Con una sencilla ceremonia realizada en el Parque Vaz Ferreira

donde se encuentra el Memorial que recuerda a los Detenidos

Desaparecidos se conmemoró el Día Internacional del Detenido Desaparecido.

  La oratoria estuvo a cargo de Martín Castellini a nombre de Niños en

Cautiverio Político y de Oscar Urtasún en nombre de Madres y Familiares

de Detenidos Desaparecidos.

  En su alocución Urtasún señaló que las Fuerzas Armadas uruguayas

siguen secuestrando a los detenidos desaparecidos, siguen cometiendo

delito de lesa humanidad por desaparición forzada. Si bien las

responsabilidades son individuales no se puede eximir a las

Fuerzas Armadas de su responsabilidad institucional y convocó

a toda la ciudadanía para anular la ley de caducidad en el plebiscito

Del 25 de Octubre.


 

Comenzó la campaña fuera de frontera

Víctor Hugo y China: SI por el voto epistolar


Dos días después del lanzamiento oficial de la campaña en Montevideo, la actriz China Zorrilla y el popular relator deportivo Víctor Hugo Morales se sumaron el vienes, en Buenos aires, a la campaña por el voto de los uruguayos en el exterior.
La Comisión Pro Voto Epistolar comenzó la campaña fuera de frontera, sumando sus primeras adhesiones en la República Argentina, donde reside el mayor número de uruguayos.
En ambos casos, se trata de destacados compatriotas residentes en Argentina desde hace años.
Además de China Zorrilla y Víctor Hugo, también se adhirieron el viernes por la tarde el actor Juan Manuel Tenuta y los humoristas Sebastián Almada y Alvaro Navia.
De este modo, y organizado por los grupos de Consejos Consultivos de Argentina, se dio el puntapié inicial a la campaña en Buenos Aires por el SI al voto epistolar.
En ese marco, los promotores de la iniciativa tomaron contacto con varios referentes uruguayos en el exterior.
El diputado por el Frente Amplio Edgardo Ortuño (Vertiente Artiguista) y otros integrantes de la Comisión, visitaron a Víctor Hugo Morales en los estudios de radio Continental.
Más tarde se trasladaron al teatro La Comedia, donde se obtuvo la adhesión de la destacada actriz.
También se están haciendo contactos para sumar el apoyo de los actores Osvaldo Laport y Natalia Oreiro, quienes en ese momento no se encontraban en la Argentina, informó el diputado Edgardo Ortuño, quien participa activamente en la campaña y fue el promotor del proyecto de ley que será puesto a consideración de la población el próximo 25 de octubre, junto al plebiscito para anular cuatro artículos de la Ley de Caducidad.
Estas acciones de promoción por el derecho al voto de los uruguayos en el exterior se repetirán sin distinciones partidarias en otros países, como en España y Estados Unidos, donde también hay importantes colonias de uruguayos residentes.
El sábado último, la Comisión Pro Voto Epistolar realizó un acto en Buenos Aires, en la sede de la Asociación de Trabajadores del Estado de la calle Belgrano.
En el mismo sentido, el Frente Amplio organizó otro acto en Morón, a favor de la iniciativa.
Asimismo, los uruguayos en Argentina preparan dos grandes movilizaciones para el mes de setiembre.
 

VOTO DE LOS URUGUAYOS

Según datos de la Cancillería, los emigrados uruguayos rozan los 600 mil, en una población poco superior a los 3,3 millones de habitantes.
Una encuesta de Equipos Mori reveló que 54 por ciento de los electores votaría por el SI y 36 por el NO, mientras que el 10 por ciento restante no ha tomado una decisión sobre el tema.

 


¿Un corso a contramano?

 

DECLARACIÓN     PÚBLICA

CRYSOL, asociación de ex-presos políticos de Uruguay, ante las diversas informaciones  de prensa referidas a un proyecto de ley de reparación integral que el gobierno está preparando declara que:

1. La desaparición forzada de personas, el traslado y la ejecución sumaria de prisioneros, el robo de niños y el cambio de identidad, la práctica sistemática de la tortura,  las violaciones, los abortos provocados, la omisión de asistencia en el Hospital Militar, fueron crímenes que se planificaron y ejecutaron desde el Estado, con equipos especializados, entrenados y formados para su realización, y esas violaciones contaron con la participación o complicidad de civiles y de medios de comunicación. Esos crímenes dejaron una secuela de horror y muerte que aún pesan en la sociedad uruguaya.

2. Es de conocimiento público que se organizaron operaciones ilegales: Cóndor, Morgan, etc., realizadas por las FFAA en su conjunto, ejército, marina y aviación, y por la policía con la colaboración estrecha de los servicios de Relaciones Exteriores. La tortura sistemática y masiva practicada en nuestro país, los traslados ilegales de prisioneros así como las inhumaciones clandestinas, los numerosos centros de tortura que funcionaron en todo el territorio nacional, son parte de la represión y el Terrorismo de Estado que sustentó a la dictadura.

3. La parte de la verdad que se ha logrado construir en los años post-dictadura la debemos principalmente a la lucha de los familiares, de los ex-presos políticos, de los sobrevivientes de los “pozos”, y a los organismos de derechos humanos en su conjunto. Todos ellos siguen clamando por VERDAD y JUSTICIA  y solicitan que el Estado apoye activamente las investigaciones, dando protección a las víctimas y constituyéndose  parte civil en los juicios junto a las asociaciones de derechos humanos.

 A más de 24 años del retorno a la institucionalidad democrática llegó el momento de que el Estado uruguayo:

 1. Asuma su responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad, inamnistiables e imprescriptibles, y que se investiguen todas las denuncias y los recursos de amparo presentados antes, durante y después de la dictadura. Que se lleven adelante los juicios  a los responsables intelectuales  y materiales de las violaciones a los derechos humanos, según estipula la legislación nacional e internacional, garantizando así el NUNCA MáS.

 2. Que los ex-presos políticos y todo el universo de víctimas de la dictadura deben ser reparados por el proyecto de Reparación Integral actualmente a estudio del Poder Ejecutivo. Que la Resolución 60/147 de la ONU debe ser respetada ya que trata de manera racional y completa todos los aspectos que deben ser tenidos en cuenta en una norma de estas características. Para ello se debe implementar de manera adecuada y adaptada a la realidad uruguaya los principios básicos de restitución, rehabilitación,  indemnización, satisfacción y garantías de  no repetición.

  3.  Que una auténtica ley de reparación ajustada a derecho, basándose en la resolución de las Naciones Unidas:

 a. Debe incluir el reconocimiento público de los hechos, restablecer la verdad  y la aceptación de las responsabilidades inherentes en todos los planos por parte del estado.

 b. Debe incluir una declaración oficial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de las víctimas y de las personas más vinculadas a ella.

 c. Debe establecer conmemoraciones para preservar la memoria colectiva de lo vivido y rendir homenaje colectivo e individual para una adecuada dignificación de las víctimas.

 d. Debe afirmar la justicia y reconocer el derecho pleno de las víctimas a acceder a ella promoviendo, además, las investigaciones que correspondan.

 e. Debe indemnizar de una manera adecuada todos los daños económicamente evaluables, tales como el daño físico o mental, la pérdida de oportunidades, en especial las de empleo, educación y prestaciones sociales, los daños materiales y la pérdida de ingresos, incluidos el lucro cesante y los perjuicios morales.

 f. Debe asegurar la atención médica y sicológica y el apoyo jurídico y social a todos los efectos que puedan corresponder.

 g. Debe incluir en sus beneficios a todas las víctimas sin ninguna distinción perjudicial por motivos de raza, color, género, orientación sexual, edad, idioma, religión, creencia política o religiosa, origen nacional, étnico o social, situación económica, nacimiento, situación familiar o de otra índole o impedimento físico.

 h. Debe restablecer los derechos previsionales y pensionarios aún no resueltos o conculcados en las diferentes leyes aprobadas en estos 24 años.

 En estas circunstancias CRYSOL afirma:

 1. Que la asociación CRYSOL nunca obtuvo para su examen el texto del  proyecto de ley que el gobierno actualmente tiene en estudio y que fue elaborado por un grupo de parlamentarios de la fuerza política gobernante.

 2. Que el único proyecto de ley reparación integral que se ha presentado públicamente hasta el momento y que cumple con la normativa de DDHH que Uruguay ha ratificado en los foros internacionales, es el que presentó Crysol junto con el Dr. Oscar López Goldaracena el 9 de Julio del año 2007.

 3. Que, salvo la ley 15 737 y la ley 17 949, todas las leyes aprobadas desde 1985 hasta el presente han sido leyes de carácter previsional y pensionaria o de reintegro a los puestos de trabajo pero no son leyes de carácter indemnizatorio ni reparatorio como dan a entender las fuentes gubernamentales.

 4. La aprobación de una ley de Reparación Integral para todas las víctimas del Terrorismo de Estado es un paso decisivo e indispensable para continuar la transición democrática iniciada en 1985 y barrer con las secuelas de más de dos décadas de cultura de la impunidad. De esa manera se fortalecerá la institucionalidad democrática y el estado de derecho, se  aplastará la cultura de la impunidad, se robustecerá la cultura y la filosofía humanitaria, de respeto a los derechos humanos y a las libertades democráticas. Es un paso ineludible para avanzar hacia un Uruguay justo y democrático. Y esa es la única manera de  romper con 40 años de silencio y mentiras.

 5. La aprobación de dicha ley debe permitir afirmar la justicia como valor conceptual y como norma de vida, para acabar con los vestigios y resabios del terrorismo de Estado y de la cultura de la impunidad, para que el Nunca Más Terrorismo de Estado no sea simplemente una expresión de deseos y tenga sólidas bases jurídicas, políticas, morales y éticas.

 6. Es necesario aprobar una ley de reparación integral que abarque a todas las víctimas, a todos los universos de víctimas, sin exclusiones, a todos quienes sufrieron de manera directa violaciones a sus derechos por parte del estado, de sus instituciones, de sus funcionarios y de sus agentes, en Uruguay y fuera del país, durante la gestación y durante todo el desarrollo del proceso cívico militar.

 

 Por la anulación de la Ley de Caducidad

 

Por Verdad, Justicia, Memoria y Reparación Integral

 

  Crysol

 

asociación de ex pres@s polític@s de Uruguay

 



En el Plenario realizado el martes 23 de diciembre asumieron las nuevas autoridades de Crysol que
fueron elegidas en el acto eleccionario llevado a cabo el jueves 18 del presente mes.
De izquierda a derecha. Uberfil Martínez (Presidente de la Comisión Fiscal), Américo "Miko" Roballo
(Vocal), Gastón Grisoni (Secretario), Julio Martínez (Vocal), Lía Maciel (Vicepresidenta), Baldemar
Taroco (Presidente), de pie, Rosario Peguito (Tesorera), Francesca Vaselli (Vocal), sentado adelante,
Alberto Mas (Comisión Fiscal).
 


El sábado 6 de Diciembre se llevó a cabo el 10º Asado Anual de ex pres@s

polític@s en el ex Parque Durandeau de Montevideo. Más de 800 asistentes

tuvo la reunión durante el transcurso del día.  


Frente al Edificio Anexo del Palacio Legislativo. En la foto, los asistentes escuchando el mensaje de Crysol.

El martes 23 de setiembre marchamos desde la Universidad hasta la Plaza

Cagancha reclamando una Ley de Reparación Integral Sin exclusiones.

 


A lo largo del año, Crysol llevó a cabo diferentes acciones propagandísticas

y agitativas en diferentes lugares de Montevideo. Acá el viernes 9

de mayo el lugar elegido fue la Plaza Cagancha.


El martes 11 de marzo se presentó en el Palacio Legislativo el libro “Derecho a la

Reparación Integral. Terrorismo de Estado”, del Dr. Oscar López Goldaracena

Editado por la organización. En la foto, el Dr. Felipe Michelini, Subsecretario del

  Ministerio de Educación y Cultura (MEC), el Dr. Oscar López Goldaracena y

Guillermo Reimann, Presidente de Crysol.


En pleno febrero, una delegación se reúne con el Dr. Gonzalo Fernández,

Secretario de la Presidencia de la República Oriental del Uruguay. En la

foto, Baldemar Taroco (Secretario de Crysol) y Chela Fontora.


el 2008 de Crysol en imágenes

Reunión de la Comisión Directiva a comienzos de año preparando

el plan de trabajo anual de la institución. De izquierda a derecho: Rosario

Peguito, Baldemar Taroco, Guillermo Reimann, Gastón Grisoni, Ruben Díaz,

Jesús Ponce, Lía Maciel y Carmen Vernier.


La República. Contratapa.

LA LEY DE REPARACION INTEGRAL

Por Constanza Moreira |*|

Pocos días faltan para que el Parlamento apruebe todas las materias que entrañan gasto presupuestal. De hecho, el plazo vence este 25 de octubre. Frente a esto, varias iniciativas se amontonan en el Palacio Legislativo. Una es el proyecto, presentado por Crysol ­una organización que nuclea a ex presos políticos­, de una Ley de Reparación Integral para todas las víctimas del terrorismo de Estado que implemente, en la legislación uruguaya, la normativa internacional en materia de derechos humanos (Resolución 60/147 de las Naciones Unidas).

 

La reparación integral comprende la 'indemnización' en el plano previsional y pensionario a todos los ciudadanos que se vieron imposibilitados, por razones políticas, gremiales o ideológicas, de ejercer su derecho al trabajo desde la implantación de las Medidas Prontas de Seguridad el 13 de junio de 1968 hasta el advenimiento de la democracia el 1º de marzo de 1985.

 

La Ley se enmarca en la Convención Americana de Derechos Humanos, según la cual los Estados deben respetar y garantizar los derechos de todos los ciudadanos sujetos a su jurisdicción, sin ninguna clase de excepción o discrecionalidad.

 

Son varias las iniciativas, que se verifican en el Uruguay desde el retorno de la democracia hasta ahora, de leyes aprobadas por el Estado en materias análogas a ésta. La primera data de 1985 (ley 15.783) y fue la que permitió la restitución de los funcionarios públicos que habían sido apartados de su función por razones políticas. En el año 2002 se aprobó la ley 15.749, orientada hacia la actividad privada. A comienzos del año 2006 se promulgó la ley 17.949 para los militares perjudicados por la dictadura y, finalmente, en octubre de ese mismo año, se aprobó la ley jubilatoria 18.033.

 

Sin embargo, sigue faltando una Ley de Reparación Integral que contemple a todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos realizadas en nombre de ese Estado, reza el texto que propone la ley.

 

Esta iniciativa incorpora no sólo derechos pensionarios o previsionales, sino otras medidas destinadas a la reparación, en el plano de los símbolos o los principios. Así, propone que el Estado uruguayo y sus instituciones representativas, en ceremonia protocolar y en fecha significativa, asuman su responsabilidad por las gravísimas violaciones a los derechos humanos que se cometieron (esto incluye, claro está, a las Fuerzas Armadas como institución). En segundo lugar, propone institucionalizar un Día Nacional de la Memoria. Sugieren que ese día sea el 11 de abril en recordación del genocidio de Salsipuedes (considerado el primer 'genocidio' ­el texto lo llama etnicidio y culturicidio­), perpetrado en 1831 contra los charrúas que acompañaban a Artigas. Junto con ello, proponen que pasen a ser Centros Culturales de la Memoria el Centro de Altos Estudios Militares (Calem), lugar donde estuvo detenida María Claudia García de Gelman y los detenidos desaparecidos durante el segundo vuelo, así como el ex Penal de Punta de Rieles, donde se recluyó y torturó a centenares de uruguayos.

 

Pero las razones por las que la ley debe ser aprobada antes del 25 de octubre de este año, en razón a la imposibilidad normativa de aprobar leyes con previsión de gasto presupuestal en años electorales, es porque incluye la concesión de una indemnización pecuniaria que se define como 'proporcional a la gravedad del daño cometido'. Asimismo, se propone subsanar las insuficiencias y carencias de la ley anterior (la de 2006) y que privan del derecho de reparación a los familiares de los detenidos desaparecidos, asesinados o muertos en tortura. Tampoco comprende a los ex presos liberados antes de 1973, o los detenidos fuera de las fronteras nacionales en el marco del Plan Cóndor.

 

Existen fundamentos doctrinarios que amparan esta ley, no sólo en el derecho, sino también en la filosofía, en especial en la que trata con los principios de justicia vinculados a los derechos humanos y al ahora concebido como 'terrorismo' de un Estado contra sus ciudadanos.

 

Desde que se formuló la doctrina de los 'derechos naturales', en el siglo XVII, de la mano de la consolidación de los Estados-Nación, los ideales de justicia han ido de la mano con dos conceptos fundamentales: castigo y reparación. Ambos conceptos de justicia fueron ligados a dos principios filosóficos básicos: el del castigo (negativo) y el de la reparación (positivo). ¿Cuánto castigo y cuánta reparación? El límite del castigo remite a 'tanto cuanto sea necesario' para ocasionar un efecto disuasorio en quienes podrían venir a practicarlo (y eso es lo que impone límites al castigo, especialmente evitando la 'ley del talión': es decir, un castigo, cuya cuantía sea equivalente a la falta cometida). El derecho de reparación remite a 'tanto cuanto se pueda' para volver al individuo a la situación 'original' en la que estaba antes de que se cometiera la falta contra sí mismo. En los casos de lesiones físicas (incluyendo la muerte), claro está, se hace imposible volver a la situación de origen.

 

Los dos principios entrañan significados diferentes: el concepto de castigo es esencialmente negativo, y el de reparación, positivo. Nuestra legislación funciona en general más aceitadamente en relación al castigo, que en relación a la reparación.

 

Cuando se consolida la figura de 'terrorismo de Estado' (prácticamente ausente en la teoría de los derechos naturales), aparece este principio, vinculado a los derechos humanos, del Estado como agente de daño. Dado que el Estado no puede castigarse a sí mismo (por eso los Estados 'piden perdón'), la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas incorpora los principios de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición y prevención.

 

Las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura (y antes), han generado una consigna clara, en casi todos los movimientos de derechos humanos: justicia y verdad. La primera refiere a las dos dimensiones anteriormente señaladas: castigo a los culpables, y reparación de las víctimas. En cuanto a la verdad, refiere al acceso público a la información (no sólo al acceso de los familiares directos, sino de todos los ciudadanos) sobre los hechos acaecidos en el período.

Uruguay, a diferencia de Argentina (Informe Sábato) y de Chile (Informe Rettig), es tardío en su tránsito hacia la 'verdad'.

 

La información de que se dispone, es aún fragmentada y dispersa, y recién dos décadas después, con el triunfo del Frente Amplio ­y el antecedente de la Comisión para la Paz, en el período de Jorge Batlle­ se consigue acceder a alguna información, en especial, sobre los delitos de desaparición forzada, que al mismo tiempo ni prescriben, ni están comprendidos en la Ley de Caducidad.

 

La justicia en Uruguay tardó, pero no llegó, aun cuando, a escala uruguaya, la aplicación del artículo 4 durante el actual gobierno representa un hito histórico en la forma en que tradicionalmente, gobierno tras gobierno, se venía administrando este tema.

Asimismo, mucho puede discutirse sobre los efectos que tendría la anulación (o derogación) de la Ley de Caducidad.

 

Pero no puede discutirse que la Ley de Caducidad impone límites muy claros y precisos a cualquier búsqueda de 'justicia' en relación al terrorismo de Estado, y que su texto, por decir lo menos, es completamente anacrónico y contradice los principios fundamentales de la normativa internacional sobre este tema.

 

La reparación integral forma parte de este proceso, y entraña, al mismo tiempo, un reconocimiento cabal de la responsabilidad del Estado en las violaciones de derechos humanos durante la dictadura, y especialmente antes. Representa un avance indiscutible en un tema que concierne no sólo a los afectados, sino a todos los ciudadanos. Todo reconocimiento que se haga en este sentido ayuda a la construcción de la memoria colectiva, y establece un claro antecedente de responsabilización del Estado, que funciona como una salvaguarda para los ciudadanos.

 

Sin embargo, frente a otros temas, que han concitado gran urgencia por parte de legisladores, como el proyecto de la Caja Bancaria, el actual proyecto de ley, no ha tenido el debido trámite en comisiones, aunque la legisladora Margarita Percovich ha sostenido que el mismo será aprobado en fecha 'sobre tablas'. Esperemos que así sea.

 

|*| Politóloga. Universidad de la República.

 

20 de Octubre de 2008


__________________________________________________

Ponemos en conocimiento de todas y todos de que en el día de hoy se nos informó telefónicamente por el Dr. Miguel Toma, Secretario de la Presidencia de la República Oriental del Uruguay, que no existen plazos legales para que una ley de reparación integral para las víctimas del Terrorismo de Estado sea sancionada por el Parlamento.

 

Se nos informó además que un proyecto de ley sobre dicha temática se encuentra a estudio del Ministerio de Economía y Finanzas y que una vez que el mismo esté pronto para ser remitido al Parlamento será puesto en conocimiento de nuestra organización.

 

A continuación transcribimos una nota de prensa aparecida en La República en el día de hoy.

 

El nuevo proyecto se encontraba ayer en Economía

Ley de Reparación: faltan firmas de García y Vázquez

El Estado está dispuesto a reconocer su responsabilidad en la realización de torturas, desapariciones, encarcelamientos por motivos políticos, homicidios, haber producido graves daños sicofísicos, así como obligar al exilio a miles de uruguayos.


Reparación integral. Abarca el período 1968 a 1985. Así lo establece el proyecto de Ley de Reparación que aprobó una Comisión Especial de legisladores del Frente Amplio (Margarita Percovich, Gustavo Cánepa, José Luis Blasina y Daniela Paysée) y que fuera entregado al Poder Ejecutivo.

 

Según informaciones recabadas por este diario ayer de tarde el proyecto se encontraba en el Ministerio de Economía a la espera de la firma del ministro y así culminar el periplo ministerial y ser devuelto al presidente Tabaré Vázquez para su firma y envío a la Asamblea General.

 

Esta nueva ley busca amparar a los luchadores sociales en el período en el que predominó la Doctrina de la Seguridad Nacional (del 13 de junio de 1968 al 26 de junio de 1973) y durante el período dictatorial (27 de junio de 1973 al 1º de marzo de 1985).

 

Todo aquel que haya sufrido algún tipo de violación a sus derechos humanos por parte de agentes del Estado o de quienes, sin serlo, hubiesen contado con su autorización, tanto dentro como fuera de fronteras es amparado por la ley.

Esta ley, conviene aclararlo, no suplanta a la 18.033, ya vigente, sino que amplía el horizonte de luchadores sociales a reparar.

 

Dentro de la concepción de Reparación se incluye un documento público que acredite la condición de víctima, la colocación de placas recordatorias de lo sucedido en lugares donde se hayan violado los derechos humanos y la promoción de acciones simbólicas de reparación moral.

 

Se otorga también prestación médica (sicológica, siquiátrica, odontológica y farmacológica en forma gratuita y vitalicia y se otorgará por una única vez una indemnización económica cuyo monto no está aún determinado.

 

Finalmente, se crea una Comisión Especial, en el ámbito del Ministerio de Educación para dar cumplimiento a lo establecido por la ley que se integrará con cinco miembros: el del MEC será el presidente, uno por Economía y Finanzas, uno por Salud Pública y dos delegados de las organizaciones de familiares y luchadores víctimas del terrorismo.

 

Martes 21 de Octubre de 2008

 



Informamos a todas y a todos los ex presos políticos que se encuentra en nuestro país un grupo de documentalistas españoles y que desean
contactar a quienes en diferentes momentos de su vida conocieron al
compañero 'gallego' Más Más.
 
Mañana viernes 24 de octubre, a la hora 19.00 se llevará a cabo una reunión al respecto en nuestra sede social.
 
Exhortamos a quienes lo conocieron o puedan aportar información valiosa al respecto a que concurran a dicha reunión.


Crysol
asociación de ex pres@spolític@s del uruguay
Lorenzo Carnelli 1294. Telefax: 418 3017
Montevideo.Uruguay
 
crysol2003@yahoo.com.ar




Tal como estaba previsto, en la tarde de ayer se llevó a cabo una nueva concentración en la
Explanada del Edificio Anexo del Palacio Legislativo convocada por Crysol en reclamo de una
Ley de Reparación Integral para todas las víctimas del Terrorismo de Estado sin exclusiones
 
Aproximadamente, más de 300 personas asistieron a la concentración que se llevó a cabo
desde la hora 16.00 hasta las 18.00 horas.
 
En el transcurso de la misma, Guillermo Reimann (Presidente), Gastón Grisoni (Vicepresi-
dente) y Chela Fontora hicieron uso de la palabra informando a los presentes de las
últimas novedades con que cuenta la organización y que ya fuera difundida masivamente
por medios electrónicos.
 
En el correr de los próximos días comenzará una nueva fase de la movilización: la del
tratamiento parlamentario del Proyecto de Ley que el Poder Ejecutivo remitirá al Parlamento
para que sea sancionado.
 
La unidad de todas y de todos los ex presos políticos agrupados en la organización que los
representa y que ha obtenido los logros que se han alcanzado, junto con la movilización y la
participación masiva serán decisivos para seguir avanzando.
 
Entre los asistentes se difundieron fotocopias del presunto proyecto de ley de reparación
integral que será remitido por el Poder Ejecutivo pero su autenticidad no pudo hasta el
momento ser confirmada.
 
En este sentido se señala expresamente que cuando la institución reciba formalmente el
proyecto de ley que presentará el Poder Ejecutivo o cuando acceda al mismo de manera
oficial o confiable, el mismo será difundido electrónicamente.
                                                              
 
 
 
 
 

Welcome to our website
  • Próximamente nos mudamos.  
La Intendencia Municipal de Montevideo entregó a nuestra organización las llaves del ex Club Municipal (Joaquín Requena entre Brandzen y Ana Monterroso de Lavalleja) y en los próximos días se formalizará la concesión de dicho local para que sea la sede de nuestra organización.
El local se encuentra en malas condiciones de mantenimiento y requerirá una fuerte inversión para dejarlo habitable y confortable pero posibilita que tengamos un lugar estable y seguro para funcionar y tener el Crysol que tod@s queremos.
Se designó por parte del Plenario una comisión de trabajo para planificar el trabajo de acondicionamiento imprescindible y organizar la mudanza a corto plazo. Están tod@s convocados para dar una mano. Quienes quieran colaborar deben ponerse en contacto con Jorge Epíscopo (Mochuelo) o Joaquín Baisón.
                                                                                                                      
  • 4 y 5 de Octubre en el MUME.  
Al celebrarse el Sábado 4 y el Domingo 5 de Octubre próximos el Día del Patrimonio se solicita a todas y a todos los compañeros que puedan colaborar para ayudar a la vigilancia de las instalaciones del Centro Cultural y Museo de la Memoria (MUME).
Se trata de cubrir dos jornadas laborales desde las 10 horas hasta las 18 horas. Los voluntarios para colaborar deben ponerse en contacto con la cra. Lía Maciel.
  • Colaboración con Cuba.
  A propuesta de la Comisión Directiva, propuesta formulada por el Tesorero, cro. Ruben Díaz, el plenario celebrado el pasado jueves 18 de setiembre resolvió que nuestra institución destine u$s 1.000.- para colaborar con la campaña de solidaridad con Cuba.
  • Gracias Tatiana.  
La voz que aparece en la pauta publicitaria que irradia en los actuales momentos M 24  convocando a la marcha del martes 23 de setiembre es de la cra. Tatiana Taroco (hija de ex presos políticos) quien se prestó a colaborar con la grabación de la misma.
  • Se designó Comisión Especial.  
Previendo que en los próximos días el FA presentará un proyecto de Ley de Reparación Integral, que se contará con plazos muy perentorios a los efectos de poder proponer cambios y modificaciones y que demandará formular propuestas específicas para influir positivamente en el curso de los acontecimientos, el plenario del día jueves 18 de setiembre creó una Comisión Especial de Trabajo a tales efectos.
La Comisión Especial designada por unanimidad en el Plenario está integrada por: Guillermo Reimann, Gastón Grisoni, Lía Maciel, Chela Fontora, José Silva, Francesca Vaselli y Julio Martínez.
La Comisión Especial tomará como base de trabajo la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas, el Proyecto de Ley de Reparación Integral presentado por Crysol junto con el Dr. Oscar López Goldaracena y el documento Luces y Sombra de la Ley 18 033. Además de estudiar el proyecto que se presente tiene como potestades proponer cambios y modificaciones al texto que se presente a nombre del colectivo.
  • A  participar y dar una mano con la convocatoria.
Exhortamos a todas las ex presas y a todos los ex presos a participar en la marcha del día 23 de Setiembre que partirá desde la Explanada de la Universidad hasta la Plaza Libertad. Además, los exhortamos a colaborar activamente, por todos los medios, en la convocatoria para lograr una buena concurrencia. El 25 de Octubre vencen los plazos legales para que el Parlamento pueda aprobar una Ley de Reparación Integral para todas las víctimas del Terrorismo de Estado.
* Próximo Plenario.
El próximo plenario se llevará a cabo el Jueves 25 a las 19,30 horas en nuestra sede.
                                                                                                    Crysol




Una delegación de Crysol fue recibida por la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados. La delegación de Crysol estuvo integrada por Lía Maciel, Francesca
Vaselli, Chela Fontora, José Silva y Gastón Grisoni.
 
 
 
En su alocución, realizada por la Cra. Francesca Vaselli, Crysol abogó por la imperiosa necesidad de aprobar una Ley de Reparación Integral para todas las víctimas del Terrorismo de Estado y que
implemente en la legislación uruguaya, la normativa internacional de DDHH, en especial la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas. Al mismo tiempo exhortó a los integrantes de la Comisión de Seguridad
Social a que hagan sus mayores esfuerzos para que en dicha ley se aborden todos los temas previsionales que han quedado pendientes de resolución para avanzar efectivamente en el camino de la justicia
en todos los planos.
 
 
En su intervención, el Dip. José Luis Blasina señaló que en la actualidad existe un equipo de trabajo del FA que se encuentra abocado a la redacción de un proyecto de Ley de Reparación
Integral que será dado a conocer a la brevedad. El mismo debe ser aprobado antes del 25 de Octubre del presente año.
 
Un par de decenas de ex presas y de ex presos políticos, portando carteles alusivos,   acompañaron a la delegación de Crysol.
 
El próximo martes 23 de Setiembre, Crysol, llevará a cabo una marcha callejera en reclamo de la
aprobación de una Ley de Reparación Integral para todas las victimas del Terrorismo de Estado y que cumpla con la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas. La marcha partirá a la hora 17.30 de
la  Explanada de la Universidad y recorrerá 18 de Julio hasta la Plaza Libertad.
 
 
Crysol
 
Asociación de ex pres@s polític@s de Uruguay
 
 

Solicitud de apoyo a Cejil para operar ante
la Comisión Interamericana de DDHH.
 
 
Sin perjuicio de mantener su movilización en el plano nacional, el  plenario de Crysol en su sesión del día jueves 4 de Setiembre resolvió solicitar  asesoramiento al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) con el propósito de recurrir ante la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH) de la OEA para lograr la plena y efectiva implementación de los derechos  a una auténtica reparación  integral de las y de los ex presos políticos y de  sus familiares durante el período del Terrorismo de Estado en Uruguay.
 
 
A más de 23 años del retorno a la vida institucional, el Estado uruguayo aún no ha cumplido cabalmente sus obligaciones jurídicas, políticas y éticas de reparar de manera integral a las víctimas del Terrorismo de Estado.
 
CEJIL, con sede central en Costa Rica y oficinas en toda la región, es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano.
 
El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional.
 
CEJIL fue fundado en 1991 por destacados defensores de derechos humanos del continente con el propósito de asegurar un mayor acceso al Sistema Interamericano para las víctimas de violaciones de derechos humanos.
 
Los mecanismos de protección internacional ofrecen un recurso indispensable en la búsqueda de justicia por abusos cometidos en una región donde la impunidad prevalece.
 
En el año 2006 Cejil presentó ante la Comisión Interamericana de DDHH la solicitud de Macarena Gelman ante el archivo en la judicatura uruguaya de la investigación por la desaparición de su madre María Claudia García de Gelman. Recientemente el caso tuvo resolución favorable y la decisión fue comunicada al gobierno uruguayo.







Fernando Lugo pidió perdón a todas las víctimas de la dictadura stronista por las persecuciones y muertes durante el régimen despótico.
 
El mandatario expresó su deseo de que nunca más se vuelva a repetir un gobierno autoritario en el país.
 
Con la presencia de decenas de víctimas de la dictadura stronista, autoridades nacionales y delegaciones extranjeras, se entregó ayer el informe final de la Comisión de Verdad y Justicia, en medio de profunda emoción de los presentes.

El presidente de la República , Fernando Lugo, pidió perdón, en nombre de la nación, a todas las víctimas que sufrieron persecución y tortura durante la dictadura de Alfredo Stroessner, constituyéndose en el primer mandatario de la transición que reconoce la culpa del Estado.

Perdón, en nombre de la nación paraguaya, por tanta soledad a la que fueron sometidos cuando la savia fértil de vuestra sangre preparaba la tierra de una patria nueva. Perdón, perdón por cada centímetro de dolor que laceró el territorio corporal, físico, anímico y espiritual de los luchadores de nuestra patria nueva, mientras otro país dormía la siesta insensible de la convivencia con una dictadura oprobiosa”, expresó muy emocionado.

Dijo que la presentación del trabajo de la Comisión marca un día histórico en el país, ya que este es el tiempo de la reconciliació n, por medio de la reparación histórica, de verdad y de justicia para todos los paraguayos. Destacó también la labor patriótica de los comisionados y de los funcionarios de este organismo. “De esto salta el desafío a la clase política y a la investigación judicial, para entregarles luego, a las generaciones vigentes y a las que vendrán, como la gran advertencia de un pasado que no se debe volver a repetir jamás”, indicó el titular del Ejecutivo.

Añadió que con esto se debe construir un Paraguay sin murallas para el pensamiento, sin cadenas para la rebeldía y sin exilio para la disidencia. Reiteró que la justicia tiene el gran desafío de reivindicarse.

El discurso motivó el llanto de varias víctimas y de algunos ministros del gabinete.

Por su parte, el canciller Hamed Franco señaló que no se harán reclamos a gobiernos extranjeros, sino reparación para todas las víctimas.

Ananías Maidana y Luis Alfonso Resck también recordaron las atrocidades de la dictadura y exigieron reivindicació n de la justicia.

SECRETARÍA DE DD.HH.

Entre las recomendaciones más resaltantes del informe se menciona la creación de la Secretaría Nacional de Derechos Humanos, que pueda canalizar todas las denuncias y continuar con la labor de la Comisión , que fenece en mandato.

También se pretende fomentar el regreso voluntario y seguro de los exiliados, que se encuentran en distintos países. Además de modificar la ley 838/96, sobre indemnizaciones, para que se reconozca la reparación a todos aquellos que sufrieron destierro.


Crysol
Lorenzo Carnelli 1294. Telefax: 418 3017
Montevideo.Uruguay




La bancada parlamentaria femenina ha impulsado una consulta sobre iniciativas que deberían promoverse. A tales efectos, es posible hacer llegar sugerencias a la siguiente dirección electrónica:
 
 
Exhortamos a todas las ex presas políticas y a todas las compañeras a que, además de expresar sus propias opiniones al respecto, promuevan la temática de la reparación integral en dicho ámbito a la mayor brevedad.
 
A continuación se transcribe un borrador que podría ser utilizado al respecto.
 
                                  ----------------------------------
 
A 23 años de iniciado el proceso de reconstrucción democrática las Mujeres Uruguayas víctimas de las gravísimas violaciones a los DDHH seguimos esperando a que el Estado Uruguayo asuma la responsabilidad de los bábaros actos cometidos a través de sus funcionarios militares y civiles contra la mayoría de la población.
 
Más de la mitad de la ciudadanía siempre ha sido compuesta por mujeres.
 
MUJERES que con su vida sostuvieron durante los oscuros años a hijos e hijas, esposos y novios, hermanas y hermanos, sobrinas, primos, vecinas, compañeros de trabajo y estudio.
Los abrazaron mientras ellos y ellas eran perseguidos, desaparecidos, asesinados, torturados, encarcelados y exiliados.
 
Los abrazaron cuando iban siendo liberados o retornaban a casa hasta que  todas y todos fueron liberados y pudieron también retornar al paisito.
 
Los siguen abrazando mientras piden saber la Verdad : ¿dónde están?¿qué hicieron con las y los detenidos desaparecidos?
MUJERES perseguidas, apresadas, humilladas, torturadas, vejadas, violadas, asesinadas, desaparecidas. 
MUJERES madres y hermanas de niñas y niños sometidos a tortura psicológica durante largos años.
MUJERES desaparecidas cuyos bebés fueron robados, regalados o, ¿vendidos? 
Las MUJERES Uruguayas: madres, esposas, hijas, hermanas, novias, compañeras de trabajo, vecinas, primas, amigas...
Las MUJERES Uruguayas, las que siempre estamos presentes, seguimos esperando a que los representantes del Estado: hijos, esposos, vecinos, compañeros de estudio y de trabajo, compañeros de la lucha por la Democracia y por una sociedad con justicia social sin exclusiones. Esos representantes del Estado, y que por ahora siguen siendo en su gran mayoría Hombres, se hagan cargo de la barbarie, pidan perdón y reparen tanto dolor y sufrimiento. 
 
Para que nuestra Democracia siga avanzando es imprescindible cerrar las profundas heridas sobre las cuales se viene reconstruyendo. Solamente con el reconocimiento de la verdad, la reparación integral y la educación permanente en Derechos Humanos será posible esa cicatrización.
 
Y para eso aquí estamos, como siempre presentes, las MUJERES URUGUAYAS. 
 


Crysol
Lorenzo Carnelli 1294. Telefax: 418 3017
Montevideo.Uruguay
 




Expulsión de Omar Lucas López.
 
Por medio del presente correo electrónico ponemos en conocimiento de todas y de todos nuestros asociados que el plenario de nuestra organización realizado el día jueves 14 de agosto de 2008, resolvió la expulsión del padrón institucional, de Omar Lucas López en aplicación del art. 9º de nuestros estatutos vigentes.
 
Motivó la expulsión,  los hechos que dieron mérito a las causas que se vienen tramitando ante la justicia penal, así como también otros hechos aún no aclarados totalmente protagonizados por el Sr. Omar E. Lucas López en perjuicio de la institución.
 
Viudas y Viudos que cobran la PER.
 
Informamos que a partir del mes de Octubre del presente año, las viudas y viudos que cobran la Pensión Especial Reparatoria  (PER) ingresarán al sistema informático del BPS.
 
Por este motivo podrán acceder a todos los beneficios que presta el BPS a todos sus beneficiarios (préstamos, etc) y también podrán hacer efectivos sus haberes en las mismas condiciones que el resto de los jubilados y pensionistas.
 
Estar al día con la cuota social.
 
Exhortamos a todas y a todos los ex presos políticos a ponerse al día con su contribución social. Ser soci@ de la institución y estar al día con la cuota social será decisivo, en los próximos meses, para gozar de los beneficios que tienen en la actualidad  y tendrán los socios de la institución.
 
Desde el mes de mayo del presente año,hemos dispuesto que la cobranza de la cuota social se realice también a domicilio.
 
Quienes la lleven a cabo a nombre de la institución están debidamente identificados y entregan los recibos oficiales correspondientes. (A través de ellos, incluso, es posible adquirir el libro del Dr. Oscar López Goldaracena sobre Derecho a la Reparación Integral).
 
Quienes deseen pagar su cuota social en la institución como hasta el presente pueden hacerlo de lunes a viernes de 18 a 20 horas contactando al compañero Ruben Díaz.
 
También se puede abonar la cuota social depositando el importe de la misma directamente en las cuentas bancarias de la institución. Posteriormente se pueden canjear los comprobantes del depósito por el recibo oficial.
 
Las cuentas bancarias de Crysol son las siguientes:
 
Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU). Son Caja de Ahorro.
 
En pesos uruguayos: 190 0444 559
 
En dólares americanos: 190 0444 567
 
Por el momento las cuentas bancarias de Crysol están a nombre de los siguientes cros: Guillermo Reimann (Presidente), Baldemar Taroco (Secretario) y Ruben Díaz (Tesorero).
 
El monto de la cuota social es de $ 140.-
 
La Comisión de Finanzas se reúne todos los jueves a la hora 19.00 en nuestra sede social y la participación en ella es abierta a todas y a todos quienes quieran sumarse a colaborar.
 
Acceso a préstamos especiales del BPS.
 
A partir del mes de Octubre, todos aquellos que perciben la Pensión Especial Reparatoria (PER), podrán acceder a los préstamos especiales que concede el BPS a los efectos de adquirir lentes, prótesis dentales y otros insumos para la salud. Las consultas deben realizarse ante el BPS.
 
Finanzas especiales.
 
Con el propósito de ayudar a solventar los gastos extraordinarios que demanda la actual movilización por la aprobación de la Ley de Reparación Integral para todas las víctimas del Terrorismo de Estado, la Comisión Directiva ha decidido llevar a cabo una campaña especial de recaudación de fondos.
 
Mediante dicha campaña  se contactará a ex presas y ex presos políticos que ocupan cargos de gobierno a distintos niveles para que efectúen una contribución especial.
 
Plenarios en el mes de Setiembre.
 
Este mes, los plenarios se llevarán a cabo el Jueves 4 y el Jueves 18 de Setiembre, en nuestra sede social, a la hora 19.30 en ambos casos.
 
Nos movilizamos nuevamente por la Ley de Reparación Integral.
 
El próximo Martes 23 de Setiembre a las 17.30 horas, nos concentraremos en la Plaza Libertad y marcharemos hasta la Plaza Independencia.
 
Asistencia Odontológica para beneficiarios de la Ley 18 033 .
 
A partir del 1ero. de setiembre en el Hospital Maciel se brindará a los Beneficiarios de la Ley 18 033  que tengan carné de Asistencia Integral, asistencia odontológica los días lunes de 12 a 14hs. y  los días martes de 12  a 13hs.
 
Dicha asistencia será brindada por la Dra. ELENA NOZAR.
 
Los pacientes deberán solicitar día y hora a través del teléfono 915 3000 interno 2108 de lunes a viernes de 9 a 14hs.
 
En caso de no poder concurrir a la cita fijada, se debe comunicar con antelación al mismo teléfono.  
 







Informamos  que el día de hoy, martes 26 de agosto,  falleció el Compañero
Jorge Torres (Alfil) 
  en Montevideo,   a la edad de 71 años.

 
Jorge Torres  permaneció recluido  varios  años  en el Penal de Libertad durante el período del Terrorismo de Estado.
 
El velatorio se realiza en la empresa Abate (en el buceo) y el sepelio será a la hora 11 del miércoles 27.
 
El colectivo de Crysol rinde homenaje a este auténtico protagonista de la lucha del pueblo uruguayo y hace llegar sus sinceras condolencias  a sus familiares,  a sus  compañer@s y amigos.
 
 
Comisión Directiva



Crysol asociación de ex pres@s polític@s del uruguay
Lorenzo Carnelli 1294. Telefax: 418 3017
Montevideo.Uruguay
 
crysol2003@yahoo.com.ar





Más de 800 ex presos políticos  desbordaron completamente las instalaciones del Centro de Viajantes y Vendedores de Plaza para participar en la Asamblea Nacional convocada por Crysol.
Asistieron delegaciones numerosas de todos los departamentos  y ciudades del país: Bella Unión, Artigas, Rivera, Cerro Largo, Paysandú, Melo, Treinta y Tres, Durazno, Colonia, etc. Impresionante.
También asistieron  e hicieron uso de la palabra Zelmar Michelini (hijo), miembro de "Donde Están?" de Francia, el Dr. Oscar López Goldaracena y el cro. Erardo Velázquez de la Comisión por el Reencuentro de los Uruguayos.
La Asamblea Nacional  fue convocada por Crysol a los efectos de aprobar un plan de movilizaciones que permita anular la ley de caducidad y lograr la aprobación de una ley de Reparación Integral para todas las víctimas del Terrorismo de Estado.
A continuación transcribimos el Mensaje de Apertura de dicha asamblea que fuera pronunciado por la compañera Rosario Peguito a nombre de la Comisión Directiva de Crysol.
También transcribimos la Resolución aprobada por unanimidad y adjuntamos fotos de la asamblea.

  Mensaje  de apertura de la Asamblea Nacional

  Compañeras y Compañeros:

  Muchas gracias a todas y a todos por haber concurrido a esta nueva asamblea nacional que tiene un único y gran propósito: discutir colectivamente y aprobar un plan de movilizaciones que nos involucre a todos y que nos permita afianzar y reforzar la campaña de recolección de firmas para anular la ley de caducidad y aprobar a corto plazo una ley de reparación integral que ampare y contemple sin exclusiones a todas las víctimas del terrorismo de estado.

  Desde el 1º de marzo del 2005 los avances en materia de derechos humanos fueron  notorios y se logró llevar a cabo lo que durante décadas de cultura de la impunidad se señaló como algo imposible so riesgo del volver al autoritarismo.

  Apreciamos el  esfuerzo desplegado para encontrar los restos de nuestros compañeros detenidos-desaparecidos ingresando a los cuarteles.

  Valoramos la interpretación que el Poder Ejecutivo realizó de la ley de Caducidad en el sentido de que la misma no contempla a los mandos represivos.

  Valoramos altamente el significado profundo que tiene para la vitalidad y la esperanza republicana que algunos de los principales responsables de la destrucción institucional y de las graves violaciones a los derechos humanos hayan sido juzgados y condenados con todas las garantías del debido proceso que miles de uruguayos no tuvieron.

  En todos estos últimos años se ha avanzado Pero para continuar avanzando hacia un Uruguay justo y democrático hacen falta concretar dos grandes desafíos ineludibles: anular la ley de caducidad y aprobar una ley de reparación integral que contemple a todas las víctimas del Terrorismo de Estado y que efectivice todos los principios básicos y esenciales  de ella: la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y las garantías de no repetición y prevención.

  La maldita caducidad.

  La ley de caducidad promovida por el Partido Colorado y sectores del Partido Nacional en diciembre del año 1986, es una ley contradictoria e incompatible con una sociedad democrática y con un auténtico estado de derecho.

  En tanto ella siga vigente, nuestra sociedad no será auténticamente democrática, seguirá teniendo espinas envenenadas de autoritarismo y de visiones propias de la Doctrina de la Seguridad Nacional en su sistema jurídico.

  No es admisible en una sociedad democrática que delitos considerados de lesa humanidad, graves e imprescriptibles sean amnistiados aunque el Poder Judicial de otras épocas, viciado y contaminado de complacencia con los poderosos de siempre, haya dictaminado su constitucionalidad.

  Al igual que la mayoría del pueblo uruguayo, las ex presas y los ex presos queremos un Uruguay auténticamente democrático y por ello nos hemos pronunciado desde el año 2004 a favor de su anulación y bregamos por la conformación de la Coordinadora Nacional por la Nulidad de la ley de Caducidad y hemos participado activamente en la campaña de recolección de firmas para que ella sea anulada.

  Queremos juntar las firmas  necesarias para convocar un plebiscito a la mayor brevedad. Queremos que la ley que limita el accionar del Poder Judicial y que amnistía a los violadores, a los torturadores, a los asesinos y secuestradores, sea anulada por medio de la participación masiva del conjunto de la ciudadanía, de esa misma ciudadanía que en otros momentos, en otra situación, la refrendó en las urnas.

  Será un enorme desafío para el conjunto de los sectores populares que quieren seguir avanzando en el camino de la democratización de la sociedad uruguaya y ésta es sin dudas la madre de las grandes reformas del estado uruguayo: anular la ley de caducidad.

  En este sentido compañeras y compañeros nos preocupa enormemente la falta de comprensión y de compromiso en torno a este tema de sectores importantes de los partidos de izquierda en nuestro país.

  Llamamos a todas y a todos los ex presos políticos a respaldar a Crysol y sus planteos, convocamos a militar  a favor de la nulidad de la ley en todos los ámbitos donde desarrollen su militancia política, gremial, cultural o social.

  Una imprescindible Ley de Reparación Integral para todas las víctimas.

  Los estados, todos los estados tienen la obligación de respetar los derechos y las libertades de  todos los ciudadanos sujetos a su jurisdicción. Tienen además, no sólo la obligación de respetar, sino de garantizar el pleno ejercicio de ellos a todas las personas sin ninguna clase de excepción tal como lo señala la declaración Universal de los Derechos del Hombre, que en diciembre cumple 60 años de su proclamación.

  Cuando los estados no cumplen con esta obligación, los estados tienen el deber de reparar de manera integral las violaciones  que se produzcan a dichos derechos tal como lo estipula la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas.

  En Uruguay, las violaciones a los derechos humanos fueron organizadas de manera sistemática por parte del Estado, por sus órganos, sus poderes, sus instituciones y sus funcionarios civiles y militares. Por lo mismo, es lógico afirmar que es el Estado como tal quien tiene el deber de reparar de manera integral las violaciones cometidas por sus órganos, instituciones y funcionarios durante el largo y doloroso período del Terrorismo de Estado tanto dentro de las fronteras nacionales como las que se cometieron fuera de ellas en el marco del denominado Plan Cóndor.

  A veintitrés años del retorno a la vida institucional, el Estado uruguayo aún no ha cumplido en este sentido con sus obligaciones jurídicas, políticas y éticas cabalmente tal como lo establece la normativa internacional que Uruguay ha ratificado y que, incluso, la ley 18 026 aprobada por unanimidad durante la actual legislatura consagra.

  La barbarie del Terrorismo de Estado .

  Creemos necesario también dejar muy claro algunos aspectos que consideramos importantes cuando se trata de avanzar en el camino de superar el pasado reciente y de avanzar hacia el Nunca Más terrorismo de Estado.

El Golpe de Estado dirigido por Juan María Bordaberry y los políticos contestes a él  se llevó a cabo en un momento histórico del Uruguay en que cuarteles y dependencias policiales eran bautizadas diariamente con la sangre de cientos de ciudadanas y ciudadanos torturados  y eran inauguradas cárceles de máxima seguridad para los miles de Presas y Presos políticos  procesados ya  por la justicia militar. 

El Golpe de Estado con la activa participación de las Fuerzas Armadas y de los sectores más reaccionarios de los partidos tradicionales fue la respuesta institucional de la clase dominante, aliada  del imperialismo norteamericano, para frenar el proceso de acumulación de fuerzas de los trabajadores y de los sectores populares.

La Violencia de Estado fue desde siempre el método de los poderosos de turno para reprimir y acallar todos los intentos de cambio en el país siendo especialmente dirigida contra los trabajadores, los estudiantes y sus expresiones organizativas. A partir del  13 de junio de 1968 en que se implantaron en forma sistemática y permanente las Medidas Prontas de Seguridad durante el gobierno de Jorge Pacheco Areco  la violencia se incrementó reprimiendo salvajemente a todos los sectores populares organizados tanto política como gremial y socialmente. 

La Violencia de Estado  a través  del Ministerio del Interior, gestó y  organizó el Escuadrón de la Muerte, organización paramilitar que secuestró, desapareció y asesinó a jóvenes  militantes políticos intentando amedrentar a los militantes sindicales, estudiantiles, sociales y políticos.

Luego de la disolución del  Parlamento del 27 de junio de 1973   se inició  una nueva fase represiva en la vida del país,  un escalón más elevado en el ejercicio de una violencia sistemática, masiva y generalizada contra el conjunto de la población que todos conocemos como el período del Terrorismo de Estado.

Las Fuerzas Armadas y sus cómplices civiles a nivel social y político han pretendido y siguen pretendiendo, una y otra vez,  dar "vuelta la página". Pretenden justificar sus responsabilidades en las gravísimas violaciones a los derechos humanos perpetradas desde y con el aval del estado para garantizar la impunidad.  

A más de 23 años del retorno a la vida institucional sigue siendo necesario establecer la verdad de lo ocurrido, la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Esta es a nuestro entender, la verdad histórica a la cual no renunciamos y que reafirmamos como colectivo.

La necesaria movilización colectiva .

  Los resultados se obtienen con la movilización, incluso ganando las calles en forma sistemática y con una visión de mediano alcance en su proyección. No alcanza con tener reivindicaciones justas desde el punto de vista político, jurídico y ético si ellas no se refrendan con acciones callejeras con centenares de militantes participando en ellas.

  En la propuesta de resolución que todos Uds. tienen hay una propuesta de movilización para los próximos meses que esperamos sea enriquecida con el debate colectivo, teniendo en cuenta que contamos con muy pocos meses para concretar nuestros anhelos con respecto a la ley de reparación integral.

  Y a eso compañeras y compañeros es que convocamos a todas y a todos.

  Muchas gracias.
Resolución

  La asamblea nacional de ex presas y de ex presos políticos convocada por Crysol y reunida en el Centro de Viajantes y Vendedores de Plaza en la Ciudad de Montevideo, el día domingo 27 de julio de 2008, resuelve:

  1)         Ratificar que la Ley de Caducidad de la pretensión punitiva del Estado (Ley de Impunidad) es incompatible con un auténtico estado democrático y que bregar a todos los niveles por su anulación mediante un plebiscito nacional es un imperativo político y ético de todo el colectivo y de cada uno de los ex presos políticos.

  2)         Ratificar que la aprobación de una Ley de Reparación Integral que contemple y ampare a todas las víctimas del Terrorismo de Estado en concordancia con las normas internacionales de Derechos Humanos, en especial la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas y de la Ley 18 026 de Setiembre de 2006 es un paso insoslayable e imprescindible en el camino de avanzar seria y comprometidamente en el camino de Nunca Más Terrorismo de Estado.

  3)         Manifestar su pleno y total apoyo al proyecto de ley de Reparación Integral presentado por Crysol  junto con el Dr. Oscar López Goldaracena al gobierno, al Parlamento y a los partidos políticos.

  4)         Declarar que subsanar íntegramente las carencias, omisiones e insuficiencias de la ley 18 033 que Crysol ha señalado reiteradamente, en el marco de la aprobación de una Ley de Reparación Integral, es imprescindible para lograr una auténtica justicia a nivel previsional.

  5)         Encomendar a Crysol y a sus organismos correspondientes a que contacten a la mayor brevedad a todas las fuerzas sociales, de DDHH y políticas del país para que se comprometan activamente en la recolección de firmas para convocar un plebiscito destinado a anular la ley de impunidad.

  6)         Encomendar a Crysol la organización e implementación de un plan de movilización que incluya:

  a)      realización de Mesas Redondas con el propósito de difundir la normativa de DDHH y las obligaciones de los Estados para con las víctimas del Terrorismo de Estado.

  b)      organización de manifestaciones callejeras y concentraciones ante el Parlamento para manifestar públicamente nuestro respaldo al proyecto de Ley de Reparación Integral con el siguiente calendario:

  *    20 de agosto

  *    24 de setiembre

  *    22 de octubre

  c)      colocación de pasacalles y pintada de murales en toda la ciudad.

  d)      contactar a los organismos internacionales de Derechos Humanos para promover su apoyo directo al proyecto de Ley de Reparación Integral.

  e)      Realizar campañas publicitarias en los medios de comunicación

  7)         Convocar a todas y a todos los ex presos políticos, a los familiares y descendientes en todo el país a movilizarse activamente junto a Crysol y exhortarlos a contribuir activamente al fortalecimiento de la organización en todos los planos.

                                 Crysol

asociación de ex pres@s polític@s del uruguay

Lorenzo Carnelli 1294. Telefax: 418 3017

Montevideo.Uruguay

crysol2003@yahoo.com.ar

 




NECESITAMOS  CONSEGUIR DOS TESTIGOS QUE HAYAN VISTO O ESTADO CON ÉL  EN EL CUARTEL DE ARTILLERIA LA PALOMA EN EL PERIODO FEBRERO-MARZO DE 1973 CON EL CRO. NELSON AIRES GULARTE.
 
Los testigos se necesitan a los efectos de ser presentados en la Comisión Especial de la ley 18 033.
 
 


Crysol
Lorenzo Carnelli 1294. Telefax: 418 3017
Montevideo.Uruguay
 
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El Pais. Domingo 17 de agosto
 
Macarena Gelman. A veces extraña a sus parientes y los visita en Argentina; en otras quiere irse corriendo. Vivió 23 años en Uruguay, pero hoy su corazón lo siente dividido.

"Fui un regalo robado"

Su madre no paraba de llorar hasta que se lo dijo. Macarena se enteró a los 23 años que sus padres no eran sus padres, sino que era hija de Marcelo y María Claudia, secuestrados y asesinados durante la dictadura. "Cuando supe de sus existencias, yo ya había vivido más que ellos", cuenta la nieta del poeta Gelman.
 
EL PAÍS DE MADRID I GABRIELA CAÑAS
 
Macarena nació por segunda vez cuando tenía 23 años. La plácida y apolítica vida que llevaba en Montevideo se trastocó por completo cuando su madre le confesó que no era hija suya y ella descubrió que era una niña robada; arrancada de los brazos de unos padres secuestrados, torturados y asesinados por la dictadura argentina y entregada a quien ella creía que era su padre: un policía uruguayo.
 
A Macarena aquella noticia le cambió la conciencia y la vida. A partir de entonces, supo de tormentos y de desapariciones, de horrores y complots represores y también que ella era un producto de todo eso. Descubrió que su abuelo llevaba años buscándola y que se llamaba Juan Gelman. Corrió a Internet y así fue como aprendió que era un poeta muy importante, argentino también, como sus verdaderos padres, que vivía y sigue viviendo autoexiliado en México y que desde allí reclamaba el derecho a recuperar a esa nieta de cuya infancia nunca pudo disfrutar.
 
Macarena pleiteó para cambiarse el apellido. Ahora lleva los apellidos Gelman García, como su auténtico padre, como su auténtica madre, aunque mantuvo su nombre de pila, el que le impuso su madre adoptiva.
 
Busca los restos de su madre y apoya la derogación de la Ley de Caducidad por considerar que da cobertura legal a la impunidad. Incluso ha asistido al intento fallido de desenterrar el cadáver de su madre en un lugar que resultó equivocado. Contar su historia se convirtió para ella en una herramienta para abrirse paso en la espesura de los silencios cómplices. De los jovencísimos padres que nunca conoció habla con ternura y, a veces, en presente.
 
-¿Cómo le dieron la noticia de que usted era hija de otros?
 
-Me lo dijo mi mamá. Mi papá había muerto cuatro meses atrás y mi madre me dijo que mi abuelo estaba buscándome. En realidad, toda mi familia biológica me estaba buscando. Mis papás biológicos tenían 19 y 20 años. Eran argentinos. Vivían en Buenos Aires. Los secuestran el 24 de agosto de 1976.
 
-Su madre tendría 51 años.
 
-No sé si llegó a cumplir los 20. La última vez que la ven con vida es el 22 de diciembre y a mí me dejan en la casa de los papás que me criaron el 14 de enero de 1977. Ella cumplía los 20 el 6 de enero. Los secuestran, los llevan al centro clandestino Automotores Orletti. A mi papá lo matan en 1976 mismo, a finales de septiembre u octubre. A mi mamá la trasladan a Uruguay dentro del Plan Cóndor. Estaba embarazada de 7 meses y medio cuando la secuestran.
 
-¿Sabía en qué consistía el Plan Cóndor?
 
-No, pero fue de lo primero que me enteré. Porque cuando mi mamá me cuenta que no soy su hija biológica, me dice que si quiero saber más tengo que hablar con el obispo Pablo Galimberti, que era la persona que mi abuelo había contactado para hablar con nosotros. Según supe después, mi abuelo sabía que mis padres eran muy devotos y que era la mejor manera de acercarse a mi familia adoptiva. Mi mamá le había dicho a Galimberti que yo no sabía nada y que, de hecho, ella y mi papá planeaban contarme la verdad ese año, en 2000. Pero nunca llegaron a hacerlo. Mi padre murió de cáncer cuatro meses antes del encuentro con el obispo.
 
-¿Nunca sospechó nada, ningún indicio de que sus padres no fueran realmente sus padres?
 
-No, absolutamente nada.
 
-¿Le molestó la noticia? ¿Se enfadó con su madre?
 
-Tanto en ese momento como después, siempre pensé que la verdad era mejor que cualquier otra cosa… Como le decía, a mi mamá la trasladan acá a Montevideo. Era noviembre de 1976, según he podido saber. Nos tienen un tiempo juntas, al menos hasta el 22 de diciembre. El parto fue acá. Se presume que en el hospital militar, aunque nadie lo confirmó. Me dijeron que el parto fue el 1º de noviembre. Es la fecha más probable.
 
Además, cuando me dejan en la puerta de mis papás lo hacen con un cartelito dando esa fecha de nacimiento. Presumo que no es mentira, aunque no tengo certeza. Después del 22 de diciembre, última fecha en la que nos ven juntas y viva a mi mamá, no se sabe nada hasta el 14 de enero, día en que me dejan en la puerta de la casa de mis papás. Según ellos, una noche tocaron el timbre, abrieron y había una canasta con un bebé y un cartelito. Era yo.
 
-Un regalito, vaya.
 
-Sí, un regalito (se ríe). Un regalito que habían robado de algún lado. De mi mamá no se supo nunca más nada. Se confirmó que sí, que la trajeron a Uruguay y parece que la asesinaron también, pero no hay ni datos de dónde pueda estar enterrada. Se manejó que la habían enterrado en el Batallón 14, pero la búsqueda no dio ningún resultado.
 
DESAPARICIÓN.
 
Aquel 24 de agosto de 1976 que Macarena menciona con precisión, los militares argentinos irrumpieron en el domicilio del periodista y escritor Juan Gelman, muy buscado por la extrema derecha.
 
Pero resultó que Gelman se había marchado al exilio. En su lugar, se llevaron a su hijo Marcelo y a su esposa, María Claudia García, embarazada. Eso salvó la vida al que sería un poeta galardonado en múltiples ocasiones, pero le acarreó todo el dolor que ha destilado en su poesía.
 
Su vida ha sido desde entonces una búsqueda incesante de los suyos; de su hijo, de su esposa y de ese bebé. Trece años más tarde de aquel fatídico secuestro se recuperó el cadáver de Marcelo, dentro de un barril de cemento y arena. Aún no se han encontrado los restos de María Claudia.
 
-¿Se resistió en algún momento a conocer la verdad?
 
-No, nunca. Enseguida llamé a monseñor Galimberti y, cuando me senté a hablar con él, lo primero que me contó es la historia de la Operación Cóndor, que había consistido en la coordinación de las fuerzas represivas de América Latina. Me contó todo lo que mi abuelo había podido averiguar. Lo que él sabía.
 
Para confirmar mi identidad había que hacer una prueba de ADN, cosa que yo manejaba (es estudiante de Bioquímica y trabaja en la administración de un hospital). Sabía que era necesario. Bueno, me dijo que lo mejor era ir aproximándome a mi abuelo, con cierta prudencia. Siempre a través del obispo. Me consiguió una carpeta con fotos de mi abuelo. Me enteré de que hubo una campaña internacional para buscarme que contó con el apoyo de mucha gente, pero yo no me había enterado de nada.
 
-¿Cómo es posible?
 
-No sé, porque la campaña era tremenda. Claro, fue la época en la que falleció papá y yo estaba totalmente en otra cosa, pero aparecían incluso cartas públicas de mi abuelo con el entonces presidente Julio María Sanguinetti. Afiches. Se le había dado mucha publicidad al tema.
 
-¿Y nunca se había fijado?
 
-Nunca. Debí de ser la única que no se enteró. Porque todos mis amigos habían oído algo menos yo (se ríe). ¡Cómo se dan las cosas! Es que era casi como ridículo que no me hubiera enterado. Además, no sabía quién era mi abuelo. Era la primera vez que oía su nombre. Tuve la inquietud de entrar en contacto con él, así que mi abuelo y su mujer viajan a Montevideo y nos conocemos. Fue en febrero de 2000, que se supo oficialmente mi paradero.
Miedos. En verdad que resulta paradójico que Macarena ignorase hasta ese momento su propia búsqueda. Hasta llegar a ese nieto cuya existencia sólo se adivinaba, Juan Gelman y su segunda esposa acometieron una minuciosa búsqueda de cuyos detalles Gelman prefiere no hablar. "Mi mujer, Mara, fue quien llevó a cabo la investigación", cuenta, "y cada noche evaluábamos los pedacitos de información reunidos. Yo me encargué de la campaña de prensa. Se reunieron más de 100.000 firmas de escritores, artistas, ciudadanos de a pie y una docena de premios Nobel de 102 países de los cinco continentes".
Gelman instigó a las autoridades para que buscaran la verdad, cuando supo que María Claudia había sido llevada a Uruguay.
 
-¿Tenía miedo de toda esta nueva situación en su vida?
 
-Sí, bastante. Mucho. Conocí a mi abuelo y quedamos en hacer la prueba del ADN. No tenía sentido quedarme con las dudas. Los análisis las despejaron: 99,99%. Durante el tiempo de espera me relacioné mucho con él.
 
-Conoció nuevos familiares.
 
-Sí. Tengo también una abuela paterna que vive en Buenos Aires, así como un primo y una tía. Y un abuelo y un tío en España, en Barcelona, por parte de mi mamá. También hay primos de mis padres, amigos... He tratado de conocer a toda la gente. La verdad es que ha sido muy rico como experiencia y en aporte de datos para reconstruir la historia. A la edad que tenían mis padres la pasás más tiempo con los amigos que con la familia. Así que la mejor fuente eran los amigos. Fue muy lindo en ese sentido. Me han apoyado mucho.
 
-Se relacionó mucho con su abuelo. ¿Le gustó?
 
- Sí. Yo iba con un miedo terrible y él me imagino que tendría sus dudas. Pero a partir de ahí fue una avalancha. Había decisiones que tomar en un momento histórico y político en el que todavía se negaba la existencia de niños robados. Aquí se negaban la mayoría de las cosas.
 
-¿Hasta entonces nunca se había preocupado por estos asuntos?
 
-No. Tampoco tenía afiliación política alguna. No me interesaba la política partidaria, aunque militaba en un sindicato estudiantil. La Ley de Caducidad no permite que los responsables de crímenes de la dictadura sean investigados. No permite ni la investigación, si bien este gobierno ha hecho mucho por permitir todas las investigaciones abiertas. El gobierno consideró que el caso de mi mamá no debía estar incluido. A pesar de eso, la causa, archivada, que presentó mi abuelo en 2002 y que yo pedí reabrir en febrero, fue de nuevo archivada en base a esa ley. (El miércoles fue reabrierto el caso):
 
-¿Se ha contactado con gente con historias similares?
 
-Sí, por supuesto. Llega un momento en que tu entorno no te satisface. Es muy difícil hablar de algunas cosas. Mis amigos me han dicho que les cuesta tratar esta parte de mi historia. Que no saben si hablarme, si no hablarme…
 
-¿Es más fácil hablar con otros niños robados?
 
-Sí, hay una empatía. Es especial. Una comunicación más allá del conocimiento personal. Al menos a mí me ha pasado. Espontáneamente surge el tema, las experiencias. Y uno se siente entendido.
 
-¿Hay asociaciones de niños robados en las que se involucró?
 
-Sí, organizan actividades para reconstruir sus historias. En Argentina es más común. Allí me siento cómoda; menos rara.
 
-¿Quiere saber más de su mamá?
 
-Quiero saber qué pasó con ella y dónde está. Todo es difícil. Te dicen, mira, tus papás son éstos. Tienes que conocerlos a través de otra gente. Cuando me enteré de su existencia yo ya había vivido más de lo que ellos vivieron. Las circunstancias tan trágicas y tan injustas…
 
-¿Qué idea se ha hecho de ellos?
 
-Que eran muy buenas personas. Mi papá era introvertido, maduro, pensativo, preocupado por lo que pasaba. Dulce. No muy deportista. Y mi mamá… Me la describen como alegre e inquieta, graciosa. Los amigos los querían mucho.
 
-¿Avanza la investigación?
 
-Está estancada. Y la angustia crece. Los militares tienen un pacto de silencio y no hablan. Yo siempre tengo la expectativa de que se rompa ese pacto. Pero por lo que he visto es muy difícil. Se han manejado lugares de enterramiento que no resultaron. No ha habido avances. El caso ha sido archivado dos veces. El expediente es enorme. Hay algo que los militares siempre invocan y que es la Operación Zanahoria, la operación de remoción de los cuerpos enterrados. No fue completa. Se espera que aparezcan más. El problema es que la búsqueda, con la escasez de datos, es complicada. Pero el gobierno de Vázquez tiene gran disposición.
 
-¿Se siente amparada?
 
-Sí. El gobierno anterior también colaboró. Nunca me han puesto dificultades. Se hizo una Comisión para la Paz, que investigó con potestades muy limitadas, pero fue un primer paso importantísimo que dio el presidente Batlle. No se logró mucho respecto a mi mamá, pero fue valiosa. Con el gobierno de Vázquez, tomó otra fuerza.
 
-Su abuelo mantuvo un duro encontronazo con Sanguinetti.
 
-Sí. Y también se habló de la vinculación que pudo haber tenido mi papá (adoptivo) con la gente que me robó. Incluso se manejó que era amigo de Sanguinetti o de alguno de los asesinos de mi mamá. No hay nada probado. Amistad personal con Sanguinetti no la hubo, porque viví con mi papá 23 años. La realidad es que mi papá era jefe de Policía del gobierno de Sanguinetti en San José. Tuvieron una relación política. Militaba en el Partido Colorado. Mi papá era inspector de policía. Pero para mí es una incógnita.
 
-¿Y qué dice su madre?
 
-Mi madre desconocía… No estoy segura, obviamente. No sé lo que pudo saber mi papá. Sé que supo antes de morir que mi abuelo me buscaba. La primera vez que mi abuelo vino a Uruguay fue en 1998. No me lo dijo. No es una cosa fácil de decir.
 
-No parece que haya anidado rencor hacia su familia adoptiva.
 
-Mis sentimientos respecto a mi familia adoptiva no han cambiado. Me dieron una muy buena educación e infancia. No tengo nada negativo. Todo lo que vino después es una conjunción de historias de tanta gente.... Sé que mi papá no tuvo nada que ver con la muerte de mi mamá.
Sin referentes: "no sos de acá, no sos de allá"
 
-Contó con un abuelo que no se rindió.
 
-Sí. La verdad es que estoy super agradecida porque colaboró mucha gente, tanto en la búsqueda como después en las distintas etapas, si bien naturalmente uno se llega a sentir muy solo porque resulta que la que es mi familia no lo es, y la que es, no lo fue. Y no está acá. La distancia es algo positivo y negativo. Ahora viajo a Argentina a ver a mis nuevos parientes. Voy cuando los extraño y a veces quiero irme corriendo.
 
-¿Se siente más argentina que uruguaya?
 
- El corazón está dividido.
 
-¿Ha leído a Gelman?
 
-Lo que he podido. La poesía siempre me gustó. Mi papá también escribía. Me hicieron llegar unos cuadernos. Era una poesía fuerte para su edad. Dura. Negro, muerte, sangre. Algo premonitorio. Había un poema incluso en el que se despedía de los amigos ¡a los 15 años! Supongo que eso tiene que ver con una generación. Quizá eso no estaba tan fuera de lugar en ese momento. Para mí fue fuerte. Que mi papá tuviera esa visión…
 
-Tiene ya 31 años y no ha terminado la carrera.
 
-Estoy en una especie de crisis, en un momento en el que no sé qué va a ser de mi vida el mes que viene. Estoy confundida y, aunque suene cursi, busco mi lugar en el mundo (se ríe). Todo esto te mueve los marcos de referencia. El sentido de pertenencia se ve vulnerado. No sos de acá. No sos de allá. Nací y crecí en Uruguay y me siento uruguaya, pero, en sí, mi historia tiene más que ver con Argentina. Te quedas sin referentes. En todos lados soy un poco extranjera.
 
Justicia.
 
El pasado 23 de abril, Juan Gelman recibió el Premio Cervantes en Alcalá de Henares. Allí declamó: "Dicen que no hay que remover el pasado, que no hay que tener ojos en la nuca, que hay que mirar hacia adelante y no encarnizarse en reabrir viejas heridas. Están perfectamente equivocados. Las heridas aún no están cerradas. Laten en el subsuelo de la sociedad como un cáncer sin sosiego. Su único tratamiento es la verdad. Y luego, la justicia. Sólo así es posible el olvido verdadero".
 
En primera fila le escuchaba Macarena. Los dos siguen buscando los restos de María Claudia.
 
"No me enteré de la campaña de mi abuelo en mi búsqueda. Fue los días que murió mi papá".
 
"No sé lo que sabía, pero mi papá no tuvo nada que ver con la muerte de mi mamá".
"Lloraba y le pregunté: ¿no soy tu hija?"
 
-¿Cómo ha vivido todo esto su familia adoptiva? ¿Cambiaron las relaciones entre ustedes?
 
-La verdad es que es una familia pequeña, porque en sí los más cercanos eran mi mamá y mi papá. No estaban muy unidos a sus parientes, así que no había vínculos estrechos. Cuando hablo de mi familia adoptiva hablo sólo de mi mamá, con la que vivo al día de hoy. Mostró toda su colaboración en mi investigación, en el sentido de no ocasionarme dolor. Al contrario. Siempre me apoyó en todo lo que quise hacer. Lo hizo incluso en el juicio de filiación, que se llevó a cabo en 2004 y que fue lo más difícil.
 
-Para ella tuvo que ser doloroso.
 
-Por supuesto. Pero siempre tuvo una actitud de acompañarme más que de cuestionarme. Ella incluso siente un gran aprecio por mi abuelo. Es mayor. Ahora tiene 76 años y está muy delicada de salud. Todo esto le ha influido mucho.
 
-¿Ayudó la forma en la que le dio la noticia? ¿Cómo fue?
 
-Un día volvía a casa y me la encontré llorando. Le pregunté qué le pasaba. Me dijo que tenía que hablar conmigo. Me dijo que mejor hablábamos cuando volviera de trabajar. Lloraba tanto que decidí quedarme. Le preguntaba y ella sólo lloraba. No podía hablar. Le pregunté si tenía que ver con papá, con ella. Me dijo que con los tres. Y entonces (no me pregunte por qué; yo nunca sospeché), lo cierto es que, ante su silencio y su llanto, le pregunté: "¿Es que no soy hija de ustedes?". Y ella me dijo: "¿Quién te lo dijo?" Ahí fue cuando me di cuenta de lo que había dicho.
 
-De alguna forma, aunque fuera de forma inconsciente, lo sabía…
 
-Parece que voy a tener que terminar aceptando que sí. Entonces, ahí ella ya me cuenta cómo llego a la casa de ellos y me dice que desconocía de dónde provenía yo hasta que este señor que era mi abuelo se puso en contacto con ella. Obviamente, me puse a llorar. No entendía lo que me pasaba en la cabeza.


Crysol
Lorenzo Carnelli 1294. Telefax: 418 3017
Montevideo.Uruguay




Informamos  que el día sábado 9 de agosto de 2008, falleció la  Compañera
  Beatriz Moreno,   en Vasteras, Suecia, a la edad de 62 años.
 
Beatriz Moreno  permaneció recluida  4  años  en el Penal de Paso de los Toros durante el período del Terrorismo de Estado.
 
El colectivo de Crysol rinde homenaje a esta auténtica protagonista de la lucha del pueblo uruguayo y hace llegar sus sinceras condolencias a  sus familiares,  a sus compañer@s y amigos.
 
 
Comisión Directiva


Crysol
Informamos  que el día de hoy, lunes 11 de agosto de 2008, falleció el CompañeroWalter Lima Percoco (Tero),   en Paso de los Toros, Tacuarembó,  a la edad de 67 años.
 
Walter Lima  permaneció recluido  4  años  en el Penal de Libertad durante el período del Terrorismo de Estado.
 
Sus restos están siendo velados en Paso de los Toros y el sepelio se realizará en el día de hoy.
 
El colectivo de Crysol rinde homenaje a este auténtico protagonista de la lucha del pueblo uruguayo y hace llegar sus sinceras condolencias a nuestra cra. Lila Cornalino, a sus familiares,  a sus compañer@s y amigos.
 
 
Comisión Directiva


Crysol
BIENVENIDA  CORTE INTERAMERICANA DE DDHH
 
 
Ante la presencia en nuestro país de la Corte Interamericana de DD.HH. las ex presas y ex presos políticos organizados en Crysol, saludan a los honorables miembros de este órgano y expresan:
 
El Uruguay en los últimos cuatro años ha dado pasos trascendentes en materia de atención y respeto de los DDHH y para superar las heridas abiertas y las secuelas del Terrorismo de Estado practicado durante más de tres lustros.
 
No obstante ello nuestro país sigue omiso en materia de adopción de medidas de fondo que apunten a  superar  los daños causados y aseguren la no repetición de lo ocurrido para tranquilidad de toda la sociedad.
 
Entre estas omisiones se destacan especialmente el desconocimiento del destino y de las circunstancias de la desaparición de decenas de compatriotas, la vigencia de una ley que, convalidada por la Suprema Corte de Justicia en su momento, amnistía a los responsables de delitos de lesa humanidad y  la inexistencia de una Ley de Reparación Integral que asuma la responsabilidad del Estado en las violaciones a los derechos humanos cometidos y repare a todas las víctimas del terrorismo practicado, precisamente, desde el Estado.
 
El Uruguay suscribe los tratados internacionales vigentes (específicamente creados para los pueblos sometidos a dictaduras en el pasado reciente),  pero no ha cumplido cabalmente con la normativa que fundamenta dichos tratados.
 
Las expresas y expresos políticos con la colaboración del Dr. Oscar López Goldaracena han puesto en manos de los poderes públicos un proyecto de ley de Reparación Integral que contempla  a todas las víctimas del Terrorismo de Estado de nuestro país  con el propósito de contribuir a seguir avanzando en el camino de la Verdad y de la Justicia imprescindible para construir un Uruguay justo y democrático.
 
Saludamos la presencia en territorio uruguayo de esta Corte Interamericana, portadora de un mensaje de convivencia democrática y solidaria que mucho apreciamos.
 
Por la anulación de la Ley de Caducidad
 
Por una Ley de Reparación Integral
para todas las víctimas del Terrorismo de Estado
 
 
Montevideo, 10 de Agosto de 2008


Crysol
Ante el reciente anuncio público formulado por el compañero Pepe Mujica de adherir a la campaña por la anulación de la ley de caducidad expresamos como colectivo nuestra satisfacción por ello y exhortamos a todas las ex presas y a todos los ex presos políticos que aún no han firmado a que lo hagan a la mayor brevedad.
 
La ley de caducidad promovida por el Partido Colorado y sectores del Partido Nacional en diciembre del año 1986, es una ley contradictoria e incompatible con una sociedad democrática y con un auténtico estado de derecho. Tal como lo señaló la resolución 29/92 de la Comisión Interamericana de DDHH violenta la normativa  que nuestro país ha ratificado.
 
En tanto ella siga vigente, nuestra sociedad no será auténticamente democrática, seguirá teniendo espinas envenenadas de autoritarismo y de visiones propias de la Doctrina de la Seguridad Nacional en su sistema jurídico.
 
No es admisible en una sociedad democrática que delitos considerados de lesa humanidad, graves e imprescriptibles sean amnistiados aunque el Poder Judicial de otras épocas, viciado y contaminado de complacencia con los poderosos de siempre, haya dictaminado su constitucionalidad.
 
Al igual que la mayoría del pueblo uruguayo, las ex presas y los ex presos queremos un Uruguay auténticamente democrático y por ello redoblaremos los esfuerzos para juntar las firmas necesarias para convocar el plebiscito.
 
Llamamos a todas las compatriotas y a todos los compatriotas a sumarse a esta campaña y a firmar.
 
 
Por la Anulación de la Ley de Caducidad
 
Por una Ley de Reparación Integral para todas
las víctimas del Terrorismo de Estado
 
Por Verdad, Justicia, Memoria y
Nunca Más Terrorismo de Estado
 


Crysol
El País. Lunes 11 de Agosto de 2008 
 
Florentín Meléndez

"Gobierno debe compensar víctimas de la dictadura"

Para el relator de Uruguay en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, el gobierno está obligado a compensar a las víctimas del gobierno de facto y adoptar medidas para esclarecer los hechos ocurridos en ese período. Esas fueron las recomendaciones que hizo la CIDH sobre la ley de caducidad que "son jurídica, política y moralmente vinculantes y obligatorias", dijo.
Eduardo Delgado
 
-El informe 29/92 de la CIDH indicó a Uruguay que la Ley de Caducidad es incompatible con tratados internacionales pero su vigencia ha sido mantenida por todos los gobiernos. ¿Cuál es su posición? ¿El gobierno debe cumplir ese informe derogando o anulando la ley? ¿El país es pasible de sanciones por no hacerlo?
 
-Uruguay debe cumplir con el informe 29/92 y adecuar su derecho interno a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
 
La Comisión Interamericana decidió y recomendó al Estado una justa compensación a las víctimas y la adopción de medidas para esclarecer los hechos e individualizar a los responsables de las violaciones de derechos humanos ocurridas en el período de facto.
 
El cumplimiento de la resolución de la CIDH pasa necesariamente por la afectación de la ley.
 
El informe 29/92 y su estado de cumplimiento fue objeto de examen en el período de sesiones de la CIDH, ocasión en la cual expresé que las decisiones y recomendaciones de la Comisión son jurídica, política y moralmente vinculantes y obligatorias para los Estados miembros de la OEA y partes de la Convención Americana. Afirmé, además, que en este caso está en juego no sólo el interés particular de las víctimas y sus familias, sino también el interés de la sociedad uruguaya y de la comunidad interamericana de conocer la verdad de las graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos, de recibir justicia y obtener reparación moral y material.
 
El gobierno debe tomar medidas para cumplir con las recomendaciones de la CIDH, tal como lo establece la Convención Americana. Respecto a las sanciones, en derecho internacional existen algunas sanciones de índole política y moral de los órganos políticos del sistema interamericano pero, independientemente de la eficacia de estos mecanismos, los Estados deben cumplir de buena fe y actuar como auténticos Estados democráticos sin esperar a que se acuda al mecanismo de la publicidad y la denuncia internacional para reclamar su cumplimiento.
 
-Uruguay es un país que recientemente comenzó a presentar casos ante la CIDH y no hay ninguna sentencia de la Corte Interamericana. ¿A qué cree que se debe esa escasa presencia?
 
-El número de casos depende de que las organizaciones de la sociedad civil y las víctimas o sus familiares, presenten denuncias por violaciones a los derechos humanos, después de haber agotado los recursos de la jurisdicción interna.
 
El número de casos contra Uruguay es de los más bajos en América Latina, a pesar de que el país ratificó con reservas la Convención Americana en 1985 y que en ese mismo año reconoció la competencia contenciosa de la CIDH. Habría que tomar en cuenta hasta dónde la sociedad uruguaya y la comunidad jurídica conocen el sistema interamericano y por qué no lo han utilizado como ha sucedido en otros países.
 
-Entre esos casos está el de un periodista condenado por la Justicia que fue estudiado por la CIDH, donde el gobierno y los demandantes llegaron a una solución que incluye la aprobación de un proyecto de ley que despenalice algunos delitos vinculados a la libertad de expresión. ¿Qué balance hace de la libertad de expresión en Uruguay y de las leyes vigentes sobre ese tema?
 
-En este caso no existe todavía un informe definitivo de solución amistosa entre las partes, pero sí se han realizado reuniones de trabajo para avanzar en este sentido.
 
En cuanto a la libertad de expresión, la CIDH ha examinado y valorado la situación a través del monitoreo que hace su relatoría especial sobre el tema y ha destacado que existen aspectos positivos y varios desafíos. Ha valorado positivamente que el Parlamento haya sancionado una ley que reconoce y obliga al Estado a promover y garantizar la existencia de medios comunitarios.
 
Ha destacado que esta iniciativa incluye procedimientos no discrecionales para el otorgamiento de frecuencias, así como la realización de audiencias públicas para la concesión y renovación de permisos. Esta normativa está en consonancia con los estándares del sistema interamericano. Sin embargo, tiene temas pendientes para garantizar el pleno ejercicio de la libertad de expresión. Uno de ellos es la necesidad de compatibilizar su derecho interno con la Convención Americana en materia de libertad de expresión a través de la derogación del delito de desacato contemplado en la legislación penal.
 
También se ha considerado necesaria la reforma del Código Penal y de leyes conexas a fin de eliminar las sanciones penales relativas a las ofensas al honor o reputación derivadas de la difusión de información sobre asuntos de interés público.
 
-Usted también es relator sobre el sistema carcelario. ¿Cómo ve el estado de las cárceles uruguayas, de los presos, la Policía y el Poder Judicial?
 
-Hasta la fecha no hemos podido realizar visitas a las cárceles uruguayas y constatar de manera directa las condiciones carcelarias, por lo que no podría hacer una evaluación objetiva sobre el estado de las cárceles. No obstante, por distintas fuentes estamos informados de la situación de sobrepoblación y de las condiciones en que se encuentran los privados de libertad, que son similares a las que se observan en países de la región; pero todo ello debe ser objeto de un examen y verificación directa en el terreno que nos permita constatar la veracidad de la información y hacer una evaluación objetiva.
 
Nuestro interés es monitorear las condiciones de internación en las prisiones y en otros establecimientos como hospitales psiquiátricos y centros de menores de edad y ancianos. Ello nos servirá para preparar un informe regional sobre condiciones carcelarias y buenas prácticas penitenciarias en la región.
 
Perfil
 
Nombre: Florentín Meléndez
 
Nació: El Salvador
 
Edad: 56 años
 
Otros datos: Licenciado en Ciencias Jurídicas.
 
Humanista vocacional
 
El relator para Uruguay de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) es abogado consultor en Derechos Humanos; aspectos legales y constitucionales; Derecho Internacional y administración de justicia.
 
Se licenció en Ciencias Jurídicas en la Facultad de Jurisprudencia de El Salvador; se doctoró en derecho por la Universidad Complutense de Madrid y es magister en Derechos Humanos de esa misma universidad. Además, cursó estudios sobre Derechos Humanos y Derecho Humanitario en Francia, Estados Unidos, Costa Rica y España. También fue relator para las personas privadas de libertad en las Américas y miembro de la Asamblea General del Instituto Interamericano de Derechos Humanos.
 


Apostamos a la movilización colectiva.
 
Es mucho lo que está en juego.
 
Ponemos en conocimiento de todas y de todos los ex presos políticos que  el día jueves 7 de agosto enviamos una nota por medios electrónicos a todos los parlamentarios del Frente Amplio expresándoles nuestra preocupación por los escasos avances que se han concretado hasta el momento para consensuar un proyecto de ley de reparación integral para todas las víctimas del Terrorismo de Estado.
 
Asimismo expresamos que nos preocupa especialmente el hecho de que puedan vencerse los plazos legales que permitan que un proyecto de esta naturaleza sea aprobado en la presente legislatura.
 
Reafirmamos que tal como lo resolvió la  asamblea nacional de ex presas y de ex presos políticos reunida el pasado domingo 27 de julio, una ley de reparación integral debe subsanar positiva e íntegramente las carencias, omisiones e insuficiencias de la ley jubilatoria 18 033 que nuestra organización  ha señalado reiteradamente.
 
Las mismas  han sido puestas en conocimiento de las comisiones parlamentarias involucradas y de todos los parlamentarios oportunamente.
 
La resolución positiva de las carencias, omisiones e insuficiencias de la ley 18 033  no puede estar ausente en una ley de reparación integral que debe abordar toda la problemática implicada.
 
En las actuales condiciones, las ex presas y los ex presos políticos que militan orgánicamente en los partidos políticos que integran la fuerza política y que están consustanciados con los planteos de nuestra organización, tienen un enorme papel a desarrollar para contribuir a destrabar positivamente esta situación.
 
Deben realizar los mayores esfuerzos para explicar la necesidad, oportunidad y conveniencia de acceder a los planteos de Crysol para avanzar en el camino de la justicia y de la profundización democrática.
 
La exitosa realización de la marcha callejera prevista para el jueves 21 de agosto a partir de las 19 horas desde la Plaza Libertad hasta el Palacio Legislativo puede desempeñar un papel sumamente importante.
 
Llamamos a todas y a todos los ex presos políticos, a los familiares, a los hijos y descendientes a participar en dicha marcha y a contribuir por todos los medios a su alcance a su masiva y pública convocatoria.
 
Por la anulación de la Ley de Caducidad.
 
Por una Ley 18 033 sin exclusiones.
 
Por una Ley de Reparación Integral
 
para todas las víctimas del Terrorismo de Estado
 
 


Crysol
 

Más de 800 ex presos políticos  desbordaron completamente las instalaciones del Centro de Viajantes y Vendedores de Plaza para participar en la Asamblea Nacional convocada por Crysol.
 
Asistieron delegaciones numerosas de todos los departamentos  y ciudades del país: Bella Unión, Artigas, Rivera, Cerro Largo, Paysandú, Melo, Treinta y Tres, Durazno, Colonia, etc. Impresionante.
 
También asistieron  e hicieron uso de la palabra Zelmar Michelini (hijo), Presidente de "Donde Están?" de Francia, el Dr. Oscar López Goldaracena y el cro. Erardo Velázquez de la Comisión por el Reencuentro de los Uruguayos.
 
La Asamblea Nacional  fue convocada por Crysol a los efectos de aprobar un plan de movilizaciones que permita anular la ley de caducidad y lograr la aprobación de una ley de Reparación Integral para todas las víctimas del Terrorismo de Estado.
 
A continuación transcribimos el Mensaje de Apertura de dicha asamblea que fuera pronunciado por la compañera Rosario Peguito a nombre de la Comisión Directiva de Crysol.
 
También transcribimos la Resolución aprobada por unanimidad y adjuntamos fotos de la asamblea.
 
Mensaje  de apertura de la  Asamblea Nacional
 
 
Compañeras y Compañeros:
 
Muchas gracias a todas y a todos por haber concurrido a esta nueva asamblea nacional que tiene un único y gran propósito: discutir colectivamente y aprobar un plan de movilizaciones que nos involucre a todos y que nos permita afianzar y reforzar la campaña de recolección de firmas para anular la ley de caducidad y aprobar a corto plazo una ley de reparación integral que ampare y contemple sin exclusiones a todas las víctimas del terrorismo de estado.
 
Desde el 1º de marzo del 2005 los avances en materia de derechos humanos fueron  notorios y se logró llevar a cabo lo que durante décadas de cultura de la impunidad se señaló como algo imposible so riesgo del volver al autoritarismo.
 
Apreciamos el  esfuerzo desplegado para encontrar los restos de nuestros compañeros detenidos-desaparecidos ingresando a los cuarteles.
 
Valoramos la interpretación que el Poder Ejecutivo realizó de la ley de Caducidad en el sentido de que la misma no contempla a los mandos represivos.
 
Valoramos altamente el significado profundo que tiene para la vitalidad y la esperanza republicana que algunos de los principales responsables de la destrucción institucional y de las graves violaciones a los derechos humanos hayan sido juzgados y condenados con todas las garantías del debido proceso que miles de uruguayos no tuvieron.
 
En todos estos últimos años se ha avanzado.  Pero para continuar avanzando hacia un Uruguay justo y democrático hacen falta concretar dos grandes desafíos ineludibles: anular la ley de caducidad y aprobar una ley de reparación integral que contemple a todas las víctimas del Terrorismo de Estado y que efectivice todos los principios básicos y esenciales  de ella: la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y las garantías de no repetición y prevención.
 
La maldita caducidad.
 
La ley de caducidad promovida por el Partido Colorado y sectores del Partido Nacional en diciembre del año 1986, es una ley contradictoria e incompatible con una sociedad democrática y con un auténtico estado de derecho.
 
En tanto ella siga vigente, nuestra sociedad no será auténticamente democrática, seguirá teniendo espinas envenenadas de autoritarismo y de visiones propias de la Doctrina de la Seguridad Nacional en su sistema jurídico.
 
No es admisible en una sociedad democrática que delitos considerados de lesa humanidad, graves e imprescriptibles sean amnistiados aunque el Poder Judicial de otras épocas, viciado y contaminado de complacencia con los poderosos de siempre, haya dictaminado su constitucionalidad.
 
Al igual que la mayoría del pueblo uruguayo, las ex presas y los ex presos queremos un Uruguay auténticamente democrático y por ello nos hemos pronunciado desde el año 2004 a favor de su anulación y bregamos por la conformación de la Coordinadora Nacional por la Nulidad de la ley de Caducidad y hemos participado activamente en la campaña de recolección de firmas para que ella sea anulada.
 
Queremos juntar las firmas  necesarias para convocar un plebiscito a la mayor brevedad. Queremos que la ley que limita el accionar del Poder Judicial y que amnistía a los violadores, a los torturadores, a los asesinos y secuestradores, sea anulada por medio de la participación masiva del conjunto de la ciudadanía, de esa misma ciudadanía que en otros momentos, en otra situación, la refrendó en las urnas.
 
Será un enorme desafío para el conjunto de los sectores populares que quieren seguir avanzando en el camino de la democratización de la sociedad uruguaya y ésta es sin dudas la madre de las grandes reformas del estado uruguayo: anular la ley de caducidad.
 
En este sentido compañeras y compañeros nos preocupa enormemente la falta de comprensión y de compromiso en torno a este tema de sectores importantes de los partidos de izquierda en nuestro país.
 
Llamamos a todas y a todos los ex presos políticos a respaldar a Crysol y sus planteos, convocamos a militar  a favor de la nulidad de la ley en todos los ámbitos donde desarrollen su militancia política, gremial, cultural o social.
 
Una imprescindible Ley de Reparación Integral para todas las víctimas.
 
Los estados, todos los estados tienen la obligación de respetar los derechos y las libertades de  todos los ciudadanos sujetos a su jurisdicción. Tienen además, no sólo la obligación de respetar, sino de garantizar el pleno ejercicio de ellos a todas las personas sin ninguna clase de excepción tal como lo señala la declaración Universal de los Derechos del Hombre, que en diciembre cumple 60 años de su proclamación.
 
Cuando los estados no cumplen con esta obligación, los estados tienen el deber de reparar de manera integral las violaciones  que se produzcan a dichos derechos tal como lo estipula la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas.
 
En Uruguay, las violaciones a los derechos humanos fueron organizadas de manera sistemática por parte del Estado, por sus órganos, sus poderes, sus instituciones y sus funcionarios civiles y militares. Por lo mismo, es lógico afirmar que es el Estado como tal quien tiene el deber de reparar de manera integral las violaciones cometidas por sus órganos, instituciones y funcionarios durante el largo y doloroso período del Terrorismo de Estado tanto dentro de las fronteras nacionales como las que se cometieron fuera de ellas en el marco del denominado Plan Cóndor.
 
A veintitrés años del retorno a la vida institucional, el Estado uruguayo aún no ha cumplido en este sentido con sus obligaciones jurídicas, políticas y éticas cabalmente tal como lo establece la normativa internacional que Uruguay ha ratificado y que, incluso, la ley 18 026 aprobada por unanimidad durante la actual legislatura consagra.
 
La barbarie del Terrorismo de Estado .
 
Creemos necesario también dejar muy claro algunos aspectos que consideramos importantes cuando se trata de avanzar en el camino de superar el pasado reciente y de avanzar hacia el Nunca Más terrorismo de Estado.
 
El Golpe de Estado dirigido por Juan María Bordaberry y los políticos contestes a él  se llevó a cabo en un momento histórico del Uruguay en que cuarteles y dependencias policiales eran bautizadas diariamente con la sangre de cientos de ciudadanas y ciudadanos torturados  y eran inauguradas cárceles de máxima seguridad para los miles de Presas y Presos políticos  procesados ya  por la justicia militar. 
 
El Golpe de Estado con la activa participación de las Fuerzas Armadas y de los sectores más reaccionarios de los partidos tradicionales fue la respuesta institucional de la clase dominante, aliada  del imperialismo norteamericano, para frenar el proceso de acumulación de fuerzas de los trabajadores y de los sectores populares.
 
La Violencia de Estado fue desde siempre el método de los poderosos de turno para reprimir y acallar todos los intentos de cambio en el país siendo especialmente dirigida contra los trabajadores, los estudiantes y sus expresiones organizativas. A partir del  13 de junio de 1968 en que se implantaron en forma sistemática y permanente las Medidas Prontas de Seguridad durante el gobierno de Jorge Pacheco Areco  la violencia se incrementó reprimiendo salvajemente a todos los sectores populares organizados tanto política como gremial y socialmente. 
 
La Violencia de Estado  a través  del Ministerio del Interior, gestó y  organizó el Escuadrón de la Muerte, organización paramilitar que secuestró, desapareció y asesinó a jóvenes  militantes políticos intentando amedrentar a los militantes sindicales, estudiantiles, sociales y políticos.
 
Luego de la disolución del  Parlamento del 27 de junio de 1973   se inició  una nueva fase represiva en la vida del país,  un escalón más elevado en el ejercicio de una violencia sistemática, masiva y generalizada contra el conjunto de la población que todos conocemos como el período del Terrorismo de Estado.
 
Las Fuerzas Armadas y sus cómplices civiles a nivel social y político han pretendido y siguen pretendiendo, una y otra vez,  dar “vuelta la página”. Pretenden justificar sus responsabilidades en las gravísimas violaciones a los derechos humanos perpetradas desde y con el aval del estado para garantizar la impunidad.  
 
A más de 23 años del retorno a la vida institucional sigue siendo necesario establecer la verdad de lo ocurrido, la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Esta es a nuestro entender, la verdad histórica a la cual no renunciamos y que reafirmamos como colectivo.
 
La necesaria movilización colectiva.
 
Los resultados se obtienen con la movilización, incluso ganando las calles en forma sistemática y con una visión de mediano alcance en su proyección. No alcanza con tener reivindicaciones justas desde el punto de vista político, jurídico y ético si ellas no se refrendan con acciones callejeras con centenares de militantes participando en ellas.
 
En la propuesta de resolución que todos Uds. tienen hay una propuesta de movilización para los próximos meses que esperamos sea enriquecida con el debate colectivo, teniendo en cuenta que contamos con muy pocos meses para concretar nuestros anhelos con respecto a la ley de reparación integral.
 
Y a eso compañeras y compañeros es que convocamos a todas y a todos.
 
Muchas gracias.
 
                                                   Resolución
 
La asamblea nacional de ex presas y de ex presos políticos convocada por Crysol y reunida en el Centro de Viajantes y Vendedores de Plaza en la Ciudad de Montevideo, el día domingo 27 de julio de 2008, resuelve:
 
1)         Ratificar que la Ley de Caducidad de la pretensión punitiva del Estado (Ley de Impunidad) es incompatible con un auténtico estado democrático y que bregar a todos los niveles por su anulación mediante un plebiscito nacional es un imperativo político y ético de todo el colectivo y de cada uno de los ex presos políticos.
 
2)         Ratificar que la aprobación de una Ley de Reparación Integral que contemple y ampare a todas las víctimas del Terrorismo de Estado en concordancia con las normas internacionales de Derechos Humanos, en especial la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas y de la Ley 18 026 de Setiembre de 2006 es un paso insoslayable e imprescindible en el camino de avanzar seria y comprometidamente en el camino de Nunca Más Terrorismo de Estado.
 
3)         Manifestar su pleno y total apoyo al proyecto de ley de Reparación Integral presentado por Crysol  junto con el Dr. Oscar López Goldaracena al gobierno, al Parlamento y a los partidos políticos.
 
4)         Declarar que subsanar íntegramente las carencias, omisiones e insuficiencias de la ley 18 033 que Crysol ha señalado reiteradamente, en el marco de la aprobación de una Ley de Reparación Integral, es imprescindible para lograr una auténtica justicia a nivel previsional.
 
5)         Encomendar a Crysol y a sus organismos correspondientes a que contacten a la mayor brevedad a todas las fuerzas sociales, de DDHH y políticas del país para que se comprometan activamente en la recolección de firmas para convocar un plebiscito destinado a anular la ley de impunidad.
 
6)         Encomendar a Crysol la organización e implementación de un plan de movilización que incluya:
 
a)      realización de Mesas Redondas con el propósito de difundir la normativa de DDHH y las obligaciones de los Estados para con las víctimas del Terrorismo de Estado.
 
b)      organización de manifestaciones callejeras y concentraciones ante el Parlamento para manifestar públicamente nuestro respaldo al proyecto de Ley de Reparación Integral con el siguiente calendario:
 
*    20 de agosto
 
*    24 de setiembre
 
*    22 de octubre
 
c)      colocación de pasacalles y pintada de murales en toda la ciudad.
 
d)      contactar a los organismos internacionales de Derechos Humanos para promover su apoyo directo al proyecto de Ley de Reparación Integral.
 
e)      Realizar campañas publicitarias en los medios de comunicación
 
7)         Convocar a todas y a todos los ex presos políticos, a los familiares y descendientes en todo el país a movilizarse activamente junto a Crysol y exhortarlos a contribuir activamente al fortalecimiento de la organización en todos los planos.
 


Crysol
Lorenzo Carnelli 1294. Telefax: 418 3017
Montevideo.Uruguay
 
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Para mirar el futuro con esperanza. 
Verdad, Justicia y reparación integral  
El próximo viernes 27 de junio se cumplen 35 años de la disolución del Parlamento y el inicio de la histórica huelga general con que los trabajadores y el pueblo uruguayo enfrentaron el golpe de estado. 
El Golpe de Estado dirigido por Juan María Bordaberry y los políticos contestes a él  se llevó a cabo en un momento histórico del Uruguay en que cuarteles y dependencias policiales eran bautizadas diariamente con la sangre de cientos de ciudadanas y ciudadanos torturados  y eran inauguradas cárceles de máxima seguridad para los miles de Presas y Presos políticos  procesados ya  por la justicia militar. 
El Golpe de Estado con la activa participación de las Fuerzas Armadas y de los sectores más reaccionarios de los partidos tradicionales fue la respuesta institucional de la clase dominante, aliada y lacaya  del imperialismo norteamericano, para frenar el proceso de acumulación de fuerzas de los trabajadores y de los sectores populares. Fue la estrategia para, a sangre y fuego, imponer un nuevo orden político y económico  que facilitó la consolidación de un modelo  económico-financiero al servicio del capital internacional y de la cual venimos sufriendo las gravísimas consecuencias. 
La Violenciade Estado expresada en diversas formas y con diferentes intensidades fue empleada por los sectores más poderosos del Uruguay durante el siglo XIX y el mismo siglo XX para dificultar, frenar e impedir la organización de los trabajadores y el surgimiento de los sindicatos. Fue empleada muchísimas veces a lo largo de todo el siglo XX para enfrentar las huelgas y los conflictos obreros, para reprimir sus manifestaciones y la difusión de sus aspiraciones y reclamos en Montevideo pero también en el interior del país. 
La Violencia de Estado fue desde siempre el método de los poderosos de turno para reprimir y acallar todos los intentos de cambio en el país siendo especialmente dirigida contra los trabajadores, los estudiantes y sus expresiones organizativas. A partir del  13 de junio de 1968 en que se implantaron en forma sistemática y permanente las Medidas Prontas de Seguridad durante el gobierno de Jorge Pacheco Areco  la violencia se incrementó reprimiendo salvajemente a todos los sectores populares organizados tanto política como gremial y socialmente. 
Líber Arce, Susana Pintos, Hugo de los Santos, Julio Spósito y Heber Nieto militantes estudiantiles, fueron asesinados mientras manifestaban haciendo uso de sus legítimos derechos civiles y políticos durante el pachecato.  Los miles de trabajadores reprimidos y militarizados en ese período fueron víctimas de la violencia destinada a frenar el proceso de unidad y de organización de los trabajadores y de los sectores populares. 
La Violencia de Estado  a través  del Ministerio del Interior, gestó y  organizó el Escuadrón de la Muerte, organización paramilitar que secuestró, desapareció y asesinó a jóvenes  militantes políticos. Perpetró decenas de atentados con explosivos en los locales sindicales, de los medios de prensa y de los partidos de la oposición al tiempo que intentó amedrentar a los militantes sindicales, estudiantiles y sociales.
Luego de la disolución del  Parlamento del 27 de junio de 1973   se inició  una nueva fase represiva en la vida del país,  un escalón más elevado en el ejercicio de una violencia sistemática, masiva y generalizada contra el conjunto de la población. 
El Terrorismo de Estado  prohibió la actividad política y sindical, ilegalizó la CNT, la FEUU y la mayoría de los partidos de izquierda, clausuró los medios de comunicación opositores, acabó con la libertad de prensa e inició una etapa histórica represiva que llevó al Uruguay a ser el país del mundo con la mayor cantidad de presos políticos en relación a su población. Un uruguayo de cada cinco fue detenido e interrogado. Centenares de uruguayos fueron desaparecidos y asesinados dentro y fuera de las fronteras nacionales en el marco del Plan Cóndor y más de 30 fueran asesinados en la tortura. 
Las Fuerzas Armadas y sus cómplices civiles a nivel social y político han pretendido y siguen pretendiendo, una y otra vez,  dar “vuelta la página”,  ocultar sus responsabilidades en las gravísimas violaciones a los derechos humanos perpetradas desde y con el aval del estado.  
A más de 23 años del retorno a la vida institucional sigue siendo necesario establecer la verdad de lo ocurrido, la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Anular la ley de caducidad permitirá que la justicia pueda actuar sin cortapisas para esclarecer todas las violaciones a los derechos humanos, identificar a sus instigadores, a los autores intelectuales y materiales de ellas y llevar a cabo los juicios que correspondan de acuerdo a las leyes vigentes. 
Verdad y justicia siguen siendo una necesidad histórica para afirmar la institucionalidad democrática y profundizarla con el horizonte de un Uruguay auténticamente democrático, solidario y justo. 
En ese mismo sentido, aprobar una ley de Reparación Integral para todas las víctimas del Terrorismo de Estado que contemple a los familiares de los detenidos desaparecidos, a los asesinados, a los presos políticos, a los familiares de ellos, a los niños nacidos en cautiverio, a los exiliados, a los clandestinos, a los despedidos por las patronales reaccionarias y al conjunto de la sociedad es imprescindible para que realmente haya Justicia. 
El Estado uruguayo, como lo establece la normativa internacional y nacional, debe asumir su responsabilidad por el terrorismo desplegado por sus poderes ilegítimos y sus institutos armados. El Estado uruguayo debe pedir disculpas públicas y formales a todas las víctimas y a toda la sociedad y cumplir con las obligaciones jurídicas, políticas y éticas que correspondan. 
Este es el único y auténtico camino para que Nunca Más haya Terrorismo de Estado. 
Convocamos a todas y a todos los ex presos políticos, a los familiares y a los descendientes a mantener, aumentar e intensificar la movilización por estos objetivos imprescindibles. Llamamos a todas las fuerzas políticas auténticamente democráticas y a todos los representantes de la ciudadanía  a actuar con esta orientación.


Crysol
asociación de ex pres@spolític@s del uruguay
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Informamos  que el día de ayer, viernes 20 de junio de  2008, falleció el Compañero
Daniel López (el peludo),  en Montevideo a la edad de 67 años.
 
Daniel López permaneció recluido   7  años  en el Penal de Libertad durante el período del Terrorismo de Estado.
El colectivo de Crysol rinde homenaje a este auténtico protagonista de la lucha del pueblo uruguayo y hace llegar sus sinceras condolencias a sus familiares,  a sus  compañer@s y amigos.
 
Comisión Directiva
Crysol
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para familiares de víctimas de la dictadura

 
DD.HH.: Amnistía espera por indemnizaciones
Amnistía Internacional reclamó, en su informe anual, indemnizar a los familiares de las víctimas de abusos contra los derechos humanos ocurridos durante la dictadura militar, entre 1973 y 1985.


El informe 2008 de Amnistía Internacional, que coincide con el 60 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, abarca 150 países.

En el capitulo de Uruguay hace hincapié en el impedimento que tiene la Justicia para abrir procedimientos judiciales contra miembros de las fuerzas de seguridad por los actos cometidos durante la dictadura.

En este mismo sentido señala el procesamiento de Juan Maria Bordaberry, como coautor de 10 homicidios, y Gregorio Álvarez, acusado de coautor de la desaparición forzada de 30 personas. Además marca la exclusión de la aplicación de la ley de Caducidad de 19 nuevos casos. Con esto el gobierno actual excluyó de la ley de Caducidad a 47 casos, victimas de violación de derechos humanos.

Por otro lado, el informe comunica el problema con la cantidad de personas encarceladas. "Siguió manteniéndose encarceladas a personas durante años en espera de que se dictara sentencia", expresa el documento de Amnistía Internacional.

Amnistia Internacional resalta la aprobación de un plan nacional para promover los derechos de la mujer. En cambio lamenta que las autoridades nacionales no instrumentaron un plan nacional de acción que fomente los derechos de los menores.

En el ítem referido a salud trata el tema de la ley de Salud Sexual y reproductiva. La Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley por el que se prevé la despenalización del aborto practicado en determinadas circunstancias durante las 12 primeras semanas de gestación. Actualmente el proyecto de ley está en espera de aprobación por parte de la Cámara de Diputados.


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Beneficio a crysol
 
Carné del MSP para ex presos
Miércoles 4 de junio de 2008
 
 
Los ex presos políticos amparados por la Ley 18.033 aprobada a fines de 2006, que reestableció sus derechos jubilatorios, sus hijos y nietos que no tengan cobertura de salud podrán obtener un carné de asistencia gratuita para atenderse en dependencias del Ministerio de Salud Pública (MSP).


Así lo estableció un decreto firmado el lunes por el presidente de la República, Tabaré Vázquez en acuerdo con todo el gabinete ministerial. El beneficio abarca a los detenidos que por razones políticas o gremiales fueron encarcelados a partir del 9 de febrero de 1973 y hasta el 28 de febrero de 1985, según lo estableció la ley.

Carmen Vernier, integrante de la Comisión de Salud de la organización Crysol, que nuclea a los ex presos políticos uruguayos, consultada por Ultimas Noticias destacó que el decreto del Poder Ejecutivo es “un paso muy importante” hacia la reparación integral de todas las víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura.

“Estamos muy conformes”, destacó la dirigente, quien estimó, más allá de ser una resolución muy reciente, que desde ahora entre 2.500 y 3.000 ex detenidos políticos sin cobertura de salud así como su familia comenzarán a atenderse en forma gratuita en los servicios que brinda el MSP.

“La salud es una parte fundamental de nuestras reivindicaciones porque semanalmente tenemos compañeros que fallecen sin poder acceder a los servicios médicos necesarios, y eso es realmente muy triste. Nosotros hicimos este planteo al Ministerio en diciembre de 2007 para que este beneficio se alcanzara antes que los demás”, dijo Vernier.

La ley de reparación integral de ex presos políticos está comenzando a ser estudiada en el Parlamento. El proyecto prevé como límite para percibir la pensión entre el 13 de junio de 1968 y el 1° de marzo de 1985. Además, brinda atención psicológica y asesoramiento jurídico para las víctimas del terrorismo de Estado.


Crysol
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Falleció Lelia Cosito de Caritat con 93 años,
abogada de presas y presos políticos durante la dictadura.
El velatorio es en Forestier Pose, Nueva Palmira y Cufré,
 miércoles 4 de junio de 14 a 16 hs.
Sepelio Cementerio del Buceo
 
Rendimos homenaje a Lelia
que con valentía y coraje luchó por la libertad, la democracia y la justicia social.
 
 
Comisión Directiva
 



Crysol
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LA COORDINADORA NACIONAL POR LA NULIDAD DE LA LEY DE CADUCIDAD
A LA OPINION PUBLICA A 35 AÑOS DEL GOLPE DE ESTADO.
 
1)        El próximo 27 de junio nuestro país recuerda con dolor los 35 años del golpe dictatorial que impuso un régimen de terrorismo de Estado, avasallando las libertades públicas con una represión sistemática que penetró profundamente en nuestra sociedad.
 
2)        Las violaciones a los derechos humanos continuaron y se profundizaron durante más de una década. Todavía en el año 1984 las fuerzas represivas asesinaron por torturas al Dr. Wladimir Roslik. 
 
3)        La acción terrorista del Estado se dirigió contra la sociedad en su conjunto, mediante el secuestro, la tortura, la violación, el asesinato y la desaparición de personas, incluso de mujeres embarazadas y el secuestro de niños.
 
4)        Las consecuencias de estas acciones se prolongan hasta hoy con la mentira, el silencio y la impunidad sobre dichos crímenes, que consagró la ley de caducidad .
 
5)        En los últimos años han habido avances hacia la verdad y la justicia, aunque cientos de uruguayos siguen desaparecidos y los responsables continúan ocultando su paradero. Hay algunos criminales presos pero la ley de impunidad continúa bloqueando la acción independiente del poder judicial.
 
6)        Muchas veces se ha predicado sobre no tener ojos en la nuca, mirar al futuro, alcanzar un punto final  en las investigaciones, renunciar a la justicia, para llegar a la reconciliación de los uruguayos. Sin embargo estas heridas no se cierran mientras la verdad continúe secuestrada y  la justicia no pueda actuar independientemente. El olvido sólo beneficia a quienes no creen en la democracia.
 
7)        Reiteradas veces se ha pretendido presentar  los hechos históricos como el enfrentamiento entre dos demonios, militares y guerrilleros, ocultando que la acción represiva del Estado se extendió a todas las formas de convivencia social, a la educación, la cultura, la prensa, los partidos políticos, las organizaciones sindicales,  sociales y estudiantiles y las instituciones democráticas.
 
8)        No se trata ni se trató nunca de conflictos entre particulares sino de la responsabilidad del Estado que debe asumirse de una vez por todas, respecto a la imposición del Terrorismo de Estado. Desde Nuremberg en adelante  ha quedado claro que los crímenes de Lesa Humanidad y el Terrorismo de Estado no son asimilables a ningún otro tipo de delito.
 
9)        Por estas razones rechazamos toda convocatoria que pretenda igualar víctimas y victimarios, represores y reprimidos, en una versión trivial de la historia, que elude las responsabilidades del Estado y sus instituciones, en primer lugar sus Fuerzas Armadas. Es un hecho grave que estas instituciones continúen reivindicando su actuación  y nieguen el horror de los crímenes cometidos.
 
10)     Por lo tanto  la Coordinadora Nacional por la Nulidad de la de Caducidad  no adhiere, no convoca, ni estará presente el próximo  19 de junio  en la actividad a realizarse en  la plaza independencia.
 
11)     El 27 de junio marca hoy el aniversario de la huelga general contra la dictadura, y con ese símbolo estamos rescatando la memoria de un pueblo que enfrentó el autoritarismo.
 
12)     Convocamos a construir el “Nunca más al Terrorismo de Estado”, reestableciendo la independencia del Poder Judicial, anulando la Ley de Caducidad. Sumando fuerzas para juntar las firmas que aseguren el pronunciamiento ciudadano, estamos hoy forjando el futuro democrático.
 
 
 
 
                                       Montevideo, 16 de junio de 2008


Crysol
asociación de ex pres@spolític@s del uruguay
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