ¿quiénes soportaron tortura y duros encarcelamientos?, ¿qué familias se vieron afectadas? No fueron los militares y quienes los rodeaban, de eso pueden estar seguros. Gracias a organismos que defienden los DD.HH y al trabajo constante de hormiga, realizado por las organizaciones de familiares de presos y desaparecidos, se han investigado los crímenes que la Ley de Caducidad permite investigar, o sea, aquellos crímenes comprendidos en el Artículo 4º.- “Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos precedentes el Juez de la causa remitirá al Poder Ejecutivo testimonios de las denuncias presentadas hasta la fecha de promulgación de la presente ley referentes a actuaciones relativas a personas presuntamente detenidas en operaciones militares o policiales y desaparecidas así como de menores presuntamente secuestrados en similares condiciones”. Es oportuno esclarecer algunos puntos, ya que la amnesia que afecta a la extrema derecha, no les permite recordar lo que sucedió en nuestro país durante los oscuros años de dictadura e, inclusive, antes de ellos. Cuando hablan de los “asesinos y terroristas” y acusan a siniestra (nunca a diestra), a expresos políticos de la dictadura militar, se olvidan de que a varios de esos presos se les computó tres años de cárcel por cada uno de los que estuvieron en cautiverio, justamente, a raíz de las condiciones inhumanas a las que se vieron sometidos durante dicho encarcelamiento. Los rehenes, por ejemplo, incomunicados, sometidos a continuos traslados y torturas físicas y síquicas durante años, se encuentran entre los presos que no fueron amnistiados, salieron de la cárcel con libertad anticipada, viéndose obligados a presentar garantes y a firmar cada seis meses, hasta que varios años después, se les concedió, por fin, la anhelada libertad. Ergo, todos ellos pagaron un alto precio mientras cumplían la condena que le imputaron. Pagaron inclusive por las confesiones arrancadas bajo terribles torturas y tormentos. ¿No es acaso justo, que los militares que cometieron crímenes, paguen también y sean juzgados y encarcelados por ello?, sin quitarles dientes ni ojos, ya que no se pretende aplicar la Ley del Talión ni el código de Hammurabi. Hagamos memoria La Ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado (Ley 15.848) entra en vigor en 1986 y deja en la impunidad graves violaciones a los derechos humanos, cometidas antes y durante el golpe. Conforme a esta ley, no se puede procesar y sancionar al personal militar y policial responsable de violaciones de derechos humanos cometidas antes del 1 de marzo de 1985. Por suerte, esta ley, dejó afuera algunos casos que han permitido que haya denuncias contra civiles y militares. Como Amnistía Internacional cita: "La desaparición forzada es un crimen internacional, cuya práctica sistemática constituye además un crimen contra la humanidad," y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, sostiene que es un delito continuado o permanente mientras no se establezca con certeza el destino o paradero de la víctima. ¿Qué fue, a grandes rasgos el Plan Cóndor? El Plan Cóndor fue la coordinación represiva concertada entre los gobiernosparaguayo, boliviano, brasileño y uruguayo para acabar con la “subversión” durante la década de los 70 y principios de los 80. A comienzos de la década del 90 se descubrieron en Paraguay, documentos secretos de la policía política paraguaya. Estos documentos, llamados los archivos del terror informan sobre el accionar de esa fuerza y sobre la coordinación que hubo entre los gobiernos militares sudamericanos durante esas décadas para perseguir a sus opositores políticos, que eran detenidos en cualquier país y luego trasladados a su país de origen, lo que implicaba el desconocimiento absoluto de fronteras y la utilización de métodos ilegales de represión. Paradójicamente, lograron una unión entre los países latinoamericanos que los gobiernos democráticos no han logrado, llegaron a acuerdos que les permitían reprimir y matar a lo largo y ancho del continente. El papel principal de la represión uruguaya fue el de trasladar comandos uruguayos a Argentina; secuestraban, torturaban y desaparecían a exiliados uruguayos en ese país. Un gran número de uruguayos desaparecieron en tierras vecinas. La mayoría de ellos fueron llevados al centro clandestino de detención llamado Garaje Olimpo. Algunos fueron trasladados a Uruguay, todavía su destino es desconocido. Operación Zanahoria Por si fuera poco y para tratar de ocultar los crímenes cometidos, se llevó a cabo en el año 1984 la Operación Zanahoria, donde se removieron los restos de los detenidos enterrados en predios militares, para eliminar las pruebas y enterrar los restos de todos los desaparecidos en fosas comunes. La Fuerza Aérea de Uruguay admitió que al menos 21 uruguayos y cinco argentinos, fueron trasladados en dos vuelos clandestinos para ser asesinados, y confirmó por escrito, la existencia de al menos dos vuelos trasladando detenidos durante las dictaduras en Argentina y Uruguay, todo esto en el marco del Operativo Cóndor.
Crímenes
Entre los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas, se encuentran estudiantes asesinados por el escuadrón de la muerte, los asesinados como represalia por la muerte del coronel Trabal, los comunistas fusilados en la calle frente la sede de la seccional 20, los que fallecieron a causa de las tortura, los homicidios del diputado Héctor Gutiérrez Ruiz y del senador Zelmar Michelini. El asesinato de la nuera del poeta Juan Gelman, secuestrada en Buenos Aires en el año 1976. María Claudia tenía 19 años y estaba embarazada, su esposo fue asesinado y ella fue llevada desde el centro clandestino Automotores Orletti a Montevideo, allí nació la hija de María Claudia, que fue encontrada por Gelman en Uruguay, donde había sido entregada a un policía, la joven no conoció su verdadera identidad hasta los 23 años, hoy es una de las tantas voces que exige verdad. Anatole y Victoria, hijos de Victoria Grisonas y Roger Julién (también desaparecidos), los hermanos fueron transportados a Montevideo para luego ser entregados a una familia en Chile, que los abandonó en la ciudad de Valparaíso. Mariana Zaffaroni, que fue entregada a un miembro del Servicio de Información del Estado (SIDE) argentino. Cuando hablamos del secuestro de niños, yo les pregunto ¿cuáles eran las culpas de esos menores? Es imposible imaginar lo que les tocó vivir y lo que aún debe significar en sus vidas el hecho de haber crecido en el seno de familias que no eran las propias y que estaban involucrados, en muchos de estos casos, en la desaparición de sus progenitores. ¿Y la pesadilla de los familiares que durante años los buscaron de forma incansable? ¿Cómo se puede justificar un delito de esta índole? Todavía quedan 4 niños desaparecidos en Argentina. Más de dos centenas de uruguayos, contando hombres, mujeres y niños, desaparecieron durante el régimen militar. La represión en nuestro país, alcanzó a encarcelar aproximadamente 15000 presos políticos. La muerte del doctor Roslik, en San Javier y el encarcelamiento de varios inocentes, entre ellos un grupo de jóvenes. La violación y tortura a menores de edad. Puedo seguir nombrando víctimas; muertos (dentro y fuera de la cárcel), aquellos compañeros que jamás se recuperaron del encierro y la tortura, aquellos que murieron anticipadamente, luego de haber sido puestos en libertad. Los que perdieron sus trabajos, sus familias. Las propias familias, que vivieron las consecuencias de esa pesadilla durante años y muchas veces soportaron inclusive, después de ser liberados todos los presos, los efectos que dejaron las secuelas de ese encierro bestial. De forma metódica e inhumana, estas presuntas “víctimas actuales”, intentaron enloquecer a los que no pudieron matar. ¿Qué podemos hacer? No se puede negar que los verdugos no hicieron distinción de edad ni género, en ese sentido fueron generosos e irrestrictos, arremetieron contra niños, mujeres y hombres sin piedad alguna. Si nos olvidamos de esto, caemos en el riesgo de permitir que vuelva a suceder, o de convertirnos en cómplices de estos hechos aberrantes. Miremos a nuestros hijos, familiares y amigos, e intentemos imaginarlos en cualquiera de las situaciones que nombré. Tratemos de pensarlo en carne propia o cercana, sopesemos los hechos, hagamos un balance exhaustivo y tomemos la responsabilidad que nos corresponde, para que jamás se repita. Hay que anular la Ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, más conocida como Ley de Impunidad o de Caducidad. Firmar para anular esta ley es, sin lugar a dudas, un grano de arena que podemos aportar a esta lucha por defender y rescatar la dignidad y los derechos de los seres humanos. Veronika Engler Suecia 2007-12-10
Parece mentira. 35 años después pero, qué Feliz Navidad...
GREGORIO ALVAREZ- ex-dictador en Uruguay, responsable de decenas de
desapariciones y asesinatos, figura clave en el golpe de estado de 1973
y
de todo el "proceso" dictatorial cada vez más cerca de la carcel.
Al
cierre de esta edición, fuentes judiciales aseguraron a
la diaria
que el miércoles 5 de diciembre a las 9 de la mañana, cuando
deben comparecer ante el juez Luis Charles los militares retirados
Gregorio Álvarez (ex comandante en jefe del Ejército y ex dictador),
Juan Carlos Larcebeau y Jorge Tróccoli (ambos de la Armada), está
decidido comunicarles su procesamiento con prisión, solicitado por
la fiscal Mirtha Guianze. Será en el marco de la causa por los traslados
clandestinos, de Argentina a Uruguay, de personas secuestradas
que luego fueron víctimas de desaparición forzada, crímenes que
han permanecido impunes durante más de 30 años.
LA REPUBLICA PAG. 5
Peritos forenses definirán si trasladan a Bordaberry a una cárcel.
El juez Penal de 11er. Turno, doctor Roberto Timbal solicitará en los próximos días a tres especialistas del Instituto Técnico Forense (ITF) que estudien la posibilidad de recluir al ex dictador Juan María Bordaberry en un centro penitenciario, adelantaron a LA REPUBLICA fuentes judiciales.
La decisión del magistrado fue adoptada luego de que días atrás, el Ministerio el Interior le informara que la posibilidad de alojar al ex presidente de facto en una cárcel no corresponde a la secretaría de Estado sino a los peritos del Poder Judicial.
No obstante, el juez Timbal solicitará a la Dirección Nacional de Cárceles un listado con los centros de reclusión que cumplen con las características de higiene que requiere Bordaberry, antes de que los médicos forenses Guido Berro, Domingo Mederos y Hugo Rodríguez comiencen a estudiar el caso.
Bordaberry, de 79 años de edad, permanece bajo prisión domiciliaria en la casa de uno de sus hijos en la zona de Carrasco desde fines de enero pasado, luego que la Justicia así lo dispusiera, en virtud de que padece una afección respiratoria crónica que no le permite estar detenido en Cárcel Central.
El pedido de evaluar el posible traslado del ex dictador a una cárcel fue solicitado el mes pasado por la doctora Mirtha Guianze, titular de la Fiscalía Penal de 2º Turno, que entiende en la causa de los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz, por la que fue procesado el año pasado.
La fiscal Guianze fundamentó su pedido en un informe elaborado por el subsecretario del Ministerio del Interior, inspector principal (r) Ricardo Bernal, quien siendo jefe de Policía de Montevideo, ofreció recluir a Bordaberry en la chacra del Penal de Libertad, pero la familia no aceptó esa alternativa.
Bordaberry fue procesado a fines del año pasado junto al ex canciller Juan Carlos Blanco, por la responsabilidad de ambos en los asesinatos de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw, ocurridos en Buenos Aires en mayo de 1976..
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Fiscal pide penas más severas para los militares represores. Guianze cambiará la figura delictiva
a la hora de pedir las condenas: optará por la desaparición forzada.
Al momento de formular la acusación contra los militares y policías procesados por violaciones a los derechos humanos, la fiscal cambiará la figura delictiva y pedirá su condena por desaparición forzada, y ya no por privación de libertad. Eso permitiría establecer una pena mayor, cuyo máximo es de hasta 25 años.
La fiscal Mirtha Guianze pidió la semana pasada el procesamiento con prisión del ex dictador Gregorio Álvarez y los ex oficiales de la Armada Jorge Tróccoli y Juan Carlos Larcebau por el delito de desaparición forzada.
Es la primera vez que la Justicia uruguaya utiliza esta figura delictiva aprobada en tratados internacionales, pero no será la última.
Según pudo saber Ultimas Noticias, la representante del Ministerio Público volverá a insistir con esta tipificación cuando deba formalizar la acusación contra los oficiales actualmente procesados por el caso de Adalberto Soba.
Las fuentes sostuvieron que la fiscal cambiará la figura penal, pasando de privación de libertad, delito por el cual están procesados actualmente los ocho militares y policías, a desaparición forzada.
Esta modificación estará dada porque se entiende que la desaparición forzada se adecua perfectamente a este caso. Asimismo, esta figura permitiría a la fiscalía pedir una condena mayor para los militares que si aplica la privación de libertad.
La pena de la privación de libertad agravada, como es en este caso, va de seis a doce años de penitenciaría, mientras que si se esgrime la desaparición forzada la condena puede ser de hasta 25 años.
TRIBUNAL
La reformulación del delito también está pautada por el dictamen de febrero pasado del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2° turno.
Si bien el órgano de alzada ratificó el delito de privación de libertad, sugirió rever la tipificación para la acusación final dando razón a las defensas de Gavazzo y Arab.
"El tribunal participa del punto de vista de las defensas, en cuanto a que, el derecho penal es hijo de la realidad. En tal sentido, se estima que debe ampararse la solicitud formulada por la defensa de Gavazzo en cuanto reclama “agotar los medios probatorios racionales y ajustados a Derecho, ante la evidente realidad de que esa persona ha muerto”, dijo.
Sin embargo, desde la Fiscalía no se desea la tipificación de homicidio por entender que no es la más apropiada y por eso optó por la desaparición forzada, delito que fue incluido en la normativa nacional en octubre de 2006 a través de la ley 18.026.
Las fuentes destacaron el carácter permanente que se asigna a este delito, mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima.
ARAB: EL MÁS CERCA
El caso más próximo a llegar a la etapa de acusación es el del ex militar Ricardo Arab, porque José Nino Gavazzo estaba en situación similar hasta que su defensa interpuso un recurso de inconstitucionalidad.
Ahora el expediente se encuentra en etapa de fotocopiado. Una vez que se culmine el trabajo, un juego irá a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para que se expida sobre el recurso presentado por Gavazzo y el otro irá a la fiscal Guianze para que haga la acusación contra Arab, además de pedir otros procesamientos.
En el caso del resto de los militares y policías la situación aún está en suspenso, en virtud de que la SCJ aún no se ha expedido respecto a la inconstitucionalidad planteada por su defensa, lo que se estima ocurrirá de un momento a otro con un fallo contrario a los intereses de los oficiales.
El delito.
La ley establece que incurre en desaparición forzada "el que de cualquier manera y por cualquier motivo, siendo agente del Estado o sin serlo contando con la autorización, apoyo o aquiescencia de uno o más agentes del Estado, procede a privar de libertad a una persona, seguido de la negativa a informar sobre la privación de libertad o el paradero o la suerte de la persona privada de libertad; o que omita y se niegue a brindar información sobre el hecho de la privación de libertad de una persona desaparecida, su paradero o suerte". Fuente, ultimas noticias.
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LA REPUBLICA
Estudian proyecto de ley reparatoria para víctimas del terrorismo de Estado.
Legisladores y dirigentes del FA pretenden aprobar la iniciativa a comienzos de 2008.
Legisladores del Frente Amplio y una Comisión de la Mesa Política Nacional de la coalición de gobierno están analizando el proyecto de ley de reparación integral para las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos, apuntando a poder presentarlo en el Parlamento a comienzos del año próximo para su rápida aprobación.
Legisladores del Frente Amplio y una Comisión de la Mesa Política Nacional de la coalición de gobierno están analizando el proyecto de ley de reparación integral para las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos, apuntando a poder presentarlo en el Parlamento a comienzos del año próximo para su rápida aprobación.
Además de su contenido más abarcativo de la actual ley, se propone la creación de una Comisión Nacional de Reparación Integral, la emisión de Bonos especiales para financiar esta ley y se garantiza la prestación médica gratuita y vitalicia para garantizar la cobertura integral de salud.
A pesar que existe la Ley 18.033 que otorga una pensión a los ex presos políticos, el Presidente Tabaré Vázquez reconoció que el país no cuenta con una verdadera ley de reparación para las víctimas del terrorismo de Estado.
Las limitaciones de dicha ley alentaron al colectivo Crysol y al doctor Oscar López Goldaracena a trabajar en un proyecto de ley que llenara ese vacío legal. La iniciativa fue apoyada por diversas organizaciones donde se nuclean los luchadores políticos de aquella época y sus familiares, así como por organismos de derechos humanos. El proyecto ya está en manos de una Comisión de la bancada de legisladores del Frente Amplio y de una Comisión de la Mesa Política Nacional que están trabajando a contrarreloj para poder presentar el proyecto a comienzos del año próximo y poder lograr una aprobación rápida por parte de todos los partidos.
En esencia, este proyecto abarca muchas situaciones que la ley 18.033 no tuvo en cuenta, aunque el propio López Goldaracena reconoció que la misma "ayudó a salir de la situación inicial de desamparo".
Se recoge también la experiencia de otras leyes de reparación en Argentina, Brasil, Chile y Paraguay.
El proyecto parte de la Resolución 60/1247 adoptada por la Asamblea de la ONU en noviembre de 2005 para determinar quiénes son considerados "víctimas" y a su vez contempla la situación de ex presos políticos, desaparecidos y sus familiares, muertos en enfrentamientos, en torturas, en la cárcel o posteriormente, y a sus familiares, a los niños nacidos en prisión, a los exiliados y a los clandestinos, otorgándoles una reparación económica. Asimismo propone la designación del Día Nacional de la Memoria en fecha que determine el Parlamento y que el Estado emita un documento público que acredite la condición de víctima en el que se reivindique "expresamente" el honor y honorabilidad de las personas comprendidas en la reparación.
La reparación.
El proyecto abunda en citas de resoluciones de la ONU al respecto, ratificando que "se deberá tener en cuenta de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación una reparación plena y efectiva en las formas siguientes: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, y prevención".
Se precisa que la rehabilitación ha de incluir la atención médica y sicológica así como servicios jurídicos y sociales, la necesidad de la aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones, el control efectivo de las autoridades civiles sobre las fuerzas armadas y de seguridad y el fomento y fortalecimiento de la enseñanza de los derechos humanos en todos los sectores de la sociedad, incluidas las Fuerzas Armadas y de seguridad.
Concordando en que la Constitución de la República consagra el principio de reparación integral, el proyecto advierte que "las víctimas no constituyen un conglomerado homogéneo", definiendo la existencia de "víctimas directas", "indirectas" (familiares) y la existencia de derivaciones en "la segunda generación, en muchos casos".
Se cambia el período abarcativo respecto a la vigente ley, estableciéndose como límites, el 13 de junio de 1968 y el 1 de marzo de 1985.
Los presos políticos recibirán una indemnización equivalente a 583 UI por cada día de prisión, las mujeres recibirán un plus de 30% y los menores de edad de 50%. El beneficio se extiende a hermanos y descendientes de los detenidos que siendo menores concurrían a los centros de detención a visitar a su familiar (en este caso será un año de indemnización).
Se contempla también a los familiares de presos fallecidos durante la detención y para quienes fallecieron luego de recuperar la libertad, así como para los familiares de muertos a raíz del accionar de agentes estatales o grupos paramilitares o parapoliciales, incluso se atiende a quienes recibieron lesiones por dicho accionar.
Los familiares de desaparecidos recibirán una indemnización 15 veces superior a la de los presos políticos.
Existirá reparación también para quienes nacieron en cautiverio, quienes sufrieron sustitución de identidad y/o apropiación por terceros.
Los exiliados recibirán una indemnización equivalente a tres años de la de los presos políticos y los clandestinos a un año.
Modificaciones.
Con respecto a la ley vigente, se determina que el derecho a la pensión reparatoria no tiene "ninguna condición o limitación emergente de los regímenes jubilatorios o pensionarios". En caso de fallecimiento, la pensión corresponderá íntegramente a sus causahabientes, será acumulable a otros beneficios de indemnización o restitución conferidos y se ajustará la Base de Prestaciones y Contribuciones semestralmente. Finalmente, el derecho a acogerse a la ley no prescribe, la pensión es inembargable y estarán exentas de gravámenes.
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Inminente procesamiento de Gregorio Álvarez
“Autor mediato” de un genocidio - Brecha
La fiscal Mirtha Guianze intenta, una vez más, que los tribunales uruguayos apliquen las convenciones internacionales de derechos humanos a la hora de juzgar los crímenes del terrorismo de Estado. Así, abre un debate sobre los delitos de “desaparición forzada” y “genocidio”.
Walter Pernas
En un escrito de más de cien páginas, presentado el lunes 12 ante el Juzgado Penal de 19º Turno, la fiscal Mirtha Guianze pidió el procesamiento con prisión del ex dictador Gregorio Álvarez por el delito de “desaparición forzada” de personas, figura comprendida en la ley 18.026 aprobada en setiembre de 2006.
Guianze considera que el militar es responsable de la desaparición forzada de 40 militantes vinculados a los Grupos de Acción Unificadora (GAU) durante su mandato como jefe del Ejército (1978-1979). El mismo delito pidió para los ex jefes de Fusileros Navales (Fusna) Jorge Tróccoli y Juan Carlos Larcebeau.
El Ministerio Público sostuvo que Álvarez es “autor mediato” de los crímenes, al emplear nuevamente* la teoría del dominio del hecho, del jurista alemán Claus Roxin. En una conferencia titulada “Los delitos en el marco de los aparatos organizados de poder”, brindada en 1963 en Hamburgo, Roxin detalló que el autor mediato es aquel que está colocado en la palanca de un aparato organizado de poder –sin importar en qué nivel de jerarquía– y que a través de órdenes puede dar lugar a delitos en los cuales no importa la individualidad del ejecutante.
El ex jefe del Ejército se encontraba justamente en esa posición cuando se detuvo, torturó y se hizo desaparecer a los militantes de los gau y de otros grupos relacionados con la resistencia dictatorial que se organizaba en Argentina. En la misma situación quedaron los dos ex jefes del Fusna, sobre quienes además pesan declaraciones y documentos que los involucran directamente en los operativos de represión contra esas personas.
Pero, además, Guianze dispara un gran debate jurídico –que seguramente también se teñirá de político, en el Parlamento y la prensa– al señalar que se debe aplicar el delito de “desaparición forzada”. La magistrada consideró que la desaparición forzada es un delito pluriofensivo, al afectar “bienes jurídicos” como la vida, la libertad, la integridad, la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad.
Los detractores de la mirada fiscal sostendrán que la ley penal no es retroactiva, y que por tanto no es posible aplicar una figura creada en el ámbito interno en 2006 para hechos sucedidos en los años setenta. En todo caso, dirán, se debe otorgar a Álvarez el instituto de la ley más benigna para el indagado, y no adjudicarle este delito que se pena con hasta 25 años de penitenciaría.
El escrito de la magistrada prevé esta reacción y respalda su argumentación en jurisprudencia internacional, que abarca sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cidh) y de otros países como Argentina.
La cidh entiende que la desaparición forzada debe considerarse un delito integral, continuado y permanente, y que no puede alegarse la no retroactividad de la ley penal, ni la prescripción del delito.
Según la Corte Interamericana, la desaparición forzada constituye “un hecho ilícito que genera una violación múltiple y continuada de varios derechos protegidos por la Convención Americana y coloca a la víctima en un estado de completa indefensión, acarreando otros delitos conexos; se trata de un delito contra la humanidad”. Y agrega: “La responsabilidad internacional del Estado se ve agravada cuando la desaparición forma parte de una práctica aplicada por el Estado. Además, la desaparición forzada supone el desconocimiento del deber de organizar el aparato del Estado para garantizar los derechos reconocidos en la convención. De ahí la importancia de que el Estado adopte todas las medidas necesarias para evitar dichos hechos, investigue y sancione a los responsables y, además, informe a los familiares sobre el paradero del desaparecido y los indemnice en su caso”.
GENOCIDIO. Es factible que el juez Luis Charles acceda al pedido fiscal, y aplique la figura de desaparición forzada.
No obstante, en una resolución del 28 de febrero de 2007, el tribunal de apelaciones que actuará en este caso
–el de segundo turno, integrado por William Corujo, José Balcadi y Alfredo Gómez Tedeschi– deslizó que a los militares presos por el delito de “privación ilegítima de la libertad”, en la etapa final del proceso, podría aplicárseles el delito de “homicidio”.
Para ello, optó por citar sentencias nacionales del año 1949 –en las cuales se alega que no es necesaria la presencia del cadáver para aplicar el delito de homicidio–, en lugar de la jurisprudencia contemporánea de la cidh que, por ejemplo, se afilia a la aplicación del delito de desaparición forzada.
Ante la eventualidad de que el tribunal considere que en el caso de los gau se trata de homicidios, el Ministerio Público menciona en el pedido de procesamiento de Álvarez una sentencia clave de la justicia Argentina, que ante un caso de decenas de desaparecidos durante la dictadura atribuyó a los responsables el delito de “genocidio”.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de La Plata condenó, el 19 de setiembre de 2006, al ex represor Miguel Osvaldo Etchecolatz –acusado de comandar distintos centros clandestinos de detención de la provincia de Buenos Aires, donde se torturó y ejecutó a decenas de personas durante la última dictadura argentina– a cumplir la pena de reclusión perpetua. El tribunal accedió a responsabilizar al criminal por el delito de genocidio, al entender que la conducta se encuadra en la descripción que realizó la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, en el marco de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948.
“Se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal; a) matanza de miembros del grupo; b) lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; d) medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo; e) traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo”, señala la Convención.
El Tribunal Federal sostuvo que los desaparecidos bajo la represión de la dictadura argentina eran efectivamente integrantes del “grupo nacional” al que refiere la convención. A su vez, la fiscal Guianze entiende que el conjunto de detenidos desaparecidos por los que se responsabiliza a Álvarez y a los otros mandos militares eran también integrantes de un “grupo nacional”** que terminó devastado por el terrorismo de Estado uruguayo, en colaboración con el argentino.
* Ya la había utilizado en la causa de Bordaberry y Blanco por los crímenes de Michelini y Gutiérrez Ruiz.
** La definición del delito de genocidio contenida en la ley 18.026 es más vasta que la de la propia convención, al señalar que la aplicación de la figura corresponde cuando se perpetren actos criminales contra un grupo nacional “político”, con la intención de destruirlo total o parcialmente. La pena es de 15 a 30 años de penitenciaría.
Reclaman sanción a militares
Contra el ocultamiento
Óscar López Goldaracena, abogado patrocinante de la denuncia por la desaparición de los militantes de los gau, considera que la aplicación del delito de desaparición forzada debería determinar no sólo responsabilidades judiciales, sino también administrativas.
El jurista opina que el Poder Ejecutivo debería investigar y sancionar a todos los militares que ocultaron información sobre el destino de los detenidos desaparecidos.
López Goldaracena es el redactor original del proyecto que dio paso a la ley que penaliza los crímenes de lesa humanidad.
Según la ley 18.026, también comete el delito de de-saparición forzada de personas el que “omita y se niegue a brindar información sobre el hecho de la privación de libertad de una persona desaparecida, su paradero o suerte”.
López Goldaracena dijo a Brecha que, si la justicia decreta procesamientos por los traslados clandestinos de los militantes de los gau, “el presidente, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, debería pedir información al respecto, y si los militares ocultan los datos, tendrían que ser sancionados”.
De esta manera, se ejercería una retroalimentación entre los dos poderes, porque si el Ejecutivo descubre que alguien oculta información, esa persona también debería ser investigada por el Poder Judicial. Y si la justicia determinara que alguien efectivamente oculta información sobre detenidos desaparecidos, correspondería su procesamiento con una pena que va desde dos a 25 años de penitenciaría.
El caso Nuble Yic - Fuera de la ley
El Poder Ejecutivo declaró que el asesinato del militante comunista Nuble Yic no está amparado por la ley de caducidad, y por tanto puede ser investigado por la justicia penal.
Yic había sido detenido el 22 de octubre de 1975, cuando los represores ingresaron a su casa donde se recuperaba de un segundo infarto.
Lo llevaron a varios centros clandestinos de detención, como la casa de Punta Gorda, el Batallón 13 (conocido como “300 Carlos”) y el Batallón de Infantería ubicado en el quilómetro 14 de camino Maldonado.
Allí, su familia logró verlo el 14 de marzo de 1976. Yic contó las torturas que los militares aplicaban contra los detenidos y pidió que se denunciaran los hechos.
Dos días después, el 16 de marzo, la familia fue avisada de su muerte. Su cuerpo fue colocado en un cajón cerrado, que fue retirado del Hospital Militar con prohibición de abrirlo. Luego se comprobó que Yic fue torturado hasta la muerte.
Por ahora, el “autor mediato” más evidente es el ex dictador Juan María Bordaberry, que ocupó el cargo hasta el 12 de junio de 1976. Pero la investigación judicial puede determinar otras responsabilidades.
Excluyen asesinato de 1975 de la Ley de Caducidad
14.11.2007 | 7.40 h. - El Espectador
El vicepresidente Rodolfo Nin Novoa, firmó la resolución por la que se excluye de la Ley de Caducidad el
homicidio de Nuble Donato Yic,
un militante comunista que permanece desparecido desde el 22 de octubre de 1975.
El mensaje solicitando al Ejecutivo el análisis del caso había sido remitido en octubre por el juez Luis Charles.
Según publica Plan B, el caso es defendido por una abogada de Serpaj y apunta al al ex dictador, Juan María Bordaberry,
al ex comandante del Ejército, Julio Vadora y al generalretirado Mario Aguerrondo.
Excluyen otro caso de la Ley de Caducidad La Republica
El Poder Ejecutivo excluyó de la Ley de Caducidad a los mandos militares y civiles presuntamente involucrados en la muerte del militante del Partido Comunista del Uruguay (PCU) Nuble Yic, ocurrida en marzo de 1976, según consta en una resolución de la Presidencia aprobada el lunes.
El documento, que aparece firmado por el presidente en ejercicio, Rodolfo Nin Novoa y la ministra de Defensa Nacional, Azucena Berrutti, explica que "la caducidad penal alcanza al funcionario subordinado que recibió la orden, pero no a los mandos que la impartieron".
De esta forma, el Poder Ejecutivo contestó la consulta realizada por el juez Penal de 19º Turno, doctor Luis Charles, quien entiende en esta denuncia, que fue presentada a mediados del mes pasado.
Ahora podrá iniciar la indagatoria, comenzando a citar a los testigos propuestos.
Nuble Yic estaba casado, tenía cuatro hijas y era obrero de la construcción. Militó en el PCU hasta que el 22 de octubre de 1975 cuando fue detenido.
Estuvo preso en la cárcel de Punta Gorda y en el "300 Carlos". Llegó a estar cinco meses desaparecido, hasta que su familia logró visitarlo en marzo de 1976.
Luego fue trasladado a un predio militar ubicado en el kilómetro 14 de Camino Maldonado, donde hoy se encuentra el Instituto de las Armas y Especialidades (IMAE). En ese lugar falleció el 16 de marzo de 1976 a causa de un infarto provocado por las torturas y las malas condiciones de reclusión. *
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El martes Mary Yic hizo la denuncia penal por la muerte de su padre
Justicia para Nuble Yic - Articulo Carta Popular
17 horas del martes último: Mary Yic acababa de regresar a su domicilio luego de haber hecho la denuncia penal por la muerte de su padre Nuble acaecida en marzo de 1976 en el Batallón 2 y 3 de Infantería ubicado en el Kilómetro 14 de Camino Maldonado.
La denuncia, radicada en el Juzgado Penal de 19º. Turno a cargo del juez Luis Charles y la Fiscalía de 6º. Turno a cargo de la doctora Elsa Machado, es contra los mandos policiales, militares y civiles de la época.
El expediente de la causa es el 2-48475/2007 y es patrocinada por la abogada del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) Dra. Pilar Elordoy.
Nuble Yic -militante de PCU y del gremio de la carne- falleció de un paro cardíaco a causa de las torturas recibidas. Bordaberry era presidente.
Luego de “más idas que venidas” y de recorrer un largo camino, Mary Yic presentó más de 20 testigos, entre ellos el conocido comentarista deportivo de CX 14 El Espectador Jorge Burgel.
Con la voz por momentos entrecortada por la emoción y a la vez con la satisfacción del deber cumplido, Mary Yic destaca las solidaridades recibidas.
Entre ellas la de Carta POPULAR, donde resolvimos no hacerle casi ninguna pregunta. La situación no ameritaba para ello, era mejor que Mary dijera lo suyo y el que sigue es su relato.
“Mi madre no pudo hacer lo que me tocó a mí”
“Por fin se presentó la denuncia hoy definitivamente, después de un largo camino de un año y medio. Empecé en julio del año pasado a rearmar toda la historia, porque no tenía nada. SERPAJ empezó a trabajar por marzo, con muchas idas y venidas. Más idas que venidas en realidad. Lo empecé muy sola desde cero, pero se me fue uniendo un montón de gente increíble. Una solidaridd al extremo, veinte testigos y armé toda mi historia personal, la historia real de él.
Bueno muchas cosas y este día fue así. Me fui con el deber cumplido, porque lo último que recuerdo de mi padre…La única vez que lo ví después de 5 meses fue durante 15 minutos y con una distancia considerable, con mesa de por medio.
Cuando le dijo a mi madre, ‘tenés que denunciar lo que está pasando acá adentro’. Mi madre no lo pudo hacer, pero me fui con el deber cumplido de que lo pude hacer yo. Bueno, estoy muy emocionada…”.
Aprovechamos su silencio para preguntarle a Mary cuantos años tenía cuando vio por última vez a su padre y nos responde que estaba por cumpli 13. Sigue el relato. “Como todos saben mi padre pertenecía al PCU y al gremio de la carne. Militante desde muy joven en las dos cosas.
A él lo detienen ilegalmente el 22 de octubre del 75. Irrumpen en mi casa en la madrugada, lo encapuchan, lo esposan, destrozan todo, ponen un mantel en medio del living, roban cosas y se lo llevan.
Después por cinco meses mi madre, que era la que andaba más, no supo más de él. Al poco tiempo había que llevar ropa al Prado. Ropa, comida, medicamentos, eso que nunca le llegó, por supuesto.
Después, el 14 de marzo del 76, autorizan la primera visita en el kilómetro 14 del Camino Maldonado. Previo periplo por la Casa de Punta Gorda, la Cárcel del Pueblo, al Batallón 13 y de este al del kilómetro 14 de Camino Maldonado. Yo me vengo a enterar de esto cuando armo toda esta historia.
Los que hicieron de la solidaridad una razón de vida
Mi padre era un enfermo cardíaco, y cuando a él se lo llevan estaba haciendo reposo por un segundo infarto cardíaco. El muere a la salida del segundo recreo que le autorizan a los presos. Por un paro cardíaco a causa de las torturas.
Nunca recibió asistencia médica, medicación, ni nada.
Salían al recreo pensando que iban a jugar un partido de fútbol con una pelota de trapo que habían armado. Pero el partido nunca se llegó a jugar, ellos salen al recreo, mi padre se para en el arco y cae fulminado por un infarto.
Cuando mi padre muere ahí, el recreo se suspendió.
La denuncia está firmada por todos los abogados del SERPAJ y ahora espero del juez. Que es, según me decía Oscar López Goldaracena, un juez que trata de sacar rápido los casos.
La denuncia está hecha contra los mandos militares, policiales, civiles de esa época donde todavía estaba Bordaberry de presidente.
Ah…(un largo suspiro). Mirá agradezco la invalorable colaboración de todos los que me acompañaron, me apoyaron en esta etapa.
A los que hicieron de la solidaridad una razón de vida, a los que brindaron testimonios contribuyendo decisivamente a la recuperación de la verdad, a SERPAJ, a Sersoc, al senador Eduardo Lorier, a la Comisión de Derechos Humanos del PIT-CNT, a la abogada Pilar Elordoy que la verdad nunca me dejó caer y siempre estuvo al firme alentándome.
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VERONIKA ENGLER, HIJA DEL TUPAMARO HENRY ENGLER, RESPONDE A LAS HIJAS DE GAVAZZO Y MEDINA
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Antes de sentirse orgullosas,
deben averiguar las barbaries”
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La hija del tupamaro Henry Engler, Veronika, considera que las hijas de los ex oficiales José Nino Gavazzo y Ricardo Medina ostentan una “doble moral” y las insta a “averiguar bien” las “barbaries” que cometieron sus padres antes de afirmar sentirse orgullosas de ellos.
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Hija de un rehèn. Veronika Engler vive en Upsala, Suecia, desde junio de 1986. Estudió pedagogía en la Universidad de Upsala y trabaja con niños autistas. Es escritora, fundamentalmente volcada a la poesía. Publicó 'Numen' en Suecia y participó en varias antologías en España, Suecia y Argentina. En 2008 presentará en Montevideo el libro 'Un lugar sin duendes'. Es hija del tupamaro Henry Engler Golovchenko, uno de los nueve rehenes de la dictadura militar. Permaneció 13 años preso en condiciones inhumanas. Actualmente, reside en Suecia y es un científico destacado en todo el mundo por sus trabajos vinculados al tratamiento del Alzheimer y el cáncer.
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Veronika Engler respondió duramente a las afirmaciones formuladas por las hijas de Gavazzo y Medina en la entrevista publicada por Ultimas Noticias en su edición del 29 de setiembre.
Por iniciativa propia, Engler se comunicó con Ultimas Noticias vía correo electrónico desde Suecia y de allí surgió la siguiente entrevista.
- ¿Qué le provocó leer las declaraciones de las hijas de Gavazzo y Medina?
-Estupefacción frente a la doble moral que ostentan al quejarse de la situación que están viviendo, que es indiscutiblemente más humana y digna que la que vivimos las víctimas, directas o indirectas, de los militares implicados en los crímenes de la dictadura, a la vez que desacreditan el sufrimiento ajeno y pretenden sepultar el pasado.
- ¿Por qué responderles?
No responderles a ellas, sino hablarle al pueblo en general. No podemos vivir en el pasado, es verdad, pero también es verdad que debemos aprender del pasado para poder seguir adelante y no cometer los mismos errores en el futuro. Para poder construir un país mejor, más justo, hay que curar las heridas que aún están abiertas y darle voz a los interrogantes de nuestra generación, las anteriores y las posteriores a la nuestra.
- En este contexto, ¿cree que es posible la reconciliación?
-Nunca estuvimos conciliadas, vivimos historias distintas y evidentemente pensamos muy distinto. No me puedo identificar de ninguna manera con personas que desprecian el valor del respeto por los derechos humanos y son insensibles al sufrimiento ajeno, o lo justifican de la manera en que ellas lo hacen, pero somos todos uruguayos y tenemos que buscar la manera de coexistir. Creo que es ingenuo pensar que ellas van a cambiar de opinión, pero ojalá aprendan algo para transmitirle a sus hijos otro tipo de valores morales. El odio nos empequeñece, el querer esclarecer esos años oscuros, nada tiene que ver con el odio ni la venganza.
- Las hijas de Gavazzo y Medina intentan exculpar a sus padres en virtud de que formaban parte del Ejército y respondían a los mandos ¿Qué piensa sobre eso?
-Es cierto que el acto de torturar no fue cometido por individuos que se desprendieron de los mandos, fue una forma institucional de operar durante la dictadura militar. Hago, por lo mismo, responsable a los mandos de ello, pero también a quienes acataron sin cuestionar ese tipo de órdenes que van contra todo valor humano. Me pregunto en qué parte del cumplimiento del deber estaba el de aterrorizar a los familiares de esos hombres y mujeres que estaban siendo torturados, aprisionados y desaparecidos.
- ¿Considera que las hijas de ambos no estén al tanto de lo que hacían sus padres?
-Quizás las hijas/os de los torturadores no estén al tanto de la crueldad y los tormentos que implica la tortura, castigos muy refinados, la mayoría de las veces. Quizás haya que informarlos, y frente a la descripción de cada barbarie cometida por sus progenitores, preguntarles si consideran que ese era el deber de sus padres, preguntarles después de que lo sepan, si todavía están orgullosas de ellos.
- Ellas aseguran que no les interesa reivindicar el pasado.
- Este lavado de manos, muy a lo Pilatos, es muy cómodo y conveniente para sus padres y para todos los torturadores, pero suena cínico si se les dice a quienes aún no han encontrado los cuerpos de sus seres queridos, o han sufrido secuestros de niños. Es duro para esos niños que crecieron bajo la mentira, en senos de familias que no eran las de ellos, e inclusive para nosotros, hijos de ex presos, o ex rehenes de la dictadura militar, como en mi caso, que no pudimos evadirnos de las consecuencias y secuelas familiares que nos dejó el pasado, pasado que, según ellas, hay que borrar.
- En este mismo sentido, aseguran que el tema de las torturas o violaciones a los Derechos Humanos no les pertenece.
- Yo les pregunto; ¿a quién le pertenece este tema? ¿No es acaso un tema que nos incumbe a todos y cada uno de nosotros? ¿Les es posible vivir con dignidad y caminar con la cabeza en alto, cuando aseguran que no les ocupa que se hayan violado los derechos humanos? Evidentemente, sus padres, protagonistas de tal violación, no les enseñaron el valor de los tan mentados derechos humanos, ni a respetarlos, ni a defenderlos, hay sin lugar a dudas, una clara consecuencia entre el actuar de los padres y el decir de las hijas.
- Ellas cuestionan duramente a las organizaciones de DDHH, que afirman han armado un circo en torno a este tema.
- Organismos defensores de los derechos humanos se han visto involucrados en la denuncia de estos hechos, no fue mero invento de un grupo de enajenados, hay contundentes pruebas de las barbaries cometidas en nombre del poder. Se sabe de los secuestros, robo de niños, de las muertes, de la tortura. Un fenómeno realmente aterrador y el delito es doble delito si se comete en nombre de la patria.
- Afirman sentirse orgullosas de sus padres, ¿qué le provoca eso?
- Está bien no renegar de los padres, pero antes de asegurar sentirse orgullosas de ellos y desacreditar a la justicia, deben averiguar bien y de buena fuente las barbaries que ellos cometieron, por lo menos para no ser cómplices de ese horror y que sus hijos no se avergüencen de ustedes si algún día escapan al cinismo de cerrar los ojos frente a una realidad macabra, sufrida por muchos, que sumió a nuestro país en una larga pesadilla. Imaginen a Medina y Gavazzo, ya no matando en forma anónima, con un arma “legal” en nombre de la “defensa del país y el cumplimiento del deber”, sino, arremangados en un húmedo sótano, practicando la tortura a un hombre, a una mujer, que yace indefensa, despojada de toda posibilidad de defenderse. Imaginen a esos militares, que son también hombres, hijos, padres, presuntos seres “humanos”, insensibilizados ante los gritos de sufrimiento, ante la sangre y el dolor, torturando a seres que también tienen padres que los aman e hijos que los esperan.
Al principio, para arrancarles información y después para satisfacer un enfermizo sadismo, en el que me asusta pensar. ¿Se siguen sintiendo orgullosas?
El peso del apellido
- Las hijas de Gavazzo y Medina aseguran que llevar sus apellidos les supuso varios problemas. ¿Cree que es justo?
- Hablan de los problemas que trae el llevar el apellido de un torturador, creo que no es justo que las familias se vean afectadas de esa manera.
Pero pueden hablar con cualquiera de nosotros, hijos de presos políticos en épocas de dictadura, pueden hablar del dolor de que les arrebaten y encarcelen no solo al padre, sino en muchos casos a ambos padres, tíos y familiares.
Pueden hablar con nuestras familias de cómo explicar a los niños este hecho y cómo sobrellevar durante varios años, más de una década, las consecuencias de tener nuestros apellidos, en escuelas, en facultades y en el resto del ámbito en el que vivíamos.
Por suerte, sus hijos no les van a preguntar: ¿por qué no pueden tocar a sus abuelos en las visitas?, ¿por qué son apuntados con armas y hay alambres o rejas entre ellos y ese ser querido?, ¿por qué esa persona a la que van a visitar está sucio y enfermo, o apenas puede hablar? Qué suerte que no tengan que explicar a sus hijos que los seres queridos están siendo torturados, o que en cualquier momento pueden ser allanados y no saben qué es lo que puede pasar.
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Miércoles 7 de Noviembre de 2007
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LA REPUBLICA PAG. 6
Justicia y varios ex presos políticos realizaron inspección ocular al ex SID
El juez Charles, la fiscal Guianze y ex pasajeros del 'primer vuelo' recorrieron el edificio.
En el marco de la causa que indaga el "segundo vuelo" de Orletti, el juez penal de 19º Turno, doctor Luis Charles, y la fiscal penal de 2º Turno, doctora Mirtha Guianze, realizaron en la mañana de ayer una inspección ocular donde funcionó el Servicio de Información de Defensa (SID).
En el edificio, ubicado en Bulevar Artigas y Palmar - actualmente está ubicado el Centro de Altos Estudios Nacionales (Calen) -, habrían estado detenidos los "pasajeros" del "segundo vuelo" de Orletti, registrado en la madrugada del 5 de octubre de 1976.
En la instancia, estuvieron presentes los integrantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) Sara Méndez, Alicia Cadenas, Ana Inés Quadros, Gastón Zina, Sergio López Burgos y Eduardo Dean, todos ingresados a Uruguay desde Argentina en el "primer vuelo", quienes estuvieron detenidos en el SID.
También asistieron a la inspección ocular las abogadas Estela Arab y Rossana Gavazzo, defensoras de sus respectivos padres, Ricardo Arab y José Nino Gavazzo, procesados por la desaparición de Adalberto Soba, causa a la que se encuentra "acordonado" el expediente del "segundo vuelo".
Si bien el edificio ha sufrido importantes reformas, los ex presos políticos identificaron ante el juez y la fiscal la sala donde permanecieron detenidos, ubicada en el sótano, así como también los cuartos donde se realizaban los interrogatorios, dijeron fuentes que presenciaron la instancia.
Además, se ubicó una sala que denominaban el "tendedero", donde se presume que estuvieron detenidos los "pasajeros" del "segundo vuelo" de Orletti, que permanecen desaparecidos, y cuyo destino final intentan establecer el juez Charles y la fiscal Guianze.
En 1976, esta dependencia fue dirigida por el coronel Juan Antonio Rodríguez Buratti, quien se suicidó el año pasado previo a ser procesado por el "caso Soba". En el SID, también operaron Gavazzo, Arab, Luis Maurente, Gilberto Vázquez y Ricardo Medina, todos procesados por violaciones a los Derechos Humanos. En los próximos días, por este caso, declarará el ex canciller Juan Carlos Blanco, quien fue dado de alta días atrás y ya se encuentra alojado en Cárcel Central. Luego, el expediente pasará a la Fiscalía, para la elaboración de la acusación de los militares procesados por la desaparición de Adalberto Soba.
LA REPUBLICA PAG. 7
El profesor torturador de UTU, Abella Zuasti, 'operaba' en Buenos Aires en mayo de 1976.
Desde Suecia denuncian que en los días del asesinato de Michelini y Gutiérrez Ruiz el militar estaba en Argentina.
Alejandro Quiroga, un uruguayo radicado en Suecia, lo vio en un tren acompañado de "represores" argentinos el día que Peñarol jugaba contra Independiente por la Libertadores. Abella Zuasti había sido su compañero en el liceo militar y lo había amenazado en 1975 cuando fue liberado del Regimiento Nº 9º de Caballería. Quiroga, junto al escritor Carlos Liscano, fue víctima de una "purga" en la Escuela Militar de Aeronáutica en 1970. Abella, denunciado por el sindicato Afutu y separado del cargo por el Consejo de la UTU, fue reincorporado al plantel docente por el Codicen.
ROGER RODRIGUEZ - rogerrodriguez@adinet.com.uy
El profesor torturador Guillermo Abella Zuasti, recientemente reincorporado por el Codicen al cuerpo docente de la Enseñanza al revocar una resolución del Consejo de la Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU) que lo había suspendido, estaba "operando" en Buenos Aires en mayo de 1976, cuando fueron asesinados los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz.
La presencia de Abella Zuasti en Argentina en los dramáticos días del golpe de Estado militar que derivaría en la persecución, secuestro, traslado ilegal y desaparición de decenas de uruguayos que se habían exiliado en el vecino país, fue denunciada a LA REPUBLICA por Alejandro Quiroga Pérez, un uruguayo radicado desde hace muchos años en Suecia.
Alejandro Quiroga afirma que en mayo de 1976 se encontró en Buenos Aires a Abella Zuasti, a quien conocía personalmente por haber sido durante varios años compañeros del Liceo Militar y de la misma generación de cadetes de la Aeronáutica y el Ejército, y porque el torturador fue la persona que le abrió la puerta del cuartel del 9º de Caballería donde estuvo preso hasta el 24 de julio de 1975.
"En los días cercanos al secuestro y asesinato de Zelmar y Toba, en mayo de 1976, reconocí a Guillermo Abella en un tren que iba de Quilmes a Avellaneda. El estaba sentado tres asientos más atrás que yo y mi esposa. Viajaba junto a tres hombres que no reconocí pero que por su aspecto eran militares o policías. El me reconoció y riéndose me señaló con su índice a sus acompañantes", narra.
Quiroga explica que al reconocer a Abella tuvo miedo y junto a su esposa bajó en la siguiente estación, donde se confundió con una multitud que se dirigía al estadio de Avellaneda, donde jugaban el local Independiente contra Peñarol por la Copa Libertadores de América. El partido lo ganaron los rojos 1 a 0. Fue el 26 de mayo de 1976, seis días después del asesinato de Zelmar y el Toba.
"Te voy a buscar afuera..."
"Con Abella nos conocíamos desde hace tiempo. Fuimos compañeros de clase en el Liceo Militar en 1963 y 1964 y luego lo traté varias veces durante mi período como cadete de la Escuela Militar de Aeronáutica hasta 1970, cuando él era cadete de la Escuela del Ejército. No lo veía desde julio de 1975 cuando me largaron del 9º de Caballería, donde estaba preso", cuenta Quiroga.
"Ese día, recuerdo que en la Guardia de Prevención del 9º había un soldado sancionado y de plantón. Cuando entró Abella, el soldado le dijo algo así como "por qué me tienen a mí de plantón como a los pichis", y la respuesta de Abella fue darle un cachetazo para que se callara", explica Quiroga al subrayar las condiciones de represor del reintegrado profesor de la UTU.
"Esa fue la última vez que lo había visto antes de Buenos Aires, el día que me largaron del cuartel. Abella era teniente primero y ocupaba el cargo de capitán de Guardia. "Te suelto porque yo no soy el que decido, pero te voy a buscar afuera", fueron sus palabras de despedida. Tenía que presentarme al cuartel cada tres días, pero no volví nunca más y, con mi compañera, salí como clandestino para Argentina".
La esposa de Quiroga había sido liberada el día anterior, luego de cuatro años de cárcel en Cabildo y el Carlos Nery. Se casaron hace 45 años, cuando ella estaba libre y él se encontraba recluido en el Penal de Punta Carretas. Hoy tienen dos hijos, Gabriela, bióloga molecular, y Camilo Ernesto, técnico en redes de computación. Viven en Gotemburgo, donde dirigen una empresa de servicios.
Quiroga y su esposa se exiliaron en Suecia en 1976, tras el golpe de Estado en Argentina. En 1985 regresaron a Buenos Aires y un año después intentaron radicarse nuevamente en Uruguay, pero en julio de 1991, ante un quebranto de salud, debió volver a Suecia donde se le unió la familia. En 2006 se acogió a la Ley 17.949 de reparación de militares destituidos, pero aún espera una resolución.
"Aquella purga en aviación"
Alejandro A. Quiroga Pérez (CI 1.125.697-1) nació el 22 de febrero de 1948 y fue una de las víctimas de una recordada "purga" de estudiantes realizada en la Escuela Militar de Aeronáutica en 1970, cuando ya comenzaba la "selección" de mandos y oficiales que poco tiempo después protagonizarían el golpe de Estado en Uruguay.
El 11 de enero de 1971, el diario "Ya" publicó un artículo en el que hizo referencia a la purga en la aeronáutica, denunciada por el entonces senador Pedro Zabalza (padre del dirigente tupamaro). El episodio también fue confirmado a LA REPUBLICA por el escritor Carlos Liscano, quien había sido una de las víctimas de aquella purga y compañero de estudios de Alejandro Quiroga, cuya credibilidad ratificó.
"La Fuerza Aérea poseía información de inteligencia policial o militar sobre vinculaciones o simpatías de algunos cadetes del último año con la izquierda guerrillera y armó una operación de inteligencia, por la que siete cadetes fuimos sometidos a la justicia militar, donde nos dejan en libertad, pero luego un Consejo de Disciplina, en forma totalmente ilegal, nos da la baja", explica Quiroga.
Entre los siete sancionados estaban Liscano y Quiroga, quienes habían aprobado todos los cursos, otros cuatro cadetes daban sus exámenes finales y uno, compañero de tanda del actual comandante en jefe, Enrique Bonelli, daba exámenes para pasar al último año de estudios. "Fue una operación represiva del pachecato, unida a una limpieza preparatoria del golpe de Estado", sostiene Quiroga.
En febrero de 1971, Quiroga fue procesado por la Justicia civil por "asociación para delinquir e intento de rapiña". Estuvo preso en Punta Carretas y en el penal de Libertad.
Liberado en 1973, volvieron a detenerlo a fines de 1974 cuando asesinaron al coronel Ramón Trabal en París. Estuvo en el cuartel de Blandengues, en La Paloma y en el 9º de Caballería. Cuando lo soltaron, se exilió en Argentina.
Prontuario de un "docente"
El profesor Guillermo Abella Zuasti era docente del curso de rematador de la UTU en la Escuela de Administración del Prado, cuando a mediados de 2006 fue reconocido como torturador por una de sus víctimas, al aparecer en una foto con un grupo de militares y represores que fueron a solidarizarse con el coronel Jorge "Pajarito" Silveira, quien había sido citado por la Justicia penal.
Su identificación derivó en una denuncia de la Asociación de Funcionarios de UTU (Afutu), que tuvo como respuesta una suspensión de sus actividades docentes por el Consejo de UTU y llevó a confirmar el pasado como represor del militar, según constaba en los archivos testimoniales del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur).
Una investigación de LA REPUBLICA permitió agregar que Abella Zuasti había sido egresado de la terrorífica School of Americas (SOA) de Estados Unidos en Panamá, donde en 1969 realizó el curso "C-1" junto a los represores Mario Cola Silvera, Héctor Lluis, Luis Maurente y Antranig Ohannessian.
Abella, hoy con 60 años de edad, era conocido por el alias de "Cabeza Seca" y fue denunciado ante organizaciones de derechos humanos, por sus víctimas por tortura de picana, plantón, tacho, caballete y golpes, sufrida en 1972 en el 8º de Caballería y, posteriormente, en el 9º de Caballería. También es señalado como represor por el desertor Hugo Walter García Rivas.
Abella no aparece en el listado de militares enviados en misión oficial a Argentina en 1976, según las nóminas entregadas por el comandante en jefe general Hugo Medina al ministro de Defensa Juan Vicente Chiarino, durante el gobierno de Julio María Sanguinetti, cuando en 1986 la información fue solicitada por la investigadora parlamentaria sobre el asesinato de Michelini y Gutiérrez Ruiz.
ULTIMAS NOTICIAS PAG. 4
Blanco volvió a Cárcel Central. LE DIERON EL ALTA.
EL EX CANCILLER Juan Carlos Blanco regresó a Cárcel Central tras ser dado de alta en la mutualista donde se encontraba internado desde julio pasado. Según pudo saber Ultimas Noticias, las autoridades carcelarias deberán asegurar que Blanco reciba tratamiento tres veces por semana, tal como dispuso su médico tratante.
Blanco debió regresar a la cárcel luego de que no prosperó el pedido de su abogado defensor, Carlos Curbelo Tammaro, de otorgar el beneficio de prisión domiciliaria.
Si bien el letrado apeló la decisión del juez Roberto Timbal, el Tribunal de Apelaciones aún no se pronunció sobre el punto.
Timbal negó la solicitud de la defensa sobre la base del informe elevado por la junta de peritos del Instituto Técnico Forense (ITF), que concluyó que Blanco está en condiciones de cumplir prisión ordinaria.
Blanco fue puesto en prisión hace casi un año, el 16 de noviembre de 2006, a raíz de su procesamiento por los asesinatos de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw.
Permaneció en Cárcel Central desde esa fecha y hasta la primera quincena de julio, cuando fue internado en la Asociación Española debido a un cuadro de neumonía.
La solicitud de prisión domiciliaria de la defensa se basó en informes médicos que sostenían que, de regresar a Cárcel Central, el ex canciller podría recaer en "una neumonía aguda", corriendo riesgo su vida. A efectos de determinar las condiciones de salud de Blanco, y si éstas le impedían estar en la cárcel, la fiscal Mirtha Guianze solicitó al juez Timbal la formación de una junta médica.
EXPEDIENTE EN FISCALÍA
Por su parte, el juez Charles ya elevó el expediente de los traslados clandestinos de 1978 a la fiscal Guianze, quien se encuentra abocada por completo a su estudio y a la redacción de su dictamen.
Se prevé que Guianze se pronuncie antes de fin de mes sobre la situación del ex dictador Gregorio Álvarez y de los ex oficiales de la Armada Jorge Tróccoli y Juan Carlos Larcebau.
TESTIMONIOS
A lo largo del recorrido junto al juez Charles y la fiscal Guianze, los ex presos políticos revivieron las torturas y los apremios de los que fueron objeto en 1976 luego de que fueron traídos de Buenos Aires en el llamado primer vuelo, ocurrido en julio de ese año.
"Reconocimos el baño adonde nos llevaban", dijo Alicia Cadenas al salir de la actual sede del Calen. Si bien lo vio cambiado, recordó la presencia de una bañera en el lugar, "donde nos hacían bañar con la puerta abierta para que todos los militares que querían, nos miraran cómo nos bañábamos desnudas".
Asimismo, Cadenas reconoció una pieza "lúgubre" y "sin ventanas" donde los militares realizaban el "submarino" y la "picana". "A mí me dieron una paliza a golpes ahí", recordó.
Por su parte, Eduardo Dean sostuvo que en dicho lugar se hicieron presentes los argentinos Aníbal Gordon y "el Paquito". Asimismo, se mostró firme en su presunción de que el 5 de octubre de 1976 llevaron allí a los presos del segundo vuelo, porque "hubo un gran despliegue".
VOCES DEL FRENTE PAG. 5
Anulación, militares y partidos.
Sólo una cosa no hay. Es el olvido. J. L. Borges
Por Hoenir Sarthou
La frase que oficia como epígrafe de esta nota la citó el martes de mañana María Esther Gatti de Islas, durante una conferencia de prensa brindada por la Coordinadora por la anulación de la Ley de Caducidad. Por estos días, en algún lugar de Haití, el general Raúl Gloodtdofski habrá estado arrepintiéndose. ¿De qué podría arrepentirse Gloodtdofski? Seguramente no de haber dado un golpe de Estado en junio de 1973. Ni de haber invadido el Palacio Legislativo el 27 de ese mes. Tampoco de los secuestros, torturas, violaciones, desapariciones y asesinatos cometidos en dictadura por la fuerza que él integra. Menos de haber dado información falsa sobre la ubicación de los cuerpos de loa desaparecidos en el informe que el entonces presidente Jorge-Batlle encargó a las Fuerzas Armadas. Ni tan siquiera de haber amenazado de muerte, ahora, hace bien poquito, al periodista Roger Rodríguez. ¿De qué podría estar arrepintiéndose el general Gloodtdofski, entonces? Calculo que de haber abierto la boca. Claro, no hablamos de abrir la boca para confesar la verdad, ni para decir dónde están los desaparecidos. Hablamos de abrirla para recriminar a la Marina y a la Fuerza Aérea por haber dejado sólo al ejército en el cuidado del secreto, en la defensa de la impunidad y en la lucha contra el gobierno. Ah..., me olvidaba, ya que tenía la boca abierta, el general aprovechó para amenazar a oficiales de la Marina, advirtiéndoles: "Esta vez se las vamos a cobrar". Esa apertura de boca es la que, por una rápida y adecuada decisión de la Ministra de Defensa, le costará el cargo en Haití y le acarreará posiblemente otras sanciones. Este lunes, el ex-dictador y también general Gregorio Álvarez fue a declarar a un juzgado penal. A diferencia de María Esther Gatti, Gregorio Álvarez padece de olvido. No recordó nada de los crímenes que cometieron él y sus subordinados cuando era comandante en jefe del Ejército. Tampoco de los que se cometieron despuéís, cuando fue "presidente". Eso sí, a diferencia de Gloodtdofski, Gregorio Álvarez cerró la boca. Juegos terribles de la memoria, la palabra y el olvido. Formas opuestas de recordar y de "olvidar". La de quienes reclaman desde hace más de treinta años saber qué pasó con padres, hijos o nietos, y la de quienes desde hace más de treinta años esconden el secreto y esquivan a la justicia.
CUANDO EL OLVIDO FALTA A LA CITA
Cuando estas cosas ocurren, uno puede sentirse tentado a dejarse llevar por la impotencia. Más de treinta años.-veintitrés de ellos en democracia- viendo a los militares "cuerpear" a la justicia, más de treinta años viéndolos negar algo que ningún ser humano podría negar a otro, como es conocer el destino final de un padre o de un hijo y el lugar donde fueron escondidos sus restos, más de treinta años viendo a madres y abuelas que reclaman ese mínimo derecho a saber qué fue de sus seres queridos, pueden terminar haciéndonos creer que la situación es irremediable. Pueden hacernos creer que estamos condenados a vivir por siempre en la ocultación, la impunidad, el miedo y la resignación. Este clima enfermizo (que tanto indigna y les cuesta entender a algunos jóvenes) es fruto de la forma en que se salió de la dictadura. De alguna manera, la ley de caducidad fue un gran pacto de olvido entre los militares y el poder político de la época, un pacto impuesto a la ciudadanía bajo el hecho consumado del desacato y la amenaza no demasiado velada de un nuevo golpe de Estado. Sin embargo, el olvido no se decreta. Por algo durante tanto tiempo persistieron las voces de los familiares de los desaparecidos. Por algo cada 20 de mayo es más grande y más juvenilmente renovada la marcha de los que reclaman "verdad y justicia". Por algo la (jomisión para la Paz no logró dar vuelta la página. Por algo el tema no se ha laudado. Por algo la Coordinadora por la Anulación de la Ley de Caducidad promueve una reforma constitucional que declare nula la ley. Es que - repito - el olvido no puede decretarse. Cuando los crímenes son terribles, no es posible olvidar. Sólo es posible apelar al efecto saneador de la verdad y de la justicia. Porque no es posible olvidar, pero es posible superar. Se requiere, eso sí, conocer los hechos y asumir las responsabilidades. Que todos las asumamos.
LA ANULACIÓN, ASUNTO CIUDADANO
La propuesta de anular la ley de caducidad ("anular" y no "derogar", porque la derogación sólo surte efectos hacia delante y noelimina los efectos ya producidos) ha removido a todos los partidos políticos.
En el Frente Amplio, pero también en el Partido Nacional, han surgido personalidades dispuestas a firmar para hacer posible la reforma constitucional que disponga la anulación. Intendentes, líderes, parlamentarios y dirigentes de diversos ámbitos estudian los aspectos políticos y jurídicos del problema, analizan posibilidades, cuentan votos y voluntades, observan la actitud de sus aliados y sus rivales. Me atrevería a decir que, en el plano íntimo, muchísimos dirigentes y militantes frenteamplistas y blancos desearían la anulación de la ley. Y me consta que hay también votantes colorados en la misma posición. Demasiados sufrimientos
y humillaciones pasamos todos durante la dictadura para no querer ver eliminada esa norma injusta y vergonzosa que nos recuerda cada día un tiempo que querríamos superar, ya que no olvidar. Muchos militantes no lo dicen por consideraciones de orden político. Por disciplina partidaria, por no apartarse de los ritmos de decisión de sus dirigentes y compañeros, por temor a causar problemas al gobierno o al partido al que pertenecen.
El tema - el verdadero tema - es que la anulación de la caducidad no es un asunto partidario. Es político en el más profundo de los sentidos, pero no es partidario.
La decisión de dejar impunes a los asesinos a sangre fría de más de doscientas personas, a torturadores y violadores sistemáticos, a secuestradores de niños, no es ni puede ser cuestión de estrategia política. Ningún sistema democrático confiable puede edificarse sobre semejante atrocidad. Ninguna sociedad que se respete puede exigirle semejante sacrificio a ninguno de sus integrantes. Sería un precedente inadmisible para el futuro.
Por eso, la anulación es ante todo un asunto ciudadano. Una cuestión de cada uno de nosotros con su conciencia. Sin importar a qué partido vote o a quién quiera como presidente.. La pretensión de gobernar o disciplinar partidariamente la decisión de cada uruguayo en esta materia no puede dar buen resultado. Me atrevería a decir que, sea cual sea la posición oficial de cualquier partido, será desobedecida. En todos los partidos habrá gente que no estará dispuesta a aceptar órdenes en semejante tema. Por eso, tal vez, dejar a sus adherentes en libertad de acción, en libertad de decidir según la propia conciencia, sea. la postura más compatible con la democracia y la actitud más sabia que podrían adoptar las dirigencias políticas. Eso, claro, tiene algunos requisitos. El principal es que los sectores políticos que ya han adherido a la campaña anulatoria no intenten atribuirse éxitos por la marcha o el resultado de la iniciativa. Es decir, que la iniciativa misma conserve su esencial carácter independiente y ciudadano.
Es imprescindible que los únicos derrotados tras la anulación sean los violadores de los derechos humanos. Y que todos los demás podamos compartir y celebrar una victoria justa, pacífica, saneadora y largamente añorada.
EL OBSERVADOR PAG. 7
Juez inspeccionó vieja “casona” de torturas. UNA RECORRIDA CON LOS DETENIDOS Y LAS HIJAS DE LOS EX MILITARES GAVAZZO Y ARAB.
Charles fue ayer en el ex Servicio de Inteligencia buscando detalles del “segundo vuelo”.
En esa pieza nos hacían el submarino y nos daban picana”. “Ese era el baño que usábamos. Está igual. Siempre estaba la puerta abierta y cuando las mujeres se bañaban, los militares las miraban”. Así describieron cinco ex detenidos integrantes del Partido por la Victora del Pueblo (PVP), la planta baja del Centro de Altos Estudios Nacionales (Calen), en la que funcionó en 1976, el Servicio de Información de Defensa (SID) . Era “la Casona”, una de los centros de torturas por el que pasaron los pasajeros del primer vuelo clandestino antes de ser liberados. Los ex detenidos están convencidos que ahí estuvieron los trasladados en el segundo vuelo porque alrededor del 5 de octubre, fecha del viaje, hubo gran despliegue en la casa. Por eso se llevó a cabo esta medida como última prueba dentro del expediente denominado con ese nombre.
Eduardo Dean, Ana Quadros, Alicia Cadenas, Gastón Zina, Sara Méndez y Sergio López Burgos, recorrieron la planta baja del edificio junto al juez Luis Charles y la fiscal Mirtha Guianze. También asistieron las abogadas Rosana Gavazzo y Estela Arab, hijas y defensoras de José Gavazzo y Ricardo Arab.
Ambos están procesados por la desaparición de Adalberto Soba, y candidatos a ser enjuiciados ahora por este expediente, ya que se estima que como parte de su actuación en coordinación con militares argentinos trasladaron en ese vuelo a un grupo que se estima de entre 16 a 22 personas, que fueron asesinados posteriormente en Uruguay.
Inspección. La medida ya había sido dispuesta por el juez para verificar los lugares y la descripción que habían realizado al declarar los ex detenidos. La ministra de Defensa, Azucena Berruti había señalado al magistrado que la inspección se concretaría cuando ella lo dispusiera. Ayer fue el momento que Berruti consideró oportuno para que la Justicia se constituyera en el local de Bulevar y Palmar.
Un coronel vestido de civil los recibió y fue el encargado de mostrarles el lugar mientras el actuario tomaba actas de todo lo que veían y de las declaraciones de los ex miembros del PVP. El juez prefirió que no se tomaran fotografías y se conformó con dar un detallado vistazo en las instalaciones.
López Burgos le mostró al juez el lugar donde estaba detenida Pilar Nores, la ex dirigente del PVP que admitió haber colaborado con los militares y por ese motivo recibió un trato privilegiado durante su detención allí. Según López Burgos, por el lugar en el que estaba Nores, en el piso de arriba, tuvo que ver a los integrantes del segundo vuelo, mientras estuvieron allí.
Los ex detenidos notaron diferencias en la estructura del local, donde se realizaron algunas reformas, pero reconocieron la sala donde se le aplicaba tortura, los baños estaban idénticos, y también se conserva la escalera hacia la habitación en la que estaba María Claudia García de Gelman, nuera del poeta Juan Gelman y los niños Anatole y Victoria Julién, cuyos padres son desaparecidos.
El caso denominado “segundo vuelo” será retomado luego de qe la fiscal Guianze se pronuncie sobre los traslados de 1978, otro de los grandes expedientes por violaciones a los derechos humanos. Una vez que pida los primeros procesamientos, el juez Charles le remitirá este expediente y es probable que la representante del Ministerio Público solicite procesamientos por este caso.
CIEN PAG. 12
La ley de reparación quedó congelada. Por lo menos hasta el 2009.
Luego de cuatro meses de inactividad, la comisión encargada de analizar el proyecto se reunió de manera informal y lo volverá a hacer en 15 días. Pero lo cierto es que no hay clima para sacarla adelante y se considera inoportuno el momento político, ya que por estos días se da un desfile de militares por los estrados judiciales.
El proyecto de ley para reparar a las víctimas de la sedición y del terrorismo de Estado quedará en el freezer, por lo menos, hasta el último año de este gobierno, informaron a El Observador fuentes políticas. Los legisladores no aprueban que se retome el debate en torno a esta iniciativa en momentos en que existe un desfile de militares ante los estrados judiciales.
La comisión que tiene a estudio este proyecto se volvió a reunir el pasado jueves 1º, aunque sin mayores consecuencias. Los legisladores volverán a juntarse en 15 días.
"Éste es un tema muy serio; la reunión informal no tuvo avances", sentenció la diputada de Asamblea Uruguay, Daniela Paysée.
Consultada por su visión particular sobre el tema dijo que "todas las opiniones las vierte en el grupo de trabajo, porque se trata de un tema muy serio y hay que manejar los tiempos del mismo". Otra de las preocupaciones de algunos parlamentarios surge a partir de que se debe dar mucha discusión previa para que no se haga una doble lectura de una futura ley, tanto en la interpretación como
en el consenso.
Los dos demonios
La base del proyecto de reparación presentado por el Poder Ejecutivo surge de una iniciativa del diputado Daniel García Pintos (Lista 15), quien integra, además, la Asociación 14 de Abril de Homenaje Permanente a los Caídos en Defensa de las Instituciones Democráticas y la Libertad. Entre otros, la organización está conformada por el teniente general Raúl Mermot, Duilio Zuppardi y José Fajardo.
El proyecto original del gobierno proponía otorgar una reparación de US$ 150 mil a los familiares directos de "víctimas de la sedición", en total 66 policías, militares y civiles. También incluyecomo beneficiarios a los familiares de 26 desaparecidos durante la dictadura militar. Para ambos casos, se trata de hechos ocurridos entre 1962 y 1976.
La iniciativa cayó como un baldazo de agua fría entre los parlamentarios izquierdistas, ya que suponía dar por buena "la teoría de los dos demonios", es decir, poner en un pie de igualdad a quienes fueron detenidos-desaparecidos como consecuencia del terrorismo de Estado y a quienes murieron cumpliendo sus funciones en tanto agentes del Estado. Además, existían diferencias con algunos nombres que aparecían en la lista de familiares a reparar como el caso de Ramón Trabal. El asesinato del ex coronel en Francia sigue siendo un mito y no son pocos los que consideran que fue ejecutado por los propios militares.
Una de las asociaciones que más se opuso al proyecto oficial es la de ex presos políticos Crysol.
La organización presentó un proyecto de "reparación integral" a las "víctimas del terrorismo de Estado" y de la "actuación ilegítima" en la etapa anterior a la dictadura, que contempla a quienes sufrieron las secuelas físicas y psíquicas de la tortura.
La idea de la asociación impulsaba la indemnización a todas aquellas personas que desde junio de 1968 fueron torturadas en las cárceles,
incluyendo a las madres a quienes les expropiaron sus hijos y a los nacidos en cautiverio.
El criterio de Crysol es que entre junio de 1968 yjunio de 1973 hubo una "actuación ilegítima del Estado" desde que comenzaron a aplicarse de manera sistemática las medidas prontas de seguridad durante el gobierno de Jorge Pacheco Areco.
Los representantes legales de dicha asociación señalaron que, desde 1973 hasta marzo de 1985, lo que hubo fue "terrorismo de Estado" durante todo el transcurso de la dictadura militar.
El criterio a adoptar para esta reparación que propone Crysol difiere sustancialmente del de la iniciativa remitida por el Poder Ejecutivo al Parlamento, elaborada inicialmente por García Pintos, porque mientras en ese proyecto se estableció una reparación fija de US$ 150.000 para
la
familia de cada desaparecido o asesinado durante los enfrentamientos entre miembros de las Fuerzas Conjuntas y militantes de grupos de izquierda, el proyecto de Crysol toma como parámetro para la reparación un monto por cada día de cárcel sufrido por las víctimas del terrorismo de Estado y de la actuación ilegítima antes de la dictadura.
El "Nunca Más"
La presentación del proyecto de reparación no fue un hecho aislado en la política de derechos humanos del actual gobierno. El presidente de la República, Tabaré Vázquez , convocó a sus ministros, subsecretarios y legisladores de la fuerza política, el 4 de junio de 2007, en el Salón de Actos del Edificio Libertad, para comunicarles el "sentido" y la "forma" de la conmemoración del día del "Nunca Más", previsto para el 19 de junio.
Como antecedente de esto, el 26 de diciembre del 2006, Vázquez, había firmado una resolución por la que se declaraba culminada la primera etapa en las investigaciones de desapariciones por móviles políticos en territorio uruguayo y fijó el
19 de junio de cada año como el día del "Nunca Más".
En ese contexto, Vázquez, haciendo uso de su temperamento, dijo en dicha instancia que "la enorme mayoría de los uruguayos logra avanzar en la reconciliación y el reencuentro", y asumir que "nunca más un hermano se enfrentará a otro hermano".
"Ese día, que es de encuentro de los uruguayos con sus raíces, también debe ser el día del compromiso de que nunca más sucedan hechos de intolerancia y violencia entre los uruguayos", expresó.
BÚSQUEDA PAG. 3
Muertos por tortura enterrados...
En 1974 y 1975 para no afectar “sensación de tranquilidad”. Los restos de una treintena de militantes izquierdistas muertos por tortura en unidades militares del país en los primeros años de la dictadura fueron sepultados clandestinamente, y luego desenterrados entre fines de 1984 y principios de 1985 para ser quemados "con gasoil en tanques de 200 litros", declaró el ex coronel Gilberto Vázquez en una audiencia judicial el 24 de octubre, según se informó a Búsqueda.
"Si alguien se moría había que hacerlo desaparecer", dijo Vázquez ante el juez Luis Charles y la fiscal Mirtha Guianze, al comentar una orden que atribuyó al entonces comandante en jefe del Ejército Julio C. Vadora. Reveló que la orden fue dispuesta para no afectarla "sensación de tranquilidad" que vivía el país en los años 1974 y 1975, época en que "había una crisis económica". En setiembre de 2006 Vázquez fue procesado por
Charles junto con los militares retirados Ernesto Ramas, Jorge Silveira, José Niño Gavazzo, José Arab y Luis Maurente y los policías retirados Ricardo Medina y José Sande. Todos
fueron imputados del delito de privación de liberad. El siguiente es parte del interrogatorio judicial referido a la "operación zanahoria": "- ¿Cómo era esa operativa? - Se buscaba a mano, con una varilla, teniendo un lugar aproximado. Se desenterraba
y se quemaban con gasoil en tanques de 200 litros los esqueletos y las cenizas se tiraban a un arroyo, no se cuál, una cañadita. Se hizo en el campo frente al (Batallón) 14.- ¿En algún otro lugar? - No sé. Tengo entendido
que el lugar fundamental era ése.-¿Cómo lo sabe?-Comentarios de la época, a fines del '85. No voy a decir de quiénes eran los comentarios. Están todos muertos.- ¿Quién estuvo a cargo de esa operativa? - El coronel (Alfredo) Lamy. El que ordenó la cosa es el general Washington Várela y el ejecutor
fue el coronel Lamy. - ¿Con qué personas se realizó esa operativa? - Con dos o tres jefes más del servicio, seleccionados por él, que están todos muertos. - Diga los nombres. - Déjelo así. - ¿Se utilizó algún tipo de maquinaria? - Que yo sepa no. Se hizo a pala.-¿Cuántos cuerpos? -Cerca de treinta". Al continuar el interrogatorio, Vázquez dijo que esa operación se realizó entre
fines de 1984 y principios de 1985 y que él se enteró después."¿Conoce usted si las personas detenidas en Argentina y trasladadas a Uruguay en el vuelo del 5 de octubre de 1976 fueron fusiladas en una unidad militar?", preguntó el juez. "No conozco, pero no encuentro la menor lógica, porque en Argentina se mataba a todo el mundo así que no veo para qué traerla a matarla acá", contestó. "¿Quiénes son entonces los 30 muertos que sacaron (en la Operación Zanahoria) del batallón N" 14?", insistió Guianze. "En todas las unidades se interrogaba y se hacía con métodos duros. En 1974 o 1975 se dio la orden verbal de que no podía aparecer ningún muerto, orden que vino del Comando del Ejército, en ese momento el comandante era Vadora. A mi me la dio (el jefe del Servicio de Inteligencia Amaury) Prantl".
BÚSQUEDA PAG. 6
La fiscal Guianze pedirá el procesamiento de Gregorio Alvarez..
El procesamiento del único presidente militar del gobierno de tacto, teniente general retirado Gregorio Alvarez, será solicitado en los próximos días por la fiscal Mirtha Guianze, por su "responsabilidad cupular" - como ex comandante en jefe del Ejército - en la desaparición de 21 presos políticos trasladados a Uruguay en abril de 1978, dijeron a Búsqueda fuentes cercanas a la investigación. Alvarez, que el 26 de noviembre cumplirá 82 años de edad, fue uno de los militares que a comienzos de los años setenta participó activamente en la gestación del golpe de Estado del 27 de junio de 1973. El 1o de febrero de 1974 asumió como jefe de la División de Ejército IV en Lavalleja y entre febrero de 1978 y febrero de 1979 fue comandante en jefe del Ejército. El militar pasó a retiro al cesar en la comandancia del Ejército y el 1º de setiembre de 1981 fue designado presidente de la República. Entregó el gobierno el 12 de febrero de 1985 al entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia, Rafael Addiego, quien le dio posesión al presidente Julio María Sanguinetti el 1º de marzo de 1985.La responsabilidad de Alvarez se investigó en una denuncia que presentaron ex militantes del Grupo de Acción Unificadora (GAU). La mayoría fueron secuestrados en Argentina el 21, 22 y 27 de diciembre de 1977. Unos pocos habían desaparecido antes, en junio y agosto de ese año. Los denunciantes aportaron una serie de documentos y testimonios que arrojan indicios de que varios de los secuestrados fueron traslados a Uruguay y de la participación activa en esos hechos de integrantes del cuerpo de Fusileros Navales (Fusna) de la Armada uruguaya. Por esa razón, Guianze también se expedirá sobre la responsabilidad de marinos retirados. Uno de los elementos centrales por los se considera que Alvarez tiene responsabilidad es la Orden de Servicio N° 7777, de julio de 1978.Ese documento dice: "Este Comando no permitirá fijar forma de revisionismo de lo actuado por sus integrantes durante la Guerra contra la subversión y si alguna actividad reñida con los derechos humanos se le adjudica, el suscrito se responsabiliza de haber dado la primera orden en ese sentido, por su condición de jefe del Estado Mayor Conjunto en la época de referencia". La tesis de la "responsabilidad cupular" ya fue utilizada por Guianze al pedir el procesamiento del ex canciller Juan Carlos Blanco. La fiscal recibió el expediente el martes 6,, al día siguiente en que Alvarez prestara declaración en el juzgado por estos hechos, asistido de sus abogados, Carlos Curbelo Tammaro y Pedro Montano. Ayer miércoles 6 la fiscal - que solicitó dos días de licencia para trabajar en el caso - había avanzado "sustancialmente". Casi diariamente asistió a las declaraciones de testigos y denunciantes. Por esa razón, no se descarta que el pedido de procesamiento se produzca "rápidamente", relataron fuentes judiciales. Es posible que el juez de la causa, Luis Charles, tome una decisión antes del lunes 26, cuando su juzgado entra de turno. A declarar en el juzgado, Alvarez negó haber tenido conocimiento de que durante su gestión militar jerárquica se hubieran producido detenciones ilegales o desapariciones. Recordó que las decisiones políticas se tomaban en conjunto con la Junta de Oficiales Generales. Destacó que durante su gestión se llevó a cabo la apertura política.
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